En un comunicado, la Coparmex, que preside Juan José Sierra Álvarez, señaló que permitir las llamadas "boletas planchadas" y eliminar mecanismos para verificar que servidores públicos no participen como observadores electorales son decisiones que no fortalecen la democracia. La confederación calificó ambas medidas como pasos que "reducen mecanismos de verificación y revisión relevantes para la certeza electoral".
El organismo fue explícito sobre el alcance de su preocupación. Consideró que las determinaciones del INE "reducen herramientas para verificar el cumplimiento de las reglas y detectar oportunamente situaciones que pueden generar dudas sobre la certeza y confiabilidad de una elección". Sostuvo también que los controles "son indispensables para verificar el cumplimiento de las reglas, identificar posibles irregularidades y atender cualquier duda mediante procedimientos claros y objetivos".
Para la Coparmex, la legitimidad de cualquier proceso electoral descansa sobre los principios que la Constitución establece para la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, este último incorporado con rango constitucional en la reforma electoral de 2014. El organismo sostuvo que esas garantías permiten que "cada etapa del proceso se desarrolle conforme a la ley, con transparencia y bajo condiciones que fortalezcan la confianza ciudadana".
Precampañas anticipadas, otro foco
La confederación también atendió los señalamientos de actos de precampaña realizados antes de los plazos legales por parte de algunos actores políticos rumbo a 2027. Pidió que exista "vigilancia de actos anticipados de precampaña y campaña que puedan contravenir la normatividad electoral y generar ventajas indebidas en la contienda", conductas que las autoridades electorales sancionan mediante los procedimientos especiales sancionadores previstos en la legislación vigente.
El eje del reclamo quedó condensado en una definición sobre el sentido de la fiscalización electoral.
"La certeza electoral no se construye eliminando controles, sino fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender oportunamente cualquier irregularidad", afirmó la Coparmex.
El comunicado añadió que "es necesario que las autoridades electorales actúen de manera oportuna ante cualquier incumplimiento y brinden certeza a la ciudadanía sobre la aplicación de las reglas", y subrayó que "la confianza en las instituciones se fortalece cuando existen mecanismos efectivos de vigilancia y capacidad para revisar y atender oportunamente aquello que pueda poner en duda la integridad de una elección".
La confederación insistió en que actúa como una organización "altamente política apartidista" que participa en la vida pública para defender la democracia, las libertades, las instituciones y el Estado de derecho, sin apoyar ni rechazar partidos o candidaturas. La agrupación, fundada en 1929 y con presencia en centros empresariales de todo el país, ha reivindicado ese rol de vigilancia en pronunciamientos previos sobre procesos electorales.
El antecedente más directo de ese activismo empresarial se remonta a la elección presidencial de 1994, cuando la Coparmex, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, impulsó redes de observación electoral tras los cuestionamientos a los comicios de 1988; desde entonces la organización ha sostenido su papel de fiscalización ciudadana en las contiendas federales.
De cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027, la Coparmex anunció que impulsará una participación ciudadana activa en todas las etapas mediante observación electoral, voto informado y razonado, seguimiento ciudadano y documentación de posibles incidencias por vías institucionales. Dijo que estrechará la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas y medios de comunicación para generar información y análisis que nutran el debate público.
La confederación también señaló que, a través de sus Centros Empresariales y su red de participación ciudadana, promoverá que más personas conozcan sus derechos electorales y se involucren en la vida democrática. Advirtió, además, que señalará públicamente y por sus canales institucionales cualquier decisión o práctica que, a su juicio, reduzca las condiciones de certeza, transparencia, vigilancia o participación en el proceso.
El reclamo se suma a otros pronunciamientos del sector privado sobre la gobernanza de instituciones del país en el ciclo actual, un terreno en el que organismos como el Instituto Mexicano de Competitividad también han insistido en reglas claras, como en su señalamiento de que Pemex y CFE requieren capital privado para sus planes energéticos a 2030.
La Coparmex cerró su comunicado con la frase que resume el eje de su reclamo ante el INE: "la integridad democrática se construye con instituciones vigiladas, reglas que se cumplen y ciudadanos que participan".