La sentencia contra Zambada García cierra la fase de primera instancia de un proceso iniciado tras su detención en Estados Unidos en julio de 2024, un episodio que reabrió el debate sobre los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad, regulados por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos vigente desde 1980 y por acuerdos posteriores de asistencia jurídica mutua. El caso adquirió relevancia por haberse producido la captura en territorio estadounidense sin mediar un procedimiento de extradición formal desde México.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció tras conocerse la condena y pidió a los jóvenes mexicanos alejarse del crimen organizado, sin referirse directamente a las circunstancias de la detención. Su gobierno ha sostenido que la estrategia de seguridad prioriza la atención a las causas estructurales de la violencia, en continuidad con el enfoque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque con ajustes en la cooperación con Washington en materia de extradiciones e inteligencia compartida.
Tres décadas de capos procesados en cortes de EU
El caso de Zambada se inscribe en una serie de líderes de organizaciones criminales mexicanas procesados en Estados Unidos desde mediados de los años noventa. El primer precedente de peso fue el de Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo, detenido por autoridades mexicanas en Monterrey, Nuevo León, el 14 de enero de 1996 y extraditado poco después. Un tribunal estadounidense lo halló culpable de delitos contra la salud y lo condenó a once cadenas perpetuas, en uno de los primeros casos que marcó la disposición de Washington a juzgar en su territorio a capos mexicanos.
El caso más mediático de las últimas dos décadas ha sido el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien tras fugarse en dos ocasiones de centros penitenciarios mexicanos —el Penal de Puente Grande, en Jalisco, y el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano— fue recapturado el 8 de enero de 2015. Extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, fue condenado el 12 de febrero de 2019 por el juez Cogan —el mismo que ahora sentenció a Zambada— a cadena perpetua más 30 años como líder del Cártel de Sinaloa, con un decomiso equivalente a 12.600 millones de dólares. Según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Guzmán permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, desde donde ha remitido más de 15 cartas solicitando, entre otras cosas, su repatriación a México o la intervención de la presidenta Sheinbaum, peticiones que el gobierno mexicano no ha atendido públicamente.
Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, cofundador junto a sus hermanos Arturo, Carlos y Héctor del Cártel de los Beltrán Leyva, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de la República en Culiacán, Sinaloa, el 21 de enero de 2008. Extraditado el 15 de noviembre de 2014, se declaró culpable de tráfico de cocaína y metanfetamina el 23 de febrero de 2016 y fue condenado el 5 de abril de 2017 a cadena perpetua y a una multa superior a los 529 millones de dólares. Desde julio de 2022 también permanece en ADX Florence.
Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho —líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026—, fue detenido por crimen organizado el 23 de junio de 2015. Pese a que un juez mexicano ordenó en su momento su liberación, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020. La jueza Beryl Howell lo condenó a cadena perpetua más 30 años por posesión de armas de fuego y tráfico de drogas, y le ordenó pagar más de 6.000 millones de dólares por reparación de daños. A esa relación se suma Gerardo González Valencia, señalado como líder del Cártel de Los Cuinis, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en Punta del Este, Uruguay, el 21 de abril de 2016 y condenado el 21 de julio de 2023 a cadena perpetua por conspiración y tráfico de cocaína.
El marco jurídico y el litigio soberano
El patrón de estos casos responde a una estrategia sostenida de Washington para procesar en su propio territorio a las cúpulas del narcotráfico mexicano, apoyada en cargos de conspiración bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) y en la Ley de Sustancias Controladas, que permiten a la fiscalía estadounidense reclamar jurisdicción sobre delitos con efectos en su mercado de consumo. En el lado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado en distintos momentos la validez constitucional de la extradición de nacionales, siempre que se respeten las garantías del debido proceso previstas en el artículo 119 de la Constitución y en la Ley de Extradición Internacional.
La Fiscalía General de la República ha defendido que estas entregas responden a solicitudes formales tramitadas por la vía diplomática, si bien casos como el de Zambada —capturado fuera de un procedimiento de extradición— han generado cuestionamientos sobre detenciones al margen de ese marco. En el terreno político, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Alejandro Moreno, ha acusado presunta colusión entre estructuras de gobierno y el crimen organizado tras episodios de violencia, exigiendo medidas más contundentes al Ejecutivo federal. El gobierno de Sheinbaum ha rechazado esos señalamientos y ha insistido en que su estrategia se sostiene en la reducción de homicidios y en la coordinación con Estados Unidos bajo respeto a la soberanía.
Los homicidios dolosos han sido el indicador central de esa disputa política. Las cifras de incidencia delictiva difundidas por las autoridades federales han mostrado en años recientes una tendencia a la baja respecto al pico de 2018, considerado uno de los años más violentos de la historia reciente del país, si bien la tasa mexicana permanece entre las más altas de América Latina. Tanto el gobierno federal como la oposición han citado estos datos para respaldar lecturas contrapuestas sobre la eficacia del combate al narcotráfico.
La condena a Zambada abre además interrogantes sobre el futuro del Cártel de Sinaloa, que en los últimos dos años ha enfrentado una fractura interna entre las facciones vinculadas a los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos, y los operadores leales al liderazgo histórico de Zambada, disputa que ha derivado en episodios de violencia en el estado de Sinaloa documentados por autoridades estatales y federales desde septiembre de 2024.
De cara a los próximos meses, la defensa de Zambada dispone de la vía de apelación ante tribunales federales estadounidenses, un recurso que en casos previos como el de Guzmán Loera se prolongó durante años sin alterar la condena original. El gobierno mexicano no ha anunciado gestiones para solicitar su traslado a territorio nacional, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones paralelas sobre las estructuras financieras y operativas del Cártel de Sinaloa dentro del país.