Acudir al Parlamento, responder sin responder y abandonar la tribuna sin haber rendido cuentas de nada sustancial se ha convertido, según la premisa de partida de este análisis, en una práctica recurrente en la política española contemporánea. La comparecencia parlamentaria —instrumento diseñado para que los poderes ejecutivo, judicial y económico rindan cuentas ante la soberanía popular representada en las Cámaras— habría mutado, en su ejercicio más extendido, en un ritual de presencia física desprovisto de contenido informativo real.
La función original del control parlamentario
El control parlamentario tiene su fundamento en los artículos 66 y 109 de la Constitución Española de 1978, que atribuyen a las Cortes Generales la potestad de recabar información y exigir la comparecencia de miembros del Gobierno y de otras autoridades. El mecanismo existe, en teoría, para garantizar que quien ejerce poder público lo hace de forma transparente y sometida a escrutinio. Las comisiones de investigación, las comparecencias a petición propia o a instancia de los grupos parlamentarios, y las sesiones de control al Gobierno son los instrumentos formales con que cuenta el sistema para cumplir ese mandato democrático.
La brecha entre forma y sustancia
Sin embargo, el material de partida de esta pieza diagnostica que la práctica habitual ha convertido ese instrumento en su contrario funcional: se cumple la forma —el compareciente ocupa su sitio, consume su tiempo, devuelve preguntas con circunloquios— pero se vacía la sustancia. Asistir sin informar, hablar sin comprometerse con ningún dato verificable y abandonar la sala sin que el escrutinio haya producido ningún resultado concreto constituiría, en esta lectura, una disciplina perfeccionada con precisión técnica a lo largo de legislaturas sucesivas.
Un fenómeno con precedentes en democracias consolidadas
Este fenómeno no es exclusivo del sistema parlamentario español. En el Reino Unido, el Select Committee del Parlamento de Westminster ha documentado en varias ocasiones la resistencia de altos funcionarios y ministros a facilitar información operativa durante sus comparecencias. En Estados Unidos, las audiencias del Congreso ante las que comparecen directivos del sector tecnológico o financiero han dado lugar a un debate académico y periodístico sostenido sobre la diferencia entre presencia formal y rendición de cuentas efectiva. La literatura politológica denomina a esta conducta accountability evasion: el cumplimiento del trámite sin aceptar sus consecuencias.
Las herramientas del arte de no decir nada
Los recursos técnicos que permiten comparecer sin comparecer son varios y están bien catalogados por la ciencia política: la respuesta que redirige la pregunta hacia un terreno elegido por el interpelado; la invocación de procedimientos en curso —judiciales, administrativos o internos— como escudo frente a cualquier pregunta concreta; la apelación a la confidencialidad de datos que, en puridad, no tienen por qué ser reservados; y la saturación del tiempo disponible con información abundante pero irrelevante para la pregunta formulada. Ninguna de estas técnicas infringe, en sentido estricto, el reglamento parlamentario. Todas, en conjunto, anulan su propósito.
El coste institucional de la evasión
El efecto acumulado de esta práctica sobre la confianza institucional es objeto de estudio en politología comparada. Cuando el ciudadano observa que el control parlamentario no produce consecuencias informativas ni políticas, la percepción de que las instituciones de fiscalización son decorado se refuerza. El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas recoge de forma periódica el nivel de confianza de los españoles en las instituciones, y los datos de las últimas ediciones sitúan al Parlamento en posiciones bajas dentro de esa escala, aunque la causalidad entre evasión informativa y desafección ciudadana requiere análisis más precisos que los disponibles en el material base de esta pieza.
Lo que el sistema podría hacer y no hace
Los reglamentos del Congreso y del Senado contemplan la posibilidad de que las comisiones requieran documentación complementaria, convoquen de nuevo al compareciente o eleven al Pleno una valoración crítica de la comparecencia. Estos mecanismos de segundo nivel son, en la práctica, de uso infrecuente. La pregunta que deja abierta este análisis no es si el instrumento existe —existe— sino por qué los grupos parlamentarios, incluidos los que en cada momento están en la oposición, no lo activan de forma sistemática cuando la comparecencia ha resultado sustancialmente vacía.
Un horizonte sin reforma a la vista
A falta de datos específicos sobre iniciativas legislativas concretas que consten en el material verificado, lo que sí puede afirmarse con base en el funcionamiento ordinario de las instituciones es que ninguna reforma reglamentaria significativa de los procedimientos de control parlamentario ha alterado en los últimos años el equilibrio de incentivos que hace posible esta conducta. Comparecer tiene un coste político bajo y un beneficio alto: se neutraliza la presión sin ceder información. Mientras esa ecuación no cambie —por reforma normativa, por presión sostenida de la opinión pública o por consecuencias electorales verificables—, el arte de comparecer sin comparecer seguirá siendo, como lo describe el texto de partida, una disciplina olímpica perfectamente ejecutada.
