La maquinaria destruida, según el comunicado oficial, pertenecía al grupo armado organizado residual Estructura Ariel Aldana, identificado también como Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano, brazo de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) que opera bajo las órdenes de Lesmes en Nariño. El Ejército señaló que la excavadora era empleada para la extracción ilícita de yacimientos mineros en una zona del Pacífico nariñense marcada por la presencia histórica de economías ilegales ligadas a grupos armados.
"La operación reduce una fuente de financiación de grupos armados ilegales y frena una actividad que viene generando daños sobre ríos, suelos y ecosistemas del Pacífico nariñense", señaló el Ejército Nacional en un comunicado.
La institución castrense sustentó el operativo no solo en términos de contención a las economías criminales sino también de protección de recursos naturales, y detalló el impacto ambiental que atribuye a este tipo de explotación en la región.
"La minería ilegal ocasiona profundas alteraciones en los cauces de los ríos, provoca la remoción indiscriminada de suelos, destruye la cobertura vegetal y afecta los hábitats de numerosas especies", indicó el Ejército, que agregó que el uso de sustancias contaminantes durante la extracción "puede comprometer la calidad del agua, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades".
El operativo se produce semanas después de que trascendiera una carta en la que Lesmes, señalado como uno de los jefes de la CNEB y antiguo negociador de esa disidencia con el gobierno anterior, pidió un diálogo de paz al presidente Abelardo De La Espriella. Según esa comunicación, divulgada en septiembre, el exjefe negociador insiste en que existe voluntad de la estructura para avanzar hacia la vida civil y retomar las conversaciones.
El contraste entre esa disposición al diálogo y la continuidad de operaciones militares contra las finanzas del grupo refleja la tensión que atraviesa la política de paz total frente a disidencias que mantienen economías ilegales activas, entre ellas la minería sin título ni licencia ambiental en zonas del Pacífico nariñense, uno de los corredores estratégicos para la salida de minerales.
Nariño concentra desde hace más de una década una disputa territorial entre estructuras armadas por el control de economías ilícitas, incluida la minería de oro de aluvión, señalada de manera reiterada como causante de contaminación por mercurio en afluentes del río Patía y otras cuencas del Pacífico sur. El Ejército no precisó en su comunicado si se registraron capturas o bajas durante la incursión en Magüí Payán.
El operativo se suma a los golpes militares contra las rentas de los grupos disidentes de las antiguas Farc, en momentos en que la mesa regional de gobernadores del Pacífico, que recientemente articuló un bloque para presentar proyectos al Gobierno nacional, insiste en la necesidad de inversión social como complemento a la presión militar en los territorios afectados por la minería ilegal.
