Para sostener el crecimiento proyectado hacia 2030 sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional, la industria estima que se requeriría una potencia de reserva de al menos 2,000 MW, adicional a los 1,500 MW de meta operativa. Esa cifra equivale a varias veces la capacidad actualmente instalada para este uso específico y obligaría a una planificación de generación, transmisión y distribución que, de acuerdo con el diagnóstico del sector, hoy no está garantizada.
Carlos Forero, director de operaciones de la empresa Odata, sostuvo que la clave está en abrir el mercado energético y facilitar que las generadoras desarrollen esa capacidad con mayor rapidez. "Hay que abrir el mercado y facilitar que las empresas generales de energía desarrollen esa generación", señaló Forero, quien advirtió que, ante la falta de una respuesta ágil, la inversión internacional podría voltear hacia otros mercados de la región. Su señalamiento apunta a una discusión de fondo en el sector eléctrico mexicano: la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del marco regulatorio vigente para habilitar en tiempo la potencia adicional que exige el cómputo intensivo, el entrenamiento de inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube.
Brasil concentra 40% de la inversión regional
Brasil aparece como el mercado más consolidado de la región. Según un análisis de la firma White & Case, el país concentraría alrededor de 40% de la inversión destinada a centros de datos en Latinoamérica, apoyado en un mercado energético abierto a nuevos proyectos de generación y en una infraestructura de energía y agua que el propio informe describe como confiable para las operaciones de hiperescala. El crecimiento brasileño no se limita a las grandes instalaciones: el mismo documento señala que "Brasil está experimentando un auge en los centros de datos periféricos, es decir, instalaciones más pequeñas y personalizadas que dan servicio a clientes específicos con proyectos de energía dedicados".
A ese dinamismo se suma el respaldo regulatorio. En mayo de 2025, según el análisis de White & Case, el gobierno brasileño anunció la legislación conocida como Redata, que ofrece incentivos fiscales para la importación de equipos con el objetivo declarado de atraer más capital extranjero al sector.
Chile mantiene una capacidad instalada menor a la mexicana —unos 140 MW frente a los cerca de 280 MW que opera México, según las cifras disponibles—, pero se ha posicionado como destino atractivo por la estabilidad de su entorno, la disponibilidad de talento especializado y una matriz energética cercana al 100% renovable, con predominio solar y eólico. Soledad Vogliano, investigadora del grupo ETC —organización que monitorea el impacto de tecnologías emergentes—, declaró al medio Mongabay que la cercanía de Chile con los puntos de entrada de cables submarinos de fibra óptica constituye otra ventaja para la operación de estos centros. Al mismo tiempo, advirtió que esa infraestructura submarina genera conflictos con comunidades locales, que reclaman la ausencia de consultas públicas previas a su instalación.
Colombia compite por costos de construcción
Colombia se perfila como otro polo de crecimiento gracias a una red de 12 cables submarinos, lo que la ubicaría como el segundo país con mejor infraestructura de este tipo en la región, únicamente detrás de Brasil. Un análisis de la consultora Turner & Townsend, denominado Data Center Construction 2025, identifica cinco condiciones favorables para el desarrollo de la industria colombiana, entre ellas la eficiencia en costos de construcción.
Según ese estudio, levantar un centro de datos en Colombia costaría alrededor de 1,265 dólares por metro cuadrado, una cifra inferior a la de otras capitales sudamericanas, donde el costo supera los 1,400 dólares e incluso llega a los 1,900 dólares por metro cuadrado. La diferencia, sumada a la conectividad, coloca al país en posición competitiva frente a otras plazas que buscan captar inversión tecnológica.
La discusión sobre la apertura del mercado eléctrico a nuevos generadores no es nueva en México. Desde la reforma energética de 2013-2014, impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta la reforma constitucional en materia energética aprobada en 2024 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el papel de la CFE frente a la generación privada ha sido objeto de disputa política y jurídica, con implicaciones directas sobre la velocidad a la que pueden aprobarse y conectarse nuevos proyectos destinados a usos intensivos como los centros de datos. El contraste con los tres mercados sudamericanos coloca en el centro del debate la capacidad del sistema eléctrico nacional para responder a tiempo.
El diagnóstico del sector coincide con un periodo en que el gobierno federal ha impulsado la atracción de inversión productiva y la integración industrial con América del Norte bajo el T-MEC, el tratado que sustituyó al TLCAN en 2020. Los centros de datos figuran entre los segmentos con mayor potencial de crecimiento por la ubicación de México como frontera terrestre con Estados Unidos, aunque su despliegue depende de la disponibilidad de energía para grandes consumidores, un factor que en años recientes ha mostrado tensiones en la red de transmisión, particularmente en el norte del país.
De cara a 2030, la brecha entre la meta de 1,500 MW y los 279 MW actualmente en operación plantea un desafío de magnitud considerable para la Secretaría de Energía y la CFE, que deberán definir en los próximos periodos si facilitan permisos y contratos de interconexión a un ritmo que permita a México competir con los incentivos fiscales y la apertura regulatoria que ya exhiben Brasil, Chile y Colombia. La velocidad de esa respuesta, según coinciden los análisis citados por el sector, determinará si el país capitaliza su cercanía con Estados Unidos o si la inversión continúa desplazándose hacia otros mercados de la región.