El mecanismo, contemplado en la Constitución colombiana para situaciones de desastre, le permite al mandatario establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso, con el propósito de recaudar recursos para la etapa de atención de emergencia y reconstrucción. De la Espriella calculó las pérdidas ocasionadas por el sismo en aproximadamente 9.5 millones de dólares, cifra que podría ajustarse conforme avancen los peritajes técnicos sobre la infraestructura afectada.
El decreto fue firmado por el presidente junto con todo su gabinete y, de acuerdo con el procedimiento constitucional colombiano, deberá ser revisado por la Corte Constitucional antes de que puedan expedirse los decretos específicos que desarrollen las medidas. Ese control automático busca evitar que el estado de excepción se utilice para fines distintos a los que motivaron su declaratoria, un límite que la jurisprudencia colombiana ha reforzado desde la Constitución de 1991.
De la Espriella, en sus primeros días al frente del gobierno, explicó a la prensa desde Bogotá que el mecanismo excepcional resulta "fundamental" porque el país enfrenta "una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra vida republicana", lo que impediría atender los efectos del terremoto únicamente con el presupuesto ya aprobado. El país, sostuvo, "no puede atender los efectos del terremoto con el presupuesto disponible".
El mandatario reprochó a su antecesor, Gustavo Petro, haber dejado las finanzas públicas en estado crítico, con una deuda bruta que —según sus cifras— supera el 60% del producto interno bruto, además de un déficit fiscal que continúa presionando las cuentas nacionales. "En medio de esa realidad apocalíptica sobreviene una tragedia que exige recursos inmediatos", afirmó al justificar la declaratoria, y prometió que su gobierno operará con austeridad y vigilará la transparencia en las obras de reconstrucción.
Los daños materiales reportados hasta el momento incluyen más de 30,600 viviendas destruidas y otras 136,900 con afectaciones, además de cientos de escuelas, centros de salud y vías de comunicación dañadas. El propio De la Espriella reconoció que los mayores esfuerzos gubernamentales se concentran en el rescate de las 262 personas todavía desaparecidas —"ojalá Dios quiera, a estas 262 personas con vida", expresó—, pese a que ya transcurrieron diez días desde el sismo, una ventana que en este tipo de catástrofes reduce las probabilidades de hallar sobrevivientes.
El compromiso de transparencia cobra relevancia dado el historial de señalamientos por corrupción en procesos de reconstrucción tras desastres en América Latina. La región conserva precedentes de gestión cuestionada de fondos de emergencia, como ocurrió tras los terremotos de México de 1985 y 2017, donde el manejo de recursos y de donaciones internacionales derivó en controversias públicas y auditorías posteriores.
Réplica de la oposición
El expresidente Gustavo Petro reapareció públicamente el miércoles para ejercer el derecho de réplica frente a los señalamientos que De la Espriella había formulado el lunes en una alocución oficial, y cuestionó el manejo gubernamental de la emergencia desde los primeros momentos. "Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre", expresó Petro, en alusión a presuntas fallas de coordinación durante el arranque de la nueva administración.
Petro también acusó a De la Espriella de "parcializar ayuda" por supuestas preferencias ideológicas, lo que a su juicio habría costado "centenares de vidas". Además, cuestionó la participación de equipos de rescate de Israel, al considerar que su presencia respondería a fines de "inteligencia militar" en territorio colombiano y "sin experiencia en sacar sobrevivientes de edificios derruidos". El señalamiento no ha sido corroborado por autoridades colombianas ni por los equipos internacionales desplegados en la zona.
En el plano externo, De la Espriella afirmó que Estados Unidos manifestó disposición para suspender aranceles a productos colombianos como gesto de apoyo tras la tragedia, y agradeció la asistencia económica recibida de ese país, si bien los términos concretos de ese eventual alivio arancelario no han sido precisados formalmente por Washington.
Un dilema fiscal de fondo
La declaratoria coloca a Colombia ante la necesidad de financiar una reconstrucción de gran escala en un momento de deuda pública elevada y márgenes presupuestarios estrechos, según la caracterización del propio presidente. La facultad de crear tributos temporales sin pasar por el Congreso de la República es una herramienta excepcional que, en la historia constitucional colombiana, se ha empleado en crisis previas y cuyo uso reiterado ha suscitado debates sobre el equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo.
En los próximos días se espera que la Corte Constitucional inicie la revisión del decreto, mientras el gobierno prepara los decretos complementarios que definirán con mayor precisión los impuestos temporales y el destino de los recursos recaudados. La evolución del número de desaparecidos y el avance de las labores de rescate seguirán marcando la agenda pública durante el mes de vigencia del estado de excepción.