De acuerdo con la FGJE, el imputado enfrenta cargos por los delitos de violencia familiar, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado con ventaja, en agravio de una mujer y dos adolescentes cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de menores de edad. La fiscalía sitúa los hechos el 6 de agosto en un domicilio de la colonia Villa Verde.
Según la reconstrucción difundida por la fiscalía estatal, la secuencia habría comenzado con una agresión física del imputado contra su pareja sentimental al interior del domicilio. Acto seguido, presuntamente accionó un arma de fuego contra la adolescente de 14 años, hija de la mujer agredida, quien resultó lesionada; los datos hechos públicos no precisan la gravedad de las lesiones ni si permanece hospitalizada. El mismo día, según los actos de investigación del Ministerio Público, intentó disparar también contra el adolescente de 16 años, aunque el material disponible no detalla si el arma llegó a accionarse contra él.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y presentó los datos de prueba recabados. El juez de control los consideró suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso, paso previsto en el artículo 19 de la Constitución que antecede a la investigación complementaria y que no equivale a una determinación de culpabilidad.
De la vinculación a la prisión preventiva
Como medida cautelar, el juez impuso la prisión preventiva justificada, figura que en el sistema penal acusatorio responde a criterios de riesgo de fuga, peligro para la víctima o para el desarrollo de la investigación, y que se distingue de una pena o sentencia. Miguel Eulogio “N” permanece privado de su libertad mientras avanza el proceso, sin que ello implique que se le haya declarado responsable de los delitos imputados.
El juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público debe reunir y perfeccionar los datos de prueba antes de decidir si formula acusación. Ese plazo vence el 8 de noviembre de 2026, según lo establecido en la audiencia.
La FGJE informó que el imputado cuenta con antecedentes y registros penales previos relacionados con corrupción de menores, delitos contra la salud, narcomenudeo, portación de arma de fuego, homicidio y robo de vehículo. La fiscalía no detalló si alguno derivó en sentencia firme o si permanecen en fase de investigación, un matiz relevante porque solo una condena ejecutoriada acredita responsabilidad penal previa.
El tipo penal en disputa
El delito de feminicidio en grado de tentativa, contemplado en el Código Penal para el Estado de Sonora en concordancia con el artículo 325 del Código Penal Federal, exige acreditar que la conducta estuvo motivada por razones de género. Corresponde al Ministerio Público probar ese elemento durante la investigación complementaria; de sostenerse en juicio, agravaría la pena en caso de una eventual sentencia condenatoria. El feminicidio se incorporó al Código Penal Federal en 2012 como tipo autónomo, y desde entonces las entidades han ido armonizando sus códigos locales para incluirlo, un proceso que ha marcado la persecución de este delito en el fuero común.
Hasta el momento no se ha hecho pública una versión de la defensa del imputado ni el nombre del defensor que lo representa. Tampoco trascendió si la familia de las víctimas cuenta con asesoría jurídica particular o si acude al asesor jurídico de víctimas que por ley debe asignar la fiscalía en casos de esta naturaleza. Ninguna de las partes ha aportado, por ahora, una versión que contraste la expuesta por el Ministerio Público.
El expediente seguirá su curso ante el mismo juzgado de control. Antes de que concluya el plazo de investigación complementaria el 8 de noviembre, el Ministerio Público deberá decidir si formula acusación formal por los tres delitos imputados o si ajusta la calificación jurídica de los hechos a partir de las pruebas que logre reunir, tras lo cual el proceso podría avanzar hacia la etapa intermedia.