La pieza pertenece al género de opinión, distinto de la información factual, y expresa una postura editorial particular sobre el estado de las instituciones bajo la actual administración. Su difusión, sin embargo, se produce en un contexto en que la calidad democrática del país continúa siendo objeto de escrutinio por parte de organismos internacionales, sectores académicos y actores locales.
Bukele, presidente desde junio de 2019 y reelegido en las elecciones de febrero de 2024, ha mantenido a lo largo de su gestión altos niveles de aprobación ciudadana, según encuestadoras locales que de forma sostenida han medido cifras de respaldo superiores al 80%, un fenómeno inusual en la historia política reciente de Centroamérica.
La reelección presidencial fue posible tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Sala, integrada por magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista después de la remoción de sus antecesores en mayo de 2021, determinó que el marco constitucional no impedía la postulación de un mandatario en ejercicio bajo ciertas condiciones. La oposición y sectores del gremio jurídico calificaron esa interpretación como contraria al texto vigente desde 1983, mientras que el oficialismo la defendió como una lectura legítima del ordenamiento.
El régimen de excepción, en vigor de manera ininterrumpida desde marzo de 2022 y prorrogado por la Asamblea Legislativa, constituye otro de los ejes centrales del debate público. La medida suspende garantías constitucionales como la inviolabilidad de la correspondencia y amplía el plazo de detención administrativa. Según cifras oficiales del Órgano Ejecutivo, ha permitido la captura de más de 80,000 personas señaladas de pertenecer a estructuras de pandillas, en un esfuerzo al que el Gobierno atribuye la reducción sostenida de homicidios reportada por la Policía Nacional Civil (PNC) desde 2023.
Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han documentado denuncias de detenciones arbitrarias y fallecimientos de personas privadas de libertad durante la vigencia de la medida. El Gobierno ha rechazado de manera reiterada esos señalamientos, al sostener que las capturas se ajustan al marco legal aprobado por el Legislativo y que los casos denunciados son objeto de revisión individual por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución constitucional encargada de velar por las garantías fundamentales, ha emitido en los últimos años informes que consignan un número creciente de quejas vinculadas al régimen de excepción. Su capacidad de incidencia, no obstante, carece de mecanismos coercitivos frente al Órgano Ejecutivo, una limitación propia de su diseño institucional como magistratura de persuasión.
Una mayoría legislativa sin contrapeso efectivo
En el plano legislativo, la bancada de Nuevas Ideas controla una mayoría amplia de las 60 curules de la Asamblea Legislativa desde las elecciones de 2021, situación que se mantuvo tras los comicios de febrero de 2024. Ese predominio en el Salón Azul ha permitido al Ejecutivo impulsar reformas sin necesidad de negociación significativa con las fracciones minoritarias. La aprobación mensual de las prórrogas del régimen de excepción es el ejemplo más recurrente de esa dinámica.
Un antecedente relevante en la historia política salvadoreña reciente es la presidencia de Francisco Flores, entre 1999 y 2004, cuya gestión enfrentó años después cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos que derivaron en procesos ante la Corte de Cuentas de la República y la FGR, en un contexto institucional distinto y previo a la actual configuración del sistema de justicia. El caso ilustra el papel que corresponde a los órganos de fiscalización, hoy en el centro del debate sobre independencia de poderes.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado en informes previos al Gobierno salvadoreño información detallada sobre las personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción, así como garantías de debido proceso para los detenidos. Según las constancias públicas de dichos organismos, las autoridades han respondido de manera parcial a esos requerimientos.
El Gobierno, por su parte, ha defendido su gestión al señalar los resultados en materia de seguridad pública como el principal indicador de su administración, argumento sustentado en las cifras oficiales de homicidios, aunque cuestionado por organizaciones que reclaman mayor transparencia en la metodología de conteo utilizada.
De cara a los próximos meses se prevé que la Asamblea Legislativa continúe prorrogando el régimen de excepción, como ha ocurrido de manera consecutiva desde marzo de 2022, mientras organismos de derechos humanos y sectores de oposición mantienen su exigencia de una revisión judicial de los casos de detención registrados durante su vigencia.
El siguiente hito electoral serán las elecciones municipales y legislativas previstas para 2027, en las que volverá a medirse el respaldo ciudadano a la fórmula de gobierno impulsada desde 2019 y en las que la oposición confía en recuperar espacios de representación en el Salón Azul.
