Según las autoridades colombianas, Chacón habría montado un entramado de empresas fachada operando simultáneamente en Tijuana y Medellín, con las que aparentaba actividad comercial legal mientras, de acuerdo con las pesquisas, canalizaba recursos hacia contrapartes constituidas en territorio estadounidense. El caso se suma a otros expedientes que exponen la sofisticación financiera del crimen organizado transnacional, en la línea de lo documentado por la FGR con el aseguramiento de 13 toneladas de cigarros apócrifos y droga en la Ciudad de México.
Durante el registro de la vivienda, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía incautó cuatro computadoras, dos tabletas, siete discos duros, seis celulares, dos memorias USB, agendas y documentación contable, material que las autoridades judiciales colombianas describen como clave para reconstruir la arquitectura financiera de la célula.
Informes remitidos a las autoridades colombianas por el FBI, los U.S. Marshals y la oficina de la DEA en México señalan que Chacón cuenta con antecedentes en EU por agresión agravada con arma de fuego, infracciones al control de armas y secuestro con fines de extorsión. De acuerdo con esos registros, en 2015 fue identificado como integrante activo de la Mexican Mafia, organización carcelaria y urbana surgida en cárceles estadounidenses que, según esas mismas fuentes, mantiene vínculos operativos con carteles mexicanos, en particular con el CJNG.
Pagos de hasta 15 mil dólares por blindaje
La Fiscalía colombiana documentó, según las diligencias, pagos mensuales de entre 10 mil y 15 mil dólares que Chacón habría realizado a estructuras criminales locales —el Grupo de Delincuencia Organizada «La Terraza» y subestructuras del Clan del Golfo— a cambio de custodia de cargamentos de estupefacientes, protección territorial y esquemas personales de seguridad. Las autoridades detectaron además un anillo de seguridad privado integrado por policías retirados y el uso de al menos dos automóviles blindados de alta gama para sus desplazamientos en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Según informes clasificados suministrados a las autoridades colombianas, «Chacón cuenta con un abultado expediente en Estados Unidos por delitos de alta peligrosidad, entre los que se destacan agresión agravada con arma de fuego, infracciones severas al control de armas y secuestro de adultos para exigencias económicas», según reporte de las agencias federales de EU.
La expansión del CJNG hacia el sur del continente no es nueva: la organización, con base en Jalisco, figura desde hace años entre los objetivos prioritarios de la cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses, y su articulación con estructuras colombianas replica el patrón de alianzas transnacionales que antes tejió el Cártel de Sinaloa en rutas de metanfetamina hacia África y Australia.
Chacón fue puesto a disposición de Migración Colombia para definir su situación migratoria, trámite previo a una eventual solicitud de extradición hacia EU, donde es requerido por la justicia. La captura, según las autoridades en la capital antioqueña, fue resultado de la acción conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia inició el análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados con el propósito de determinar el alcance de la red de lavado de activos y su conexión con otras estructuras del CJNG en el país. El resultado de esas pericias, según la propia Fiscalía, será determinante para precisar cargos adicionales antes de que se resuelva el estatus migratorio y judicial del detenido.