El caso se remonta a una operación de las fuerzas de EU en Caracas el 3 de enero de 2026, cuando Maduro y Flores fueron detenidos y trasladados posteriormente a territorio estadounidense. Desde entonces enfrentan cargos por narcotráfico y narcoterrorismo imputados por la fiscalía federal, que sostiene que ambos habrían utilizado posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones.
En el escrito presentado ante la corte, los abogados de Flores describen un cuadro clínico que incluiría episodios de dolor de pecho, arritmias y dificultades para respirar, además de una pérdida de más de once kilos desde su detención. De acuerdo con la petición, el 29 de julio pasado la exprimera dama habría sufrido un episodio de salud que, según sus representantes legales, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente de forma independiente.
La propuesta de la defensa contempla un régimen de reclusión domiciliaria en una residencia privada en Nueva York, con guardias armados las 24 horas del día, una pulsera de localización electrónica, restricciones severas a las visitas y la intervención de las llamadas telefónicas. Los abogados de Flores ofrecen además la retención de su pasaporte como garantía adicional y sostienen que todos los costos derivados del traslado y la vigilancia correrían por cuenta de la propia acusada, sin representar una carga para el erario estadounidense.
Las defensas de ambos han comenzado a presentar recursos ante el juez federal Alvin K. Hellerstein con el objetivo de desestimar la acusación antes de que el caso llegue a juicio. Entre los principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana que hace Maduro en su condición de jefe de Estado venezolano al momento de los hechos, una figura del derecho internacional que protege a mandatarios en funciones frente a procesos penales en tribunales extranjeros.
La defensa de Flores presentó, por su parte, una petición basada en la inmunidad que, según argumentan sus abogados, correspondería a su papel como primera dama de Venezuela. Las defensas cuestionan también la legalidad del procedimiento mediante el cual ambos fueron capturados en Caracas y trasladados a suelo estadounidense, un punto que podría convertirse en uno de los ejes del litigio previo al juicio.
Un precedente que evoca a Noriega
El caso ha sido seguido de cerca en América Latina por marcar un precedente poco frecuente: un jefe de Estado de la región detenido mediante una operación de fuerzas extranjeras y procesado directamente ante un tribunal federal estadounidense. El antecedente más citado es el del general panameño Manuel Antonio Noriega, capturado tras la invasión estadounidense de Panamá en diciembre de 1989 y trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico en 1992 tras plantear, sin éxito, argumentos de inmunidad como jefe de Estado de facto.
El calendario judicial contempla una audiencia el próximo 17 de noviembre en la que Hellerstein escuchará los argumentos de ambas defensas sobre las mociones para desestimar el caso, incluida la solicitud de inmunidad soberana de Maduro. El juicio contra el expresidente venezolano y su esposa fue fijado el pasado julio para comenzar el 1 de junio de 2027, un calendario que deja casi nueve meses de litigio previo entre las partes.
La resolución sobre la petición de arresto domiciliario quedará en manos del juez Hellerstein, quien deberá evaluar tanto los argumentos médicos presentados por la defensa como el riesgo de fuga que representa la acusada, criterio habitual en este tipo de determinaciones dentro del sistema judicial estadounidense. No existe un plazo público establecido para que el tribunal resuelva sobre esta solicitud específica, que se suma a las mociones de fondo ya presentadas por ambas defensas.
Hasta el momento no se ha registrado un pronunciamiento oficial del gobierno de Venezuela sobre la petición de arresto domiciliario, ni de las autoridades estadounidenses sobre este punto específico del proceso, que por ahora se dirime exclusivamente en el ámbito judicial. Mientras se resuelven estas peticiones, la causa continúa su curso dentro de los plazos fijados por la corte, con la audiencia de noviembre como el próximo hito relevante antes de que se determine si el proceso avanza hacia el juicio de junio de 2027 o si alguna de las mociones de desestimación logra frenarlo antes de esa fecha.