El caso salió a la luz después de que varias víctimas denunciaran haber sido engañadas al comprar terminales anunciados como de alta gama a precios de entre 800 y 900 euros, según relató la Policía Nacional. Los compradores concertaban una cita con el vendedor, que les mostraba el dispositivo junto con una factura de compra que, en apariencia, certificaba su autenticidad.
Con esa documentación como aval, las víctimas abonaban el importe en efectivo y cerraban la operación. El desengaño llegaba después, cuando comprobaban que el teléfono adquirido no era el modelo original que se les había vendido, sino una réplica, y que la factura exhibida durante el encuentro era falsa.
La comprobación de que los documentos habían sido falsificados fue uno de los ejes de la investigación policial, que combinó el rastreo de los anuncios publicados en la plataforma de compraventa con el cruce de las denuncias presentadas por las víctimas en distintos puntos de la Comunidad Valenciana.
El trabajo de los agentes permitió vincular al mismo sospechoso con cuatro episodios similares registrados en Alicante y Castellón, lo que apunta a un patrón repetido: el mismo tipo de anuncio, el mismo rango de precios y el mismo mecanismo de la factura falsa para dar credibilidad a la venta antes de que el comprador descubriera el engaño.
La Policía Nacional cifra en más de 3.400 euros el importe total defraudado en el conjunto de los casos esclarecidos, una cantidad que resulta de sumar los pagos realizados por las distintas víctimas que confiaron en la autenticidad de los terminales y de la documentación aportada por el vendedor.
Localizado el sospechoso, los agentes procedieron a su detención en la propia ciudad de Alicante, donde también se habían producido varios de los hechos investigados. Todo lo actuado ha sido puesto a disposición de los juzgados de Alicante, según ha revelado la propia Policía Nacional, que atribuye al detenido una presunta participación en delitos de estafa y de falsedad documental. El joven permanece, por el momento, en la condición de investigado, a la espera de que la instrucción judicial determine su responsabilidad.
La estafa y la falsedad documental que se le imputan están tipificadas en los artículos 248 y siguientes y 390 y siguientes del Código Penal; la primera exige engaño bastante para producir error en otro, moviéndole a un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno, y admite penas de prisión que se agravan según la cuantía defraudada.
Los fraudes en plataformas de compraventa entre particulares son un foco recurrente para las fuerzas de seguridad, en una casuística que en otras provincias ha derivado también en detenciones, como el registrado recientemente en el aeropuerto de Castellón, donde fue detenido un joven de 29 años con 51 bolas de heroína en el cuerpo.
