Riquelme Solís detalló que el operativo se activó a partir de diversos reportes ciudadanos sobre hombres armados en la tienda ubicada al norte de la ciudad. Las llamadas recibidas por el sistema 911 generaron una alerta que derivó en el despliegue de distintas corporaciones que arribaron al lugar y procedieron a las detenciones. El alcalde no reportó enfrentamientos ni personas heridas.
El munícipe no precisó la cantidad ni el tipo de armamento asegurado, dato que corresponderá detallar a la fiscalía estatal conforme avancen las diligencias. Tampoco especificó si entre lo asegurado hay vehículos o equipo táctico que aporte indicios sobre la naturaleza del grupo detenido.
Riquelme Solís también refirió la existencia de una carpeta de investigación relacionada con cohecho y violencia a corporaciones, aunque remitió a la fiscalía del Estado la responsabilidad de precisar los detalles. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Coahuila no ha emitido información propia sobre el operativo, la situación jurídica de los 18 detenidos ni el estatus procesal del empresario.
Qué sigue en el proceso penal
Conforme al sistema de justicia penal acusatorio vigente en México desde la reforma constitucional de 2008, los detenidos deben ser presentados ante un juez de control dentro de los plazos constitucionales. La Constitución fija un máximo de 48 horas de retención por el Ministerio Público antes de dejar al detenido a disposición judicial. En esa audiencia inicial se califica la legalidad de la detención y, de existir méritos, se resuelve la vinculación a proceso y las medidas cautelares; de lo contrario, procede la liberación.
Hasta ahora, ninguno de los 18 detenidos, incluido “El Güino”, ha sido vinculado a proceso por autoridad judicial. La detención y la puesta a disposición ante el Ministerio Público constituyen apenas la fase inicial de una posible causa penal; cualquier señalamiento sobre responsabilidad penal es prematuro mientras un juez no defina su situación jurídica. La presunción de inocencia que reconoce el artículo 20 constitucional ampara a toda persona sujeta a proceso.
El caso se inscribe en La Laguna, la zona conurbada que integra Torreón, en Coahuila, con Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, región que ha registrado episodios de violencia ligados a disputas entre grupos criminales durante la última década. En 2011, el ataque armado contra el estadio de futbol Corona durante un partido de Santos Laguna, que provocó una estampida de aficionados, quedó como uno de los episodios que marcaron la crisis de seguridad en la comarca lagunera, posteriormente atenuada con despliegues coordinados de corporaciones estatales y federales.
La mención de un empresario identificado públicamente como “El Güino” entre los detenidos añade un componente de interés para la región, dado que se trata de una figura conocida en el ámbito comercial lagunero. No existe, sin embargo, información oficial que precise su presunta vinculación con los hechos ni el motivo de su presencia en el lugar del operativo.
El silencio de la fiscalía sobre la carpeta por cohecho y violencia a corporaciones deja abiertas preguntas centrales: si hubo intento de soborno a elementos durante el operativo, si existieron agresiones contra las corporaciones desplegadas y si la intervención derivó de una investigación previa o fue exclusivamente reactiva a los reportes del viernes. La respuesta corresponde a la autoridad ministerial estatal.
La reacción institucional se ha limitado, por ahora, a las declaraciones del alcalde de Torreón, quien remitió a la fiscalía estatal cualquier detalle adicional. No se ha registrado un pronunciamiento del gobierno de Coahuila ni de autoridades federales de seguridad sobre este operativo específico.
El desenlace dependerá de las próximas horas, en las que el Ministerio Público deberá resolver si formula imputación contra alguno o todos los detenidos y en qué términos se desarrollaría la audiencia inicial ante el juez de control. Será en esa instancia donde se determine la vinculación a proceso de los 18 detenidos, entre ellos el empresario duranguense, o su liberación por falta de méritos.