En su pronunciamiento, la comisión que preside Piedra Ibarra sostuvo que la recomendación únicamente acreditó “conductas individuales” de elementos de la Defensa, y que estas “en modo alguno” se derivan de insuficiencias normativas o de una estrategia institucional. Según la CNDH, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo participación de efectivos castrenses en los hechos violentos contra los normalistas, y descartó de forma expresa que existiera un plan de “contrainsurgencia” o estrategia de exterminio dirigida contra los estudiantes.
La comisión insistió en que su función no es exculpatoria ni acusatoria en sentido jurisdiccional. “La CNDH no exonera ni defiende a nadie, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público”, señaló el organismo, que ubicó en la Fiscalía General de la República (FGR) y en los tribunales la determinación de responsabilidades penales. Las recomendaciones de derechos humanos tienen carácter declarativo y de reparación, sin fuerza vinculante directa sobre los procesos penales. La CNDH afirmó que “el objeto central de toda recomendación fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad”.
Como parte de su defensa, la comisión recordó que la recomendación documentó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como afectaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de lo que calificó como una “inadecuada procuración de justicia”. El organismo subrayó además que existen al menos 17 militares vinculados a proceso penal por el caso, dato que utilizó como argumento central para rechazar que su resolución represente un blindaje al Ejército.
La CNDH calificó la ola de críticas como un “extraño afán articulado” para impedir el avance hacia la verdad y la justicia en un expediente que, según la propia comisión, ha sido “manoseado y usado” durante años al margen del interés de las familias. El organismo señaló que algunas objeciones se sostendrían en documentos que calificó de apócrifos y afirmó que “ni una sola de las críticas a la recomendación 208VG/2026 se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones”. Rechazó, en ese sentido, que la resolución constituya una “mentira histórica para las víctimas”.
Movimiento Ciudadano busca la comparecencia
La respuesta política no se hizo esperar. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la bancada de Movimiento Ciudadano prepara un punto de acuerdo para llamar a comparecer a Rosario Piedra Ibarra, con el argumento del presunto blindaje otorgado a la Defensa en el caso. El senador Clemente Castañeda expuso que hay “un rotundo fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación” en materia de derechos humanos y acusó al organismo de traicionar los compromisos que en su momento enarboló en defensa de las víctimas.
El punto de acuerdo es una herramienta parlamentaria sin carácter vinculante, mediante la cual un grupo del Congreso de la Unión puede exhortar a una comparecencia o solicitar información a un titular de un organismo autónomo. Su aprobación requiere el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente, el órgano que sesiona durante los recesos legislativos y concentra la actividad parlamentaria mientras las cámaras no están en periodo ordinario. Que la citación prospere dependerá de que la bancada emecista reúna esos votos.
El caso Ayotzinapa ha sido, desde 2014, uno de los mayores desafíos institucionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Su dimensión política admite comparación con la revisión de la llamada guerra sucia de los años setenta, que derivó décadas después en procesos de esclarecimiento histórico todavía inconclusos. La intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, marcó un precedente sobre el papel de mecanismos externos en investigaciones de alto perfil político en el país.
La recomendación 208VG/2026 se suma a un historial de informes y comisiones creadas específicamente para el caso, incluida la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, instalada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuyos hallazgos también generaron controversia por señalamientos contra mandos militares. La investigación original se abrió bajo la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, y ha involucrado responsabilidades de otras corporaciones, entre ellas policías municipales de Iguala y Cocula.
El expediente entra ahora en una nueva fase de escrutinio político, con la eventual comparecencia de Piedra Ibarra ante la Comisión Permanente como próximo punto a definir, sujeta a los votos que reúna Movimiento Ciudadano. En paralelo, la FGR mantiene abiertas las causas penales contra los militares vinculados a proceso, cuyo desenlace judicial seguirá siendo, casi doce años después de Iguala, la vía formal para establecer las responsabilidades que la propia CNDH ha reconocido no le corresponde determinar.