El proyecto y el territorio en disputa
La laguna de Divjakë-Karavasta, situada en la costa adriática albanesa a unos 120 kilómetros al suroeste de Tirana, forma parte del Parque Nacional homónimo y alberga una de las colonias de pelícano dálmata más grandes del Mediterráneo, además de poblaciones estacionales de flamenco común. El humedal está inscrito desde 1994 en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar —tratado intergubernamental de 1971 del que Albania es parte— y está catalogado como zona Emerald, el equivalente a la Red Natura 2000 de la UE para países candidatos.
En este enclave, la empresa Trump Organization, a través de una filial local denominada Trump Albania, anunció en 2023 el desarrollo de un complejo turístico de alta gama que incluiría hotel, residencias privadas, campo de golf y puerto deportivo. El proyecto se presentó inicialmente con el respaldo del Gobierno del primer ministro Edi Rama, que lleva en el poder desde 2013 y ha apostado por el turismo de lujo como palanca de desarrollo económico. La aprobación de los permisos de construcción en una zona con protección especial es el nudo central de la investigación de la SPAK.
La 'Revolución de los flamencos': presión ciudadana inédita
Las movilizaciones que se han registrado en Albania a raíz del proyecto no tienen precedente directo en la historia reciente del país. Desde la caída del régimen de Enver Hoxha en 1991 y la transición caótica de los noventa —que culminó en la crisis de los fondos piramidales de 1997, con más de 2.000 muertos según datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa—, la sociedad civil albanesa ha mostrado históricamente una capacidad de movilización limitada frente al ejecutivo. La 'Revolución de los flamencos' rompe ese patrón: convoca a vecinos, ecologistas, juristas y partidos de oposición bajo una misma demanda, la paralización inmediata de las obras y la apertura de una investigación independiente.
El nombre elegido por los manifestantes no es casual: los flamencos son el símbolo más visible de la biodiversidad de Karavasta y su imagen ha circulado masivamente en redes sociales para ilustrar la contradicción entre el discurso oficial de adhesión europea —que exige altos estándares medioambientales— y la realidad sobre el terreno. La oposición parlamentaria liderada por el Partido Democrático ha presentado una interpelación urgente al Gobierno exigiendo la suspensión cautelar de todas las licencias concedidas.
El marco jurídico europeo y su aplicación a países candidatos
Para comprender la advertencia de Bruselas es necesario entender el mecanismo de adhesión. Albania obtuvo el estatus de candidato oficial en 2014 y abrió formalmente los capítulos de negociación en 2022. El proceso se rige por el Marco de Negociación aprobado por el Consejo de la UE, que establece que los países candidatos deben alinear su legislación con el acervo comunitario —el conjunto de normas y tratados de la UE— antes de la adhesión. El capítulo 27 del acervo, dedicado a medio ambiente y cambio climático, es uno de los más exigentes y, en la práctica, uno de los que más tiempo requieren.
La directiva de Hábitats (92/43/CEE) obliga a los Estados miembros a proteger los hábitats naturales y la fauna silvestre, y su espíritu se proyecta sobre los candidatos a través del proceso de screening. Aunque Albania no está formalmente vinculada por la directiva hasta su adhesión, la Comisión evalúa si la legislación y la práctica administrativa del candidato son compatibles con ella. Un proyecto de construcción masiva en una zona Emerald, equivalente funcional de un espacio Natura 2000, envía una señal de incompatibilidad que la Comisión no puede ignorar sin comprometer su propia coherencia institucional.
La posición de la Comisión Europea y el Gobierno albanés
Fuentes de la Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG NEAR) han confirmado a medios europeos que el expediente albanés ha sido revisado a la luz del proyecto Trump y que el informe de progreso anual —que la Comisión publica cada otoño y que sirve de termómetro oficial del proceso— incluirá una valoración específica sobre el cumplimiento de los compromisos medioambientales. El informe de 2023, publicado en octubre de ese año, ya señalaba 'preocupaciones serias' respecto a la protección de espacios naturales en Albania, aunque sin mencionar el proyecto Trump de forma explícita.
