El documento fue elaborado por el equipo de De la Espriella a partir de información aportada por funcionarios que trabajaron en la anterior Administración, según la reconstrucción difundida por EFE. Recoge presuntas irregularidades detectadas en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud colombiano y diversas empresas y programas estatales.
«Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde», afirmó De la Espriella al consignar el documento a las autoridades. El mandatario añadió que «el país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre».
Con esta entrega, la iniciativa pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación, el organismo con competencia constitucional para investigar delitos en Colombia. Corresponderá a ese ente valorar si los 82 casos recopilados contienen elementos suficientes para abrir indagaciones formales y en qué fase se encuentra cada uno de ellos, algo que no se ha detallado. Por el momento, ningún exfuncionario del Gobierno de Petro figura como investigado o procesado a raíz de este documento concreto: el 'Libro de la Verdad' constituye, en la fase actual, un compendio de denuncias aportado por una de las partes, cuyo valor probatorio dependerá de la instrucción que eventualmente se abra.
Un marco constitucional que deja la decisión en la Fiscalía
El artículo 250 de la Constitución Política de 1991 atribuye a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos. La institución cuenta con autonomía para decidir si abre indagación preliminar, formula imputación o archiva las denuncias por falta de mérito, un proceso que en asuntos de esta envergadura puede prolongarse durante meses o años. La fiscal Camargo no ha fijado un calendario público para el análisis del dosier.
Varias de las entidades señaladas ya habían sido objeto de escrutinio antes de este episodio. La UNGRD, encargada de gestionar recursos para la atención de desastres naturales, fue investigada por presuntas irregularidades en contratos vinculados a La Guajira, un caso que derivó en procesos judiciales independientes ante la Fiscalía colombiana. El sistema de salud, también mencionado en el compendio, fue escenario de una intensa disputa política durante el mandato de Petro, que impulsó una reforma sanitaria generadora de fricciones con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y con sectores del Congreso.
Desde el entorno de Petro no se ha registrado hasta el momento una respuesta pública detallada al contenido específico del documento. El derecho de réplica de las personas eventualmente señaladas queda supeditado a que la Fiscalía las identifique formalmente en cada uno de los 82 casos, momento en que podrían ejercer su defensa dentro del procedimiento penal.
El precedente más notorio en la historia reciente colombiana es el caso Odebrecht, que salpicó a varias campañas presidenciales desde 2016 y cuya instrucción se prolongó durante años ante distintos despachos de la Fiscalía. La experiencia de aquellos escándalos ilustra la distancia habitual entre la presentación de denuncias o informes de origen político y la eventual apertura de causas con imputaciones concretas.
La entrega del documento se produce tras la llegada al poder de De la Espriella, cuyo Gobierno ha mantenido una postura crítica hacia la gestión de su predecesor. El mandatario anunció recientemente la detención de una persona señalada como cabecilla financiera de la principal disidencia de las FARC, operación que su Ejecutivo presentó como «un golpe contundente a las finanzas criminales».
A partir de ahora, el foco se traslada a la Fiscalía General, que deberá determinar qué casos del compendio reúnen indicios suficientes para avanzar en una investigación formal. Al no existir un plazo público para el análisis del documento, no hay fecha conocida sobre si alguno de los 82 casos derivará en imputaciones contra exfuncionarios del anterior Gobierno.
