El decreto, según lo expuesto por la propia Presidencia y por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, busca ampliar el catálogo de información pública disponible sobre el gobierno federal: contratos, datos de las filiales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, auditorías y resultados de fiscalización. La disposición se publicó en el Diario Oficial de la Federación y establece que los sujetos obligados deberán actualizar sus contratos de manera mensual.
López Rabadán situó el debate en un punto distinto: no tanto en el contenido del decreto, sino en las excepciones que permiten reservar información. En conferencia de prensa, la diputada panista sostuvo que la regla general debe ser la apertura y que la reserva —incluida la que se ampara en la seguridad nacional— tiene que ser la excepción, y una excepción acreditada. "La regla debe ser abrir la información, porque reservarla, sin lugar a dudas, debe ser una excepción y, por cierto, una excepción que esté fundada y totalmente justificada", señaló, e insistió en que ese principio debe aplicarse de manera particular cuando los datos solicitados resulten incómodos o desfavorables para las propias autoridades.
La legisladora planteó además la necesidad de "contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o reserva de información". El reclamo alude al esquema de revisión que rige el acceso a la información pública en el país, cuyo diseño institucional cambió tras la reforma constitucional aprobada a finales de 2024, que dispuso la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo y el traspaso de sus funciones a estructuras del Ejecutivo, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
López Rabadán vinculó el reclamo de transparencia con la agenda anticorrupción. "La opacidad y la falta de transparencia abren espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder", advirtió, y añadió que "cada peso utilizado pueda ser rastreado y sea conocido cómo, cuándo y en qué se gasta. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones y sin privilegios".
La diputada adelantó que la iniciativa que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión en esta materia será analizada en San Lázaro junto con otras propuestas ya presentadas por distintos grupos parlamentarios, con el objetivo declarado de precisar los conceptos que hoy permiten discrecionalidad en la clasificación de información y garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad. "Debemos asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca, con el pretexto de ser información de seguridad nacional, pues se niegue de forma automática esa información a los ciudadanos", concluyó.
El precedente de la reserva por seguridad nacional
El derecho de acceso a la información está reconocido en el artículo 6º de la Constitución, cuyo alcance se amplió con las reformas de 2007 y de 2014, esta última la que dotó de autonomía constitucional al entonces órgano garante nacional. Sobre ese marco, el uso de la seguridad nacional como criterio de reserva ha sido objeto de disputa recurrente en la vida institucional mexicana. Durante el sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, columnistas y organizaciones civiles documentaron el empleo de esa figura para clasificar como reservada información sobre obras del gobierno federal, decisiones que derivaron en impugnaciones ante el propio órgano garante y en litigios que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese debate, el periodista y columnista Mario Maldonado sostuvo que en el sexenio pasado la figura jurídica de "seguridad nacional" fue utilizada para dejar de proteger información que, argumentan sus críticos, resultaba incómoda para el poder en turno, independientemente del partido gobernante. Los cuestionamientos apuntan a que el riesgo no radica en el texto del decreto, sino en su aplicación práctica.
Por su parte, la Presidencia de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defendieron el decreto como un paso hacia una mayor disponibilidad de información pública, en particular sobre la operación de las empresas productivas del Estado y el ejercicio del gasto federal. La firma del decreto coincidió con la reorganización de la Oficina de la Presidencia, que suprimió la vocería e implementó una Unidad de Ayudantía, según lo informado en la propia conferencia matutina.
El siguiente paso del proceso legislativo será la llegada formal de la iniciativa presidencial al Congreso de la Unión, donde las comisiones competentes de ambas cámaras deberán conciliar el texto del Ejecutivo con las propuestas ya presentadas por los grupos parlamentarios. El resultado de esa discusión determinará qué tan estrictos serán los supuestos que permitan invocar la seguridad nacional para reservar información y qué órgano quedará encargado de revisar esas decisiones.