Según la estimación preliminar difundida por De la Espriella, del total calculado en cerca de $30 billones —equivalentes a casi 9,600 mdd, de acuerdo con la conversión ofrecida por el propio gobierno—, aproximadamente $24.5 billones corresponden a daños en edificaciones y $5.5 billones a infraestructura. La cifra, advirtió el mandatario, comprende únicamente cinco de los 15 departamentos afectados, lo que anticipa que la factura total podría ampliarse conforme avancen los levantamientos técnicos en el resto del territorio.
El Fondo Milagro, ordenado por decreto presidencial, tomará como referencia el Forec —el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, creado tras el terremoto de 1999 que devastó Armenia, Pereira y otras localidades del centro-occidente colombiano—, con el propósito declarado de replicar sus aciertos en materia de coordinación institucional y evitar los errores que se le atribuyeron en su momento. El precedente del Eje Cafetero es, hasta ahora, la referencia más cercana en la historia colombiana para un esquema de reconstrucción de esta envergadura.
El mandatario encomendó la dirección operativa del plan al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, quien tendrá a su cargo articular a constructores, banca, aseguradoras, gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas. El esquema, presentado por el propio presidente como una suerte de "Plan Marshall" —en alusión al programa de reconstrucción de la Europa de posguerra financiado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial—, contempla la recuperación de vivienda e infraestructura como ejes prioritarios, junto con la atención directa a las familias damnificadas.
De la Espriella pidió a los constructores no solo sumarse al esfuerzo de reconstrucción sino donar las utilidades generadas en los proyectos de vivienda que se levanten en las zonas de desastre. Al sector financiero le solicitó bajar las tasas de interés aplicables a los créditos destinados a la reconstrucción, con el fin de facilitar que las familias afectadas puedan reparar o adquirir una vivienda en condiciones más favorables.
"Aquí no hay colores políticos. Aquí no hay ideología. Hay una sola bandera y es la bandera de Colombia", declaró el presidente. "Este no es un esfuerzo del gobierno solamente. Es el esfuerzo de toda la Patria unida, queridos compatriotas. Todos debemos poner, porque la Patria la reconstruimos entre todos", añadió, en un llamado a la unidad que buscó situar el plan por encima de la disputa partidista.
Entre las medidas anunciadas figuran subsidios de arrendamiento para familias que perdieron su vivienda, alivios en el pago de servicios públicos en las zonas declaradas en emergencia y un programa específico de vivienda nueva y mejoramiento habitacional bautizado "Vivienda Milagro". El mandatario reiteró su exhorto al sector financiero para que reduzca las tasas de interés aplicables tanto a la reconstrucción de viviendas dañadas como a la adquisición de vivienda nueva por parte de los damnificados.
En el frente del financiamiento externo, De la Espriella informó que el Ministerio de Hacienda logró activar en tiempo récord el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares, recursos que, según el mandatario, ya estarían disponibles para atender las necesidades más urgentes de las víctimas. "Quiero agradecer al Banco Mundial por la agilidad con la que respondió a nuestra solicitud, solidaridad con Colombia y confianza en nuestro gobierno", expresó el presidente.
El mandatario también lanzó una advertencia sobre el manejo de los recursos que se canalizarán a través del nuevo fondo. "El señor ministro de Hacienda y su equipo ya están al frente de todas las soluciones. Hoy priorizaremos cada peso para las víctimas y le repito a todos los que van a administrar estos recursos, no hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción", afirmó, y agregó que quien "le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad, como corresponde".
La declaratoria de estado de emergencia económica, figura contemplada en el ordenamiento constitucional colombiano para situaciones que alteren o amenacen alterar el orden económico, social o ecológico del país, permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley durante un periodo limitado, sujetos posteriormente a revisión por parte de la Corte Constitucional. Su activación en episodios de desastre natural no es inédita en el país, aunque la magnitud de los daños estimados —de confirmarse en las mediciones definitivas— la situaría entre las más cuantiosas registradas.
El plan de reconstrucción llega en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, por lo que la capacidad de sostener subsidios, alivios en servicios públicos y créditos blandos dependerá en buena medida de la disposición del sector privado —constructores y banca— a asumir parte de la carga, tal como reclamó el propio presidente. La respuesta efectiva de esos sectores frente al llamado presidencial será uno de los primeros indicadores de la viabilidad del esquema, que hasta ahora descansa sobre compromisos voluntarios sin cifras de aportación conocidas.
En los próximos días se espera que el gobierno precise el marco normativo del decreto de emergencia económica, los montos definitivos que se canalizarán a través del Fondo Milagro y el cronograma de intervención en los 15 departamentos afectados, más allá de los cinco ya evaluados. La ampliación del diagnóstico técnico a la totalidad del territorio golpeado será determinante para dimensionar el costo final de la reconstrucción y el alcance real del plan.