El legislador detalló que la modernización debe incluir la rehabilitación y ampliación de las plantas recuperadoras de azufre, el tratamiento de gases de cola, la recuperación de vapores en las operaciones de carga y descarga, un programa de detección y reparación de fugas, y el monitoreo continuo de emisiones en chimeneas con publicación de datos en línea. El esquema, planteó, debe fijar metas de reducción, plazos de ejecución e indicadores verificables, no solo anuncios de inversión.
Colosio sostuvo que la refinería procesa alrededor del 17% del crudo que se refina en el país, lo que la convierte en una de las instalaciones más relevantes de Pemex en el norte de México. Su operación, señaló, provoca la emisión de dióxido de azufre y de partículas que afectan el derecho a un medio ambiente sano de la población del área metropolitana de Monterrey.
Pese a esos compromisos, la refinería continúa identificada como la principal fuente de emisiones contaminantes en la zona. Durante agosto, habitantes de nueve de los 18 municipios que integran el área metropolitana reportaron olores intensos semejantes a gas, azufre, amoniaco y plástico quemado, presuntamente originados en la planta de Cadereyta.
Más de 7 mil mdp en anuncios previos
El senador recordó que en octubre de 2021 el gobierno de Nuevo León informó un acuerdo con Pemex por 1,570 mdp destinados a reducir en 90% las emisiones de la refinería. En mayo de 2023, el titular del Ejecutivo federal anunció una inversión adicional de 5,689 mdp para una nueva planta recuperadora de azufre en la misma instalación. La suma de ambos anuncios supera los 7,000 mdp, según los datos citados por Colosio.
La ASEA realizó una inspección en la refinería el 31 de agosto, luego de que se acumularan los reportes ciudadanos por los malos olores. Hasta la fecha, los habitantes de los 18 municipios del área metropolitana desconocen qué sustancias respiraron durante esos episodios, al no haberse difundido un dictamen técnico sobre la inspección.
La preocupación por Cadereyta no es nueva: la refinería, inaugurada en 1979 y una de las seis del sistema nacional, ha figurado durante años entre las instalaciones señaladas por su impacto ambiental en la conurbación regiomontana, una de las zonas urbanas con peor calidad del aire del país según mediciones oficiales recurrentes. Los reclamos de agosto se producen además en semanas de tensión sobre la infraestructura energética, cuando Claudia Sheinbaum presentó su informe de gobierno en Mérida sin anunciar un plan contra los apagones en Yucatán.
La exigencia del senador emecista se plantea en el periodo ordinario de la LXVI Legislatura, mediante un punto de acuerdo que busca que Pemex y la ASEA rindan cuentas con plazos verificables. Colosio subrayó que la problemática ha recibido más de 7,000 mdp en compromisos de inversión sin que se hayan resuelto los reportes de contaminación en el área metropolitana de Monterrey.