Los lineamientos, derivados del marco regulatorio en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, fijan obligaciones para los concesionarios de radio y televisión sobre el trato a las audiencias, con mecanismos de queja y sanción administrativa. Curzio advirtió que su diseño empujaría al autocontrol de los propios concesionarios y buscaría, en sus palabras, quitarle "los espolones" al periodismo crítico, de investigación y de opinión.
"Yo creo que la idea que alienta estos lineamientos es crear un ecosistema todavía más benigno para el gobierno", señaló el analista, quien vinculó la medida con un clima donde, dijo, se buscaría reducir la cobertura de escándalos y señalamientos de corrupción y fomentar la autocensura entre los concesionarios. A su juicio, esa dinámica "va a poner a temblar a un montón de concesionarios".
El comunicador describió un sistema de incentivos: los medios que ajusten su cobertura a una línea más favorable al gobierno evitarían problemas burocráticos y obtendrían beneficios, mientras los críticos enfrentarían mayor asedio. "Tendrás no solamente una vida sin problemas burocráticos, nadie te sacará tarjeta amarilla ni nada que se le parezca, y además tendrás dinero", ejemplificó, para concluir que el objetivo es un "ecosistema mediático completamente pro 4T".
Curzio comparó el escenario con "la Venezuela chavista", donde, según su lectura, predomina "la uniformidad de que todo es perfecto". Sostuvo que "la función de un gobierno en una sociedad abierta no es estar regulando a los medios de comunicación" y calificó los lineamientos como "un grave retroceso a los años 70 en el país". "Los gobiernos populistas quieren tener una sola voz, la propia, y en eso demuestran que su esencia democrática es cuando menos pobre", afirmó.
El precedente de Echeverría y López Portillo
El propio analista situó el antecedente en los gobiernos priistas de Luis Echeverría y José López Portillo, en los años setenta, cuando el control sobre el papel periódico —canalizado a través de la paraestatal Productora e Importadora de Papel (Pipsa)— operó como mecanismo de presión sobre las publicaciones críticas. "Estos lineamientos recuerdan los tiempos del viejo PRI", dijo Curzio, quien evocó el episodio en que se retiró la publicidad oficial a la revista Proceso, resumido en la frase atribuida a López Portillo: "No pago para que me peguen". Aquel periodo es referencia obligada en la historia de las relaciones entre el poder y la prensa en México.
Curzio enlazó el debate con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó haber dicho que no destina publicidad oficial a determinados medios: "Yo no le doy un centavo a EL UNIVERSAL ni a Reforma, ni a Azteca". El analista interpretó esa postura como una reedición contemporánea de las tensiones entre gobierno y prensa que marcaron administraciones priistas anteriores.
El trasfondo institucional incluye la desaparición del organismo autónomo que regulaba las telecomunicaciones, cuyas funciones fueron trasladadas al ámbito del Ejecutivo federal en el marco de la reforma administrativa del sexenio. Ese cambio, que Curzio describió como la extinción de "la autonomía del instituto que regulaba las telecomunicaciones", ha sido señalado por especialistas del sector como un punto de inflexión en la autonomía regulatoria en la materia.
Del lado del gobierno, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, ha negado la existencia de una "lista negra" de periodistas y ha sostenido que la información presentada corresponde a un análisis de un ecosistema digital y no a un mecanismo de persecución. Esa posición contrasta con la lectura de analistas como Curzio, que interpretan la coincidencia temporal entre ese análisis y los nuevos lineamientos como parte de una misma estrategia. El gobierno ha rechazado en distintas ocasiones que su intención sea censurar a los medios.
Cómo entran en vigor y qué sigue
El marco vigente establece que los lineamientos deben ser aprobados por la autoridad reguladora en materia de telecomunicaciones y publicados en el Diario Oficial de la Federación antes de su entrada en vigor. Su aplicación efectiva dependerá de la interpretación que la autoridad haga de conceptos como veracidad, imparcialidad y equilibrio informativo, criterios que en otros países de América Latina con marcos similares han derivado en litigios entre concesionarios y reguladores.
La discusión sobre el papel regulador del Estado en los medios no es exclusiva de México: en la región, procesos de reconfiguración normativa del sector audiovisual en países como Argentina, Ecuador y Venezuela han tenido resultados dispares en materia de pluralismo, un debate que también ha ocupado a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ahora, el desenlace queda sujeto a los tiempos de la autoridad reguladora y a la reacción de los concesionarios, en un escenario en el que la relación entre el gobierno federal y los medios críticos ha sido tema recurrente en la mañanera. La forma en que se apliquen los lineamientos —y sus eventuales sanciones— marcará el alcance real de un debate que Curzio resumió como "una declaración de guerra" y que el gobierno defiende como protección de las audiencias.