El instrumento se inscribe en la arquitectura financiera que la Unión Europea ha construido desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, para sostener la capacidad de defensa de Kiev sin recurrir en cada partida a fondos nacionales directos que exijan la unanimidad de los Veintisiete. El préstamo de 90.000 millones, aprobado por el Consejo Europeo tras meses de bloqueo por parte de Hungría, complementa a mecanismos anteriores como el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que había topado con límites presupuestarios y con la oposición reiterada del Gobierno de Viktor Orbán.
El desbloqueo del crédito llegó acompañado de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, después de que Budapest retirara su veto. Hungría había condicionado su apoyo a garantías sobre el suministro energético y a la revisión de cláusulas relativas al proceso de adhesión de Ucrania a la UE, un extremo que Orbán ha defendido como una cuestión de soberanía nacional frente a lo que califica de escalada bélica impulsada desde Bruselas. Eslovaquia, bajo el Gobierno de Robert Fico, ha expresado reservas similares sobre el uso de fondos comunitarios para fines militares, aunque no bloqueó finalmente la aprobación en el Consejo.
Qué financia el desembolso y con qué respaldo jurídico
Entre el equipamiento financiado figuran sistemas de defensa aérea, misiles de precisión y una partida específica para la adquisición de cazas Gripen, de fabricación sueca, que Kiev ha solicitado de forma reiterada para reforzar una flota aérea mermada tras más de cuatro años de guerra. El Gripen, operado entre otros por Suecia, Hungría y República Checa, ha sido presentado por fabricantes y gobiernos europeos como una alternativa de mantenimiento más sencillo frente a los F-16 que Ucrania opera desde 2024.
La cifra prevista para 2026, 28.300 millones de euros, representa una fracción sustancial del crédito global de 90.000 millones aprobado por el Consejo, lo que apunta a un ritmo de ejecución acelerado. De sostenerse, ese ritmo situaría a la Unión Europea como principal proveedor de financiación militar a Ucrania por delante de las aportaciones bilaterales de Estados Unidos, cuya administración ha reducido su compromiso directo desde el cambio de ciclo político en Washington.
El mecanismo se apoya en los activos rusos inmovilizados en instituciones financieras europeas tras las sanciones de 2022, cuyos rendimientos —y, en determinados escenarios, el propio principal— sirven de garantía o fuente de repago del préstamo. Esta fórmula ha generado dudas jurídicas en varios Estados miembros, entre ellos Bélgica, sede de Euroclear, la depositaria donde se concentra buena parte de esos fondos congelados. Bruselas defiende la vía sobre el principio de que quien causó el daño debe sufragar la reconstrucción.
Bélgica ha reclamado en distintas reuniones del Consejo garantías adicionales frente a posibles represalias legales rusas y a la responsabilidad que podría derivarse si Moscú impugna la medida ante tribunales internacionales. El Kremlin ha calificado en reiteradas ocasiones la utilización de esos activos como una confiscación ilegal y ha advertido de que estudiará medidas de reciprocidad contra bienes occidentales en su territorio, sin concretar hasta la fecha represalias específicas de calado.
El desembolso requiere distinguir dos umbrales de decisión fijados en los tratados: las sanciones exigen unanimidad de los Veintisiete —de ahí la relevancia del levantamiento del veto húngaro—, mientras que determinados tramos del préstamo pueden aprobarse por mayoría cualificada en el Consejo. La Comisión deberá remitir al Parlamento Europeo y al Consejo informes periódicos de ejecución sobre el destino de cada partida, en cumplimiento de los controles presupuestarios recogidos en el Reglamento Financiero de la UE.
Un salto de escala sin precedentes en la defensa común
Desde su origen como proyecto de integración económica en los años cincuenta, la Unión Europea no había desplegado un instrumento de financiación militar conjunta de esta magnitud, lo que convierte al préstamo en un hito dentro de un proceso más amplio de europeización de la política de defensa. Ese proceso se aceleró tras la invasión de 2022 e incluye también el fondo SAFE para rearme aprobado por la Comisión a comienzos de 2026.
El gasto en defensa conjunto de los Veintisiete ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Según datos de la Agencia Europea de Defensa, la inversión militar combinada de los Estados miembros superó el 1,9% del PIB agregado en 2025, frente a poco más del 1,3% registrado en 2021. La cifra sigue por debajo del objetivo del 2% fijado por la OTAN, al que la mayoría de los socios europeos se han comprometido en las sucesivas cumbres de la Alianza.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha agradecido en varias intervenciones ante el Parlamento Europeo el respaldo financiero de Bruselas, al que ha calificado de determinante para sostener tanto el frente militar como el funcionamiento básico del Estado, cuyo presupuesto depende en proporción notable de la ayuda exterior desde el inicio de la guerra. Fuentes del Gobierno ucraniano han insistido en que la rapidez de los desembolsos resulta tan relevante como su volumen, dado el desgaste de las líneas de suministro en un conflicto de atrición prolongado.
De cara a los próximos meses, esos informes de ejecución, la evolución del frente y el resultado de eventuales negociaciones de alto el fuego condicionarán el ritmo de los próximos tramos previstos dentro de los 90.000 millones comprometidos. Con 5.000 millones ya movilizados en junio y julio y 28.300 millones planificados para el conjunto de 2026, el calendario sitúa a Bruselas ante la prueba de mantener el desembolso sin choques jurídicos con los Estados miembros donde reposan los activos rusos que sostienen el mecanismo.
