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El CGPJ cierra filas con Peinado y pide a Bolaños 'respeto' a las decisiones judiciales mientras las dos asociaciones mayoritarias de jueces tachan de 'inadmisibles' las palabras del ministro

La Comisión Permanente del Poder Judicial recuerda por unanimidad la obligación de respetar las resoluciones de los magistrados después de que el ministro de Justicia afirmara que el procesamiento de Begoña Gómez 'avergüenza a muchos jueces'. Las dos mayores asociaciones judiciales, Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, responden con un comunicado conjunto que eleva el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial al punto más grave de la legislatura.

Por Redacción de El Hemiciclo· Madrid·
7 min de lectura
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Hubo un silencio dentro del propio Consejo antes de que el silencio dentro de la sala se convirtiera en noticia. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —presidenta Isabel Perelló y siete vocales— cerró su reunión semanal sin un acuerdo formal contra el ministro de Justicia, pero con un mensaje que en los despachos se leyó casi como un portazo: la necesidad de respetar las decisiones judiciales no se negocia. Fuera, las dos asociaciones mayoritarias de jueces ya habían encendido la mecha.

El detonante fue una frase. Félix Bolaños había asegurado por la mañana, en una comparecencia parlamentaria que nadie esperaba especialmente combativa, que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos 'avergüenza a muchos ciudadanos' y, sobre todo, 'a muchos jueces y magistrados'. Diez palabras que, proyectadas sobre el ambiente institucional del día, tuvieron el efecto de una cerilla cayendo sobre un charco de gasolina.

A mediodía, la Asociación Profesional de la Magistratura —la mayoritaria y tradicionalmente moderada— publicaba un comunicado firme calificando las palabras del ministro de 'inadmisibles' y recordando que el juez instructor actúa dentro del marco que le otorgan las leyes procesales. A la misma hora, la Asociación Francisco de Vitoria se sumaba con un texto aún más contundente: 'Ningún ministro puede insinuar que la legítima actuación de un juez es motivo de vergüenza. Si eso ocurre, el problema no está en el juez'. Apenas unas horas después, una tercera asociación —Jueces para la Democracia, en el otro extremo ideológico— matizaba pero reconocía que las palabras del ministro 'no ayudan en nada al clima institucional'.

El Consejo General del Poder Judicial tardó más en pronunciarse. Y no por casualidad. Según fuentes internas consultadas por este periódico, la Comisión Permanente debatió durante más de noventa minutos si emitía un comunicado específico contra Bolaños o si se remitía a pronunciamientos anteriores. La presidenta Perelló optó por la vía prudente: 'reiterar la necesidad de respetar las decisiones judiciales' sin nombrar al ministro, pero con una expresión ('se recuerda') que, en lenguaje técnico, equivale a un reproche institucional en toda regla.

El ministro no se retractó. Al contrario. A última hora de la tarde, en una entrevista radiofónica, Bolaños recordó que lleva once meses esperando que el propio CGPJ resuelva un expediente contra el juez Peinado por supuestas irregularidades en la instrucción, y deslizó una frase que terminó de encender el órgano de gobierno de los jueces: 'Si el Consejo mostrara la misma diligencia al investigar quejas formales que al responder a declaraciones políticas, hoy no estaríamos aquí'. En los despachos judiciales, esa frase se leyó como un 'habráse visto' en versión institucional.

La reacción política no se hizo esperar. El Partido Popular acusó a Bolaños de 'tratar a los jueces como empleados del Gobierno' y reclamó su dimisión por escrito en el Congreso. Vox fue un paso más allá y anunció una moción para instar al Ejecutivo a respetar la separación de poderes. Sumar, en una posición más incómoda, defendió al ministro con la boca pequeña y reclamó, sin nombrar a Peinado, 'mayor ecuanimidad en todas las instrucciones sensibles'. Junts y PNV se limitaron a pedir que el debate no contamine la agenda parlamentaria de la semana.

El telón de fondo, conviene no olvidarlo, es una causa penal que puede reescribir el mapa institucional español. Esta misma mañana, el juez Peinado había enviado a Begoña Gómez al banquillo de un jurado popular con un auto de 63 páginas que describe cuatro presuntos delitos —tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación y corrupción en los negocios— y que ya circula en copias fotocopiadas por los despachos de la carrera judicial. Que el ministro de Justicia haya escogido precisamente el día del procesamiento para deslizar la palabra 'vergüenza' se interpreta en sede judicial como una maniobra deliberada: poner en sospecha al juez instructor antes de que la Audiencia Provincial de Madrid revise el auto.

Los constitucionalistas consultados por este periódico ofrecen una lectura unánime. 'Un ministro puede discrepar de una resolución, pero no puede construir un relato moral contra el juez que la dicta', resume uno de los más veteranos. Otro añade un detalle técnico importante: 'Las declaraciones de Bolaños podrían incluso ser utilizadas por la defensa de Gómez como argumento de contaminación mediática, lo que paradójicamente dificultaría su propia estrategia de fondo'. En otras palabras, al tratar de desactivar al juez, el ministro podría haberle dado un regalo inesperado a la defensa.

Entre los magistrados de primera instancia, el malestar se percibe de otro modo. Un juez decano consultado por este periódico —que pide no ser identificado— lo describe así: 'No se trata de Bolaños, ni siquiera de Peinado. Se trata de que un ministro diga que un juez avergüenza a los jueces. Esa frase no se puede pronunciar sin consecuencias. Hoy la vamos a leer en todas las salas de togas'. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, durante el descanso de una vista, varios magistrados coincidieron en pedir a sus asociaciones una respuesta 'clara y visible'.

El CGPJ, por su parte, no ha cerrado la puerta a un segundo pronunciamiento. Fuentes de la propia Comisión Permanente admiten que, si el ministro reincide en sus declaraciones, se estudiará un acuerdo formal específico. 'Hoy hemos tratado de contener; mañana, si hace falta, actuaremos', resumió uno de los vocales tras la reunión, en los pasillos de la sede de la calle Marqués de la Ensenada. No es una amenaza, pero es casi una advertencia.

Y hay un último apunte. El viernes está convocado un pleno extraordinario del Consejo para debatir, precisamente, la solicitud formal que once meses atrás presentó el Ministerio de Justicia contra la instrucción del juez Peinado. Después de la tormenta de este martes, el pleno del viernes ya no será una reunión técnica: será un acto institucional con micrófonos apuntando a cada palabra. La coreografía está en marcha, y nadie en el CGPJ parece dispuesto a bajar del escenario.

El choque entre un ministro de Justicia y el órgano de gobierno de los jueces, en la lógica histórica de la Transición, era algo excepcional. Se convertía en noticia una vez por legislatura. Hoy ha dejado de serlo: se produce casi cada semana. Y, como recordaba anoche un magistrado emérito del Tribunal Supremo, 'la erosión institucional no se mide en los choques, sino en la costumbre de tenerlos'. Esa costumbre, hoy, acaba de sumar otro capítulo.

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