El anteproyecto plantea que cada estación de radio y televisión cuente con un código de ética y designe a un defensor de las audiencias, figura encargada de recibir y atender las inconformidades de radioescuchas y televidentes que consideren vulnerados sus derechos por los contenidos difundidos. El documento exige, además, que los concesionarios implementen procedimientos claros para la recepción y atención de quejas.
De acuerdo con el texto sometido a consulta, las personas afectadas tendrían un plazo de siete días para presentar su queja ante el defensor de las audiencias. Esa figura solicitaría información al concesionario y dispondría de hasta 20 días para emitir una determinación sobre el caso. Si el concesionario no atendiera las recomendaciones del defensor, o si el interesado no quedara conforme con la resolución, el asunto podría llegar a la propia CRT, que emitiría una recomendación conforme a las atribuciones previstas en la legislación vigente.
Entre las disposiciones que históricamente han generado debate figura la exigencia de que los concesionarios identifiquen de manera diferenciada la publicidad frente a los contenidos informativos y distingan las opiniones de los espacios noticiosos mediante recursos como cortinillas, plecas o mensajes en pantalla. Se trata de un punto que, según reconoció la propia CRT, ha enfrentado a autoridades, concesionarios y organizaciones vinculadas con la libertad de expresión.
Escuchar a audiencias, sector y academia
Solano Rodríguez explicó durante la presentación del proyecto que el objetivo del organismo es construir un instrumento con la participación de los distintos sectores involucrados. "Queremos escuchar a las audiencias y claro, al sector; también a los concesionarios, a la academia, a las organizaciones, porque es una propuesta que seguramente va a ser enriquecida con toda esta participación y por eso queremos que nos ayuden a difundirla", señaló la comisionada.
La funcionaria situó el anteproyecto en la ruta abierta por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, que reconoció los derechos de las audiencias, y por su posterior incorporación a la legislación secundaria del sector. "En realidad no ha habido un instrumento accionable que permita y habilite el ejercicio", sostuvo, al describir los lineamientos como "uno de los grandes logros de la nueva ley, resultado de un proceso de escucha deliberativo en el Senado de la República con los conversatorios", en los que, dijo, se recogieron las demandas e inquietudes que quedaron plasmadas en la legislación vigente.
La referencia remite al trámite legislativo que dio lugar a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, marco que sustituyó al modelo regulatorio previo a la reforma de 2013 y que reordenó las facultades de vigilancia del sector, antes en manos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones. La consulta se suma a otro ejercicio que la CRT ha promovido recientemente, orientado a la simplificación de trámites en telecomunicaciones y radiodifusión, dentro de su agenda de normativa secundaria.
Una figura con antecedentes conflictivos
La regulación de los derechos de las audiencias no es materia nueva ni pacífica en México. Tras la reforma de 2013, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió en 2016 lineamientos en la materia que fueron impugnados por concesionarios y organizaciones de la industria; en 2017, el Congreso de la Unión reformó la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para suspender su aplicación, en particular las obligaciones sobre la distinción entre información y opinión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino después sobre aspectos de esa reforma. El nuevo anteproyecto retoma, así, uno de los debates regulatorios más recurrentes del sector en la última década.
Los concesionarios de radio y televisión, la academia y las organizaciones civiles cuentan hasta el 21 de agosto para hacer llegar sus propuestas a través del portal habilitado por la CRT. El organismo no ha fijado, de acuerdo con lo informado, una fecha para la aprobación final ni para la publicación del instrumento.
Concluido el periodo de consulta, la CRT analizará las observaciones recibidas, integrará las modificaciones que considere procedentes y someterá la versión final de los lineamientos a la aprobación de su pleno, paso previo indispensable para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor como norma obligatoria para los concesionarios. El proceso quedará sujeto al ritmo de la revisión interna del organismo tras el cierre de la consulta, en un ejercicio que definirá el alcance real de derechos reconocidos en la ley desde hace más de una década, pero que —según reconoció la propia autoridad— no habían contado hasta ahora con mecanismos concretos para su ejercicio.