La capacitación fue organizada por el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso capitalino, que preside la diputada Juana María Juárez López. La legisladora señaló que el ejercicio busca que el personal de los módulos legislativos coadyuve a atender un problema que, dijo, afecta directamente el patrimonio, la seguridad jurídica y la tranquilidad de miles de familias en la capital del país.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la capacitación continua, impulsando acciones institucionales para que todo el personal conozca plenamente las nuevas estrategias integrales que se han promovido desde la Jefatura de Gobierno para poner un alto y combatir este delito», subrayó Juárez López.
La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, destacó la importancia de fortalecer los módulos de atención ciudadana como espacios de orientación, recepción y canalización de casos vinculados con el despojo. Bravo sostuvo que la asesoría jurídica que se brinda en estos espacios es gratuita y que la atención a víctimas no debe entenderse como un asunto partidista, sino como una responsabilidad hacia la población.
La coordinadora morenista precisó, además, que no todos los casos que la ciudadanía identifica como despojo corresponden necesariamente a ese delito, ya que en muchas ocasiones se trata de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil que deben resolverse por otras vías.
En esa línea, la consejera jurídica y de servicios legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, aclaró que el personal que labora en los módulos legislativos no realiza funciones de gestoría, sino que su tarea consiste en escuchar las demandas ciudadanas y canalizarlas a las instancias correspondientes. Cruzvillegas consideró necesario que la ciudadanía sepa que el delito de despojo no registra un incremento sostenido, pues, según explicó, se presentan alrededor de nueve denuncias diarias por este delito, una cifra que dijo mantenerse como una constante desde hace tiempo.
Un punto de acuerdo detrás del curso
El taller se da apenas días después de que, el miércoles 5 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobara un punto de acuerdo presentado por el diputado Víctor Varela en materia de despojo. Entre sus resolutivos, el acuerdo incluye que los legisladores difundan, a través de sus propios módulos, las reformas aprobadas en noviembre pasado para combatir este delito, así como que el Congreso local capacite al personal de dichos módulos para orientar a la ciudadanía sobre a qué instancias acudir en caso de sufrir un despojo.
El despojo de inmuebles ha sido en los últimos años un tema recurrente en la agenda de seguridad pública de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha reconocido la existencia de grupos delictivos dedicados a arrebatar inmuebles, señalamiento que en meses pasados derivó en protestas ciudadanas que exigían una atención más ágil por parte de las autoridades; en respuesta, el gobierno capitalino anunció medidas para agilizar el tratamiento de estos casos.
La red de 66 módulos de atención ciudadana —uno por cada diputado local— funciona como un primer contacto para los vecinos de las 16 alcaldías capitalinas, complementaria a las fiscalías desconcentradas y a las oficinas de la Consejería Jurídica. La apuesta de la actual legislatura es que ese primer filtro oriente correctamente a la ciudadanía y evite que asuntos de naturaleza civil terminen tramitándose por la vía penal, o a la inversa. La distinción no es menor: mientras el despojo es un delito perseguible por el Ministerio Público, los conflictos de arrendamiento o las disputas familiares se ventilan ante los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El marco de referencia es la reforma aprobada por el Congreso local en noviembre pasado, que precisó los elementos del tipo penal de despojo para facilitar su acreditación por parte del Ministerio Público. Los puntos de acuerdo, como el promovido por Varela, son instrumentos parlamentarios de exhorto o de encomienda administrativa que no crean obligaciones legales frente a terceros, pero comprometen al propio Congreso a ejecutar acciones concretas, como la capacitación ahora impartida.
La atención al despojo desde instancias de gobierno de la capital no es nueva. Tras la creación de la Fiscalía especializada en la materia y de las mesas de conciliación en el Registro Público de la Propiedad, sucesivas administraciones capitalinas han buscado deslindar los conflictos patrimoniales legítimos de las ocupaciones ilegales, un problema que se agudizó con la presión sobre el mercado de vivienda en alcaldías centrales y de alta demanda de renta.
De cara a los próximos meses, el Comité que preside Juárez López no descartó extender este tipo de capacitaciones a otras materias de alta incidencia ciudadana, mientras que el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente quedará sujeto a seguimiento del propio Congreso capitalino en el marco del próximo periodo ordinario de sesiones.