La intervención, calificada como de «urgencia moderada» por el equipo quirúrgico, abordará una obstrucción intestinal que Villarejo arrastra desde hace semanas y que ha provocado la suspensión de las últimas dos sesiones del juicio Kitchen. La operación durará entre dos y tres horas según las estimaciones del cirujano, y la convalecencia prevista oscila entre cinco y diez días dependiendo de las complicaciones. La defensa de Villarejo presentó anoche un escrito solicitando una suspensión del juicio de tres semanas para permitir la recuperación completa, pero el tribunal de la Audiencia Nacional no se pronunciará hasta el miércoles.
La cirugía de Villarejo tiene consecuencias procesales que van más allá de Kitchen. Si la suspensión de tres semanas prospera, la reanudación del juicio no se produciría hasta el 9 de junio, lo que retrasaría el calendario del macrocaso Tándem — del que Kitchen es una pieza — y alargaría la instrucción de al menos cuatro piezas adicionales que dependen del testimonio del excomisario. Los abogados de las acusaciones populares han expresado su «preocupación» por lo que consideran una estrategia dilatoria sistemática de Villarejo, que acumula ya siete solicitudes de aplazamiento en las 16 sesiones celebradas.
En la sesión 17, aplazada ahora al miércoles, estaba previsto el examen de la prueba documental sobre los registros de acceso a los dispositivos electrónicos de Villarejo. El informe pericial presentado la semana pasada por la defensa documentaba «discontinuidades» en la cadena de custodia — intervalos de horas en los que no consta quién tuvo acceso al teléfono móvil y al ordenador portátil del acusado — que, si se confirman, podrían invalidar una parte significativa de la prueba digital. La Fiscalía ha preparado un contrainforme del Instituto Nacional de Ciberseguridad que defiende la integridad de los registros, pero reconoce que «existen lagunas documentales que no afectan al contenido pero sí al protocolo de custodia».
Mientras Villarejo yace en el quirófano de Majadahonda, en un despacho del número 8 de la calle Serrano, tres abogados del equipo de Begoña Gómez trabajan contra reloj en el recurso que presentarán ante la Audiencia Provincial de Madrid antes del viernes 23 de mayo. El auto de Peinado, que rechazó el archivo de la causa la semana pasada, mantiene cuatro delitos — tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida — que suman hasta doce años de prisión y que conducirán a un juicio con jurado popular si la Audiencia Provincial confirma la decisión del instructor.
La estrategia de la defensa de Gómez se articulará en torno a dos ejes. El primero es la falta de proporcionalidad: la instrucción se ha prolongado durante más de un año sin que se hayan agotado las diligencias, lo que la defensa considera una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El segundo es la vulneración del derecho a la intimidad: al menos tres documentos del sumario — correos electrónicos entre Gómez y empresarios — fueron filtrados a medios de comunicación antes de que la defensa tuviera acceso a ellos, lo que constituye un quebranto del secreto sumarial que podría afectar a la imparcialidad del futuro jurado.
Los más próximos a la defensa consideran que la Audiencia Provincial podría retirar los cargos de malversación y apropiación indebida — los más débiles según la doctrina — y mantener el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, lo que reduciría significativamente la pena potencial. Los más próximos a la acusación replican que Peinado ha construido una instrucción sólida que la Audiencia no va a desmontar sin motivo procesal grave, y que el juicio con jurado popular es ya «prácticamente inevitable».
El caso Begoña Gómez añade una capa de complejidad personal a la semana judicial del PSOE que no tienen los otros dos casos. Koldo afecta a un exministro que ya no ocupa cargo; Kitchen afecta a un excomisario que lleva años fuera del cuerpo; pero Begoña Gómez es la esposa del presidente del Gobierno en ejercicio. Un juicio con jurado popular a la esposa de un presidente en funciones no tiene precedentes en la democracia española ni, hasta donde los constitucionalistas consultados recuerdan, en ninguna democracia europea occidental. El precedente más cercano es el juicio a Silvio Berlusconi en Italia, pero Berlusconi era el acusado directo, no un familiar.
La Fiscalía mantiene su posición de que no hay indicios suficientes para sostener la acusación, pero el juez instructor ha decidido que las pruebas son suficientes para ir a juicio, y la ley otorga al instructor la última palabra en la fase de instrucción. El recurso ante la Audiencia Provincial es, procesalmente, la última oportunidad de evitar el juicio antes de que este se celebre. Si la Audiencia confirma el auto de Peinado, solo quedaría la vía del recurso ante el Constitucional, cuya tramitación podría prolongarse durante meses o años.
Al cierre de esta edición, el mapa judicial del poder queda configurado con una precisión quirúrgica que ningún guionista habría osado escribir. En el Supremo, Marchena delibera sobre la libertad de Ábalos. En la Audiencia Nacional, Kitchen espera a que Villarejo salga del quirófano. En Plaza de Castilla, Peinado envía a la esposa del presidente a juicio con jurado popular. Tres tribunales, tres causas, tres jueces, un solo ecosistema político. La justicia española no conspira — funciona con la lentitud de siempre —, pero cuando sus engranajes coinciden, el ruido es ensordecedor.
La semana judicial del PSOE tiene aún más capítulos pendientes. El miércoles, si Villarejo lo permite, la sesión 17 de Kitchen examinará la cadena de custodia. El viernes, la defensa de Begoña Gómez presentará su recurso ante la Audiencia Provincial. Y el mismo viernes — o quizá el jueves —, Marchena podría tener lista la sentencia del caso Koldo. Si eso ocurre, España vivirá en la misma semana la sentencia de un caso de corrupción gubernamental, la operación del acusado de otro caso de corrupción policial y la preparación de un juicio a la esposa del presidente. La democracia española ha demostrado ser resistente a muchas cosas, pero nunca antes se le había pedido que procesara tres crisis judiciales simultáneas contra el mismo lado del hemiciclo.
