El punto de partida del caso es un dispositivo que los investigadores han bautizado internamente como 'Grupo Iris', en referencia a la mensajería cifrada que utilizaban sus integrantes para coordinarse. Según el informe de la Audiencia Nacional, elaborado a partir de las diligencias abiertas en el juzgado central número 6, el grupo estaba liderado por Santos Cerdán, en aquel momento secretario de Organización del PSOE, e integrado por dos personas clave: Leire Díez, la 'fontanera' del partido que ya había operado en anteriores crisis internas, y Javier Pérez Dolset, un empresario del sector audiovisual con contactos en medios de comunicación y que, según la documentación judicial, aportó la infraestructura técnica para los encargos.
¿Qué se les atribuye? En esencia, un plan de tres fases diseñado para erosionar la credibilidad de los magistrados que investigaban directa o indirectamente a la familia del presidente. La primera fase, según los investigadores, consistió en recopilar información personal sobre el juez Juan Carlos Peinado —instructor del caso Begoña Gómez—, la juez Beatriz Biedma —que investigaba al hermano del presidente, David Sánchez, por su contrato en la Diputación de Badajoz— y el magistrado Manuel Marchena, a quien se atribuye un papel de coordinación informal entre distintas causas. La segunda fase habría sido la contratación, a través de una sociedad interpuesta, de una periodista de investigación a la que se pagaron 4.000 euros mensuales durante cuatro meses —un total de 16.000 euros— para que indagara si el comisario José Manuel Villarejo había tenido 'algún papel' en la causa de los ERE de Andalucía. La tercera fase, la más difusa y la que los investigadores aún no han podido documentar por completo, habría consistido en la filtración selectiva de esa información a determinados medios afines.
La periodista contratada, cuya identidad se mantiene bajo secreto de sumario pero que, según fuentes jurídicas, es una profesional con experiencia en investigación parlamentaria, ha negado en su declaración preliminar que su trabajo tuviera 'componente alguno de desprestigio'. Según su versión, el encargo consistía en 'una investigación retrospectiva de carácter periodístico sobre posibles injerencias policiales en la instrucción de grandes causas'. La diferencia entre un encargo periodístico legítimo y un dispositivo de desprestigio institucional es, precisamente, la que tendrá que dilucidar el juzgado.
Lo que dota al caso de una gravedad institucional singular es el momento elegido. Los cinco días de reflexión de Sánchez —del 24 al 29 de abril de 2024— fueron presentados públicamente como un retiro personal del presidente tras la imputación de su esposa. El propio Sánchez publicó una carta manuscrita en la que decía necesitar 'silencio y distancia para pensar con claridad'. Lo que sugiere el informe judicial es que, mientras la carta se leía en los telediarios, en un círculo reducido del PSOE se activaba un plan operativo que nada tenía que ver con el silencio.
En Moncloa, la reacción oficial ha sido la esperable: un comunicado de dos párrafos en el que el portavoz del Gobierno califica las informaciones de 'bulo en toda regla' y recuerda que 'ni el presidente ni ningún cargo del Ejecutivo han sido citados ni investigados en relación con estas diligencias'. La precisión es correcta: Sánchez no está formalmente implicado. Pero el informe señala con nombre y apellidos a Santos Cerdán, que en abril de 2024 era el número dos del PSOE y operaba desde la sede del partido, no desde la Moncloa.
La defensa de Cerdán, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, ha emitido un comunicado en el que rechaza 'todas y cada una de las imputaciones' y califica la investigación de 'caza de brujas judicial contra el PSOE'. Leire Díez, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas. Y Pérez Dolset ha negado cualquier relación con el partido más allá de 'servicios puntuales de consultoría audiovisual'.
Los investigadores, sin embargo, cuentan con material que, según fuentes conocedoras del expediente, podría ser determinante: más de 1.200 mensajes recuperados de un teléfono intervenido en una operación paralela del caso Koldo, cuya cadena de custodia ha sido validada por la UCO. Entre esos mensajes, hay conversaciones entre Cerdán y un interlocutor identificado por las iniciales 'L.D.' —que los investigadores asocian a Leire Díez— en las que se mencionan expresamente los nombres de los tres magistrados y se utilizan expresiones como 'hay que bajarles los humos' y 'necesitamos algo sobre Marchena antes del martes'.
El alcance del caso, si los indicios se confirman, sería sin precedentes en la democracia española reciente. No porque otros gobiernos no hayan tenido tentaciones similares —el caso Kitchen, con el PP, demostró que la policía patriótica existió—, sino porque la operación se habría montado no desde el Ministerio del Interior ni desde un cuerpo policial, sino desde la propia maquinaria del partido gobernante, con financiación privada y sin ningún control institucional. La diferencia con Kitchen no está en la intención —desacreditar a quien investiga al poder—, sino en el canal: este caso es, si se confirma, la versión civil de las cloacas.
El juzgado central número 6 tiene previsto citar a declarar a Cerdán en calidad de investigado antes del 15 de mayo. Leire Díez y Pérez Dolset podrían ser citados en la misma ronda. La periodista contratada está en fase de testificación y su declaración completa, de más de seis horas, está siendo transcrita por los servicios judiciales. El Hemiciclo seguirá informando de cada paso de un caso que, por su naturaleza, interpela directamente a la salud institucional del Estado.
