El cierre se ubica en una de las vialidades de mayor tránsito del oriente de la Ciudad de México, cruce que conecta Iztapalapa con Coyoacán y Xochimilco. La protesta generó afectaciones viales en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas mientras continuaban las negociaciones con los inconformes.
Los manifestantes señalaron que Katherine Saori Quiroz desapareció el día previo en Chalco de Covarrubias y demandaron la presencia de autoridades ministeriales en el punto de la protesta. Hasta el momento no se había informado sobre la llegada de representantes de la fiscalía ni sobre el tiempo que permanecería cerrada la vialidad. Tampoco se dio a conocer un canal formal de diálogo entre los inconformes y alguna autoridad.
El caso plantea una cuestión de competencias entre dos entidades: la desaparición se reporta en el Estado de México, cuya Fiscalía General de Justicia sería la responsable de la carpeta de investigación por el fuero común, mientras que el bloqueo se desarrolla en territorio de la Ciudad de México. Esa coordinación entre fiscalías de distintas demarcaciones ha sido señalada de forma recurrente por colectivos de familiares como uno de los puntos críticos de la respuesta institucional cuando la desaparición ocurre en un municipio y la familia protesta en otro.
Los mecanismos de búsqueda inmediata
La búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas se rige en México por el Protocolo Alba y por la Alerta Amber, herramientas de activación inmediata cuya operación corresponde a la fiscalía del lugar donde se reporta el hecho. La primera opera para la localización de mujeres desaparecidas y la segunda, específicamente para menores de edad; ambas contemplan la difusión pública de la ficha de búsqueda y el despliegue de operativos en las primeras horas. Las organizaciones de familiares subrayan de manera constante que las primeras 72 horas son la ventana crítica para una localización con vida.
El Estado de México figura de forma recurrente entre las entidades con mayor número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas del país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ese contexto explica, en parte, la reiteración de movilizaciones vecinales en la zona metropolitana del Valle de México ante lo que los inconformes perciben como lentitud en la respuesta de las autoridades.
La familia y los vecinos que sostienen el bloqueo no han presentado señalamientos formales contra personas concretas. Su exigencia se concentró en la presencia física de autoridades ministeriales en el lugar y en la intensificación de los operativos de búsqueda, más que en el avance de una causa penal.
El uso de bloqueos viales como forma de presión ante casos de desaparición tiene precedentes en la capital y su zona conurbada. Un antecedente notorio fue la desaparición y feminicidio de Fátima Cecilia Aldrighett, una niña de siete años en Tláhuac en febrero de 2020, que derivó en semanas de protestas y en la exigencia de una revisión de los protocolos de búsqueda de menores en la Ciudad de México. Aquel episodio, ampliamente documentado, marcó un punto de inflexión en la discusión pública sobre los tiempos de respuesta de las fiscalías.
Estas movilizaciones han generado tensiones con las autoridades de movilidad, que suelen privilegiar el diálogo antes de recurrir a un desalojo, medida que organizaciones de derechos humanos han cuestionado cuando se aplica sin negociación previa. En el caso de Iztapalapa, la protesta se mantenía sin que se reportara intervención de la fuerza pública.
El desenlace del bloqueo dependerá, según los propios manifestantes, de que se concrete la presencia de autoridades ministeriales en el punto de la protesta. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o su contraparte capitalina emitan un pronunciamiento sobre el estatus de la búsqueda y sobre la eventual apertura de una carpeta de investigación.