El Gobierno de Edi Rama ha respondido con una estrategia de doble mensaje. En declaraciones ante el Parlamento albanés, el primer ministro defendió el proyecto como 'inversión legítima que generará empleo y divisas' y rechazó que suponga ningún incumplimiento de los compromisos europeos, aduciendo que las licencias se otorgaron conforme a la legislación nacional vigente. Al mismo tiempo, sus portavoces trasladaron a medios europeos que el ejecutivo está 'analizando las observaciones de Bruselas' y no descarta 'ajustes técnicos' en el diseño del complejo. La SPAK, fiscalía creada en 2019 precisamente bajo presión de la UE para combatir la corrupción sistémica, no ha hecho declaraciones públicas sobre el estado de la investigación, algo habitual en su protocolo de actuación.
Albania en el mapa europeo: candidatura, geopolítica y dependencias
El caso no puede leerse al margen de la geografía estratégica de los Balcanes Occidentales. Albania comparte frontera terrestre con Grecia —Estado miembro de la UE—, Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro, y tiene acceso al Adriático frente a la costa italiana. Su posición en el flanco sur de la OTAN, de la que es miembro desde 2009, le otorga un valor geopolítico que Tirana ha sabido capitalizar en sus negociaciones con Occidente, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reactivó el interés europeo por anclar a los Balcanes en la órbita comunitaria.
El PIB albanés, según datos del Banco Mundial correspondientes a 2023, rondaba los 22.000 millones de dólares, con una renta per cápita de aproximadamente 7.600 dólares, muy por debajo de la media de la UE-27, que Eurostat cifró ese año en torno a 32.000 euros. La economía depende en una proporción elevada de las remesas de la diáspora —estimadas por el Banco de Albania en torno al 9% del PIB— y del turismo, lo que explica la sensibilidad del Gobierno ante proyectos de inversión exterior de alto perfil. La perspectiva de adhesión, por su parte, funciona como ancla reformadora: la Comisión puede acelerar o frenar los capítulos negociadores en función del cumplimiento de condicionantes.
En este contexto, el precedente más cercano es el de Montenegro, que en 2020 vio paralizado temporalmente el avance de su proceso de adhesión por deficiencias en el Estado de derecho. La lección que extrajeron los demás candidatos es que Bruselas sí usa el freno cuando considera que los compromisos no se cumplen, aunque los plazos finales de adhesión son siempre inciertos: ningún país de los Balcanes Occidentales ha completado aún el proceso iniciado en la década de 2000.
Qué ocurre a partir de ahora: plazos e hitos
El calendario inmediato presenta varios hitos. La Comisión publicará previsiblemente en el cuarto trimestre de 2025 su informe anual de progreso sobre Albania, que actuará como primer veredicto formal del impacto del caso sobre la candidatura. Si el informe recomienda la congelación de algún capítulo —especialmente el 27 de medio ambiente— el Consejo de la UE tendría que pronunciarse, lo que implica a los Estados miembros y añade una dimensión política de mayor calado.
En el plano judicial albanés, la SPAK tiene competencia para investigar tanto a cargos públicos como a particulares en casos de corrupción vinculados a decisiones administrativas. Si la fiscalía concluye que los permisos se otorgaron de forma irregular, podría derivar en la nulidad de las licencias y, eventualmente, en acusaciones formales contra funcionarios o intermediarios.
Para la ciudadanía albanesa, el desenlace del caso tiene una dimensión simbólica que trasciende lo urbanístico: es la primera vez que una movilización social de escala nacional en el país pone directamente en el centro del debate la coherencia entre el discurso de integración europea y las decisiones concretas del Gobierno. Bruselas, consciente de ello, ha optado por una advertencia pública en lugar del silencio diplomático, una señal de que el proceso de ampliación —después de años de parálisis— vuelve a tener consecuencias reales para quienes lo incumplen.
