Durante el allanamiento, los agentes localizaron porciones de marihuana y de metanfetamina, además de dinero en efectivo cuyo monto no fue detallado por las autoridades. También se incautó una balanza, presuntamente utilizada para fraccionar la droga, y dos teléfonos celulares que quedaron bajo resguardo policial como parte de las diligencias de investigación. El apoyo de la Unidad Canina, especializada en la detección de estupefacientes, resultó clave para ubicar las porciones dentro de la vivienda, de acuerdo con el reporte policial.
El operativo se concentró en un inmueble dentro de la hacienda Cuyagualo, una zona rural del distrito de Colón que integra la jurisdicción de La Libertad Oeste, uno de los sectores donde la División Antinarcóticos mantiene labores permanentes de vigilancia contra el microtráfico y el trasiego de sustancias controladas.
La orden de prevención de allanamiento con la que actuó la PNC es un instrumento procesal que permite a la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía, ingresar a un inmueble para verificar la existencia de indicios de un delito y recolectar evidencia, sin que ello implique, por sí mismo, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los ocupantes.
El delito de tráfico ilícito está tipificado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, que sanciona la posesión, transporte, distribución o comercialización de sustancias estupefacientes sin la autorización correspondiente. La pena prevista varía según la cantidad y el tipo de droga incautada, así como de las circunstancias agravantes que puedan concurrir en el caso.
Ruta procesal del imputado
Landaverde Sermeño permanece bajo custodia policial mientras se completan las diligencias iniciales, previas a su remisión a sede judicial. De acuerdo con el procedimiento penal salvadoreño, corresponderá a un juzgado de paz de la jurisdicción de Colón realizar la audiencia inicial, en la que se determinará si existen elementos suficientes para decretar instrucción formal y, en su caso, resolver sobre la aplicación de una medida cautelar, como la detención provisional. De prosperar la instrucción, el expediente pasaría a un tribunal de sentencia para su juzgamiento definitivo.
Hasta el momento, ni la FGR ni la defensa del detenido se han pronunciado públicamente sobre los hechos. El expediente se encuentra en fase de investigación inicial, por lo que Landaverde Sermeño mantiene la condición de imputado y goza de la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme en su contra, garantía consagrada en la Constitución de la República.
Operativos de esta naturaleza se enmarcan en las labores de la División Antinarcóticos de la PNC, que en los últimos años ha reportado de forma recurrente allanamientos en zonas rurales de los departamentos de La Libertad, San Salvador y Sonsonate, señaladas históricamente como puntos de tránsito de droga hacia el interior del país o hacia rutas de exportación regional.
El caso se registra bajo la vigencia del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 y prorrogado de forma continua desde entonces, que ha ampliado las facultades de captura y allanamiento de las fuerzas de seguridad. No obstante, el delito de tráfico ilícito se procesa bajo el régimen penal ordinario y no bajo las disposiciones excepcionales aplicadas a estructuras de pandillas.
El combate al narcotráfico ha ocupado a las autoridades salvadoreñas desde antes de la actual política de seguridad. La creación de la propia División Antinarcóticos, tras la fundación de la PNC en 1992 en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, respondió a la necesidad de dotar al país de un cuerpo especializado frente al trasiego de drogas por el corredor centroamericano, ruta de tránsito entre los países productores del sur y el mercado de EE.UU.
La causa seguirá su curso en los tribunales de la jurisdicción de Colón, donde la Fiscalía deberá presentar en la audiencia inicial los elementos de prueba recabados durante el allanamiento —incluidas la droga, el dinero y los dispositivos incautados— para sustentar la acusación formal.
