"A unos días del arranque del Proceso Electoral Federal, es fundamental que la autoridad electoral cuente con reglas claras que doten de certeza las actividades que realizan los partidos políticos y permitan su fiscalización oportuna", comentó la consejera. El planteamiento gira en torno a la certeza jurídica: sin reglas específicas, no queda establecido con precisión cuándo una actividad constituye ya un acto de precampaña y cuándo se trata todavía de una actividad ordinaria del partido, categoría que el Instituto fiscaliza con criterios distintos.
Humphrey reconoció que, aun sin esos lineamientos, el INE mantiene la obligación de fiscalizar las actividades ordinarias de los partidos. El punto que subrayó es distinto: sin una normativa específica para el proceso de selección interna, esa fiscalización no puede anticiparse ni ejercerse en tiempo real, sino que quedaría sujeta a revisiones posteriores, con el riesgo de que eventuales irregularidades se detecten cuando el proceso electoral ya esté en marcha.
Para ilustrar cómo debería operar el mecanismo, la consejera recordó el antecedente de 2023, cuando Morena desahogó el proceso interno conocido popularmente como el de "las corcholatas", en el que varias figuras del partido guinda compitieron por la candidatura presidencial. En ese momento, el INE sí contaba con lineamientos específicos que le permitieron monitorear en qué gastaban los aspirantes y el contenido de sus mensajes públicos, con la restricción de que no podían hablar de un plan de gobierno ni de propuestas sin ser aún precandidatos.
Ese precedente, señaló Humphrey, es la referencia de lo que debería replicarse para el proceso 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados y, en algunas entidades, gubernaturas. La ausencia de lineamientos equivalentes para esta elección intermedia representa, en su lectura, un vacío que reduce el margen de maniobra del Instituto frente a los partidos.
La consejera precisó que la facultad del INE para determinar si existe un acto de precampaña se limita, en la arquitectura institucional vigente, a las diputaciones federales. En el caso de las gubernaturas, la fiscalización de los procesos internos recae en los organismos públicos locales electorales de cada entidad, una división de competencias establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos.
Humphrey advirtió que en varias entidades donde se perfilan contiendas por la gubernatura ya se han registrado actividades públicas de aspirantes —asambleas y mítines—, sin que exista todavía un marco homologado que permita a los organismos locales fiscalizarlas con la misma claridad con la que el INE monitoreó el proceso interno de Morena en 2023.
El fondo del planteamiento remite a una de las funciones centrales del INE desde su creación en 2014, tras la reforma político-electoral que transformó al entonces Instituto Federal Electoral: la fiscalización de los recursos de los partidos y de sus precandidatos como garantía de equidad en la contienda. El artículo 41 de la Constitución y la legislación electoral facultan al Instituto para revisar los ingresos y gastos de los partidos y sancionar el uso de recursos no reportados o de procedencia no identificada.
El Consejo General del INE es el órgano facultado para aprobar los lineamientos que regulan los procesos internos de selección de candidaturas y, hasta el momento, no ha emitido el instrumento específico para el proceso 2026-2027, según lo expuesto por la consejera. Humphrey no precisó una fecha límite para su aprobación, aunque el calendario electoral —con el arranque formal del proceso federal previsto para los próximos días— acota el margen del Consejo.
El planteamiento se inscribe en el debate reciente del Instituto. El INE ordenó que los partidos destinen 236 mdp al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, monto equivalente al 3% de su financiamiento público ordinario, en cumplimiento de las obligaciones en materia de paridad de género de la legislación electoral vigente.
Los partidos políticos no han fijado hasta ahora una postura pública sobre la advertencia de la consejera. El debate sobre los alcances de la fiscalización de precampañas ha sido recurrente en procesos anteriores, con posiciones distintas entre las bancadas según su cercanía o distancia respecto a los criterios más estrictos de vigilancia del gasto.
El Consejo General del INE tiene en sus manos la decisión sobre si emite o no los lineamientos antes del arranque formal del Proceso Electoral Federal 2026-2027. De su resolución dependerá si la fiscalización de las precampañas para diputaciones federales y, en su caso, gubernaturas, se ejerce con la misma capacidad de monitoreo en tiempo real que existió en el proceso interno de Morena en 2023, o si queda relegada a una revisión posterior una vez que el proceso electoral esté en marcha.