Hay una coreografía reconocible en estos anuncios. Se presenta la beca como gesto de futuro, se invoca a la juventud panameña como destinataria y se cierra con una frase sobre las necesidades del país, esa entidad abstracta que nunca pide refrendo ni comparece ante la Contraloría General. Lo que falta, invariablemente, es el detalle: cuántos cupos, cuánto presupuesto, qué carreras, con qué criterio de selección. La forma es generosa; el contenido, por ahora, cabe en un titular.
El Ifarhu no es una entidad menor ni nueva en el radar de la fiscalización pública. El país arrastra memoria reciente de denuncias de malversación en esa misma institución, con programas de becas convertidos en caso emblemático de corrupción que derivaron en procesos ante el Ministerio Público. Ese antecedente explica por qué cualquier anuncio de becas, por loable que suene, debería venir acompañado de números verificables y no solo de intención declarada.
La partida que no se nombra
El país discute en paralelo cómo se distribuye el gasto público. Ya advertíamos en El presupuesto que nadie presupuestó que buena parte de las partidas estatales se mueven con una opacidad que dificulta el escrutinio ciudadano, y la beca recién anunciada no escapa a ese patrón: se presenta como oportunidad sin que conste de qué renglón del Presupuesto General del Estado sale el financiamiento ni qué vistas presupuestarias lo respaldaron.
Esa lógica de anuncio sin trazabilidad tiene parientes cercanos. La deuda pública panameña, de la que hablamos en La deuda que nadie inventarió, comparte con estas becas un rasgo de familia: se habla mucho del destino noble de los recursos y poco de su origen y su trazabilidad. Mientras tanto, en la Universidad de Panamá investigadores han tenido que pagar de su bolsillo tras congelarse fondos, según denunciaron en una columna sobre las trabas que frenan a los científicos de la Universidad de Panamá. La paradoja es elocuente: se anuncian becas para formar profesionales mientras quienes ya se formaron esperan que el Estado les pague lo prometido.
Panamá no tiene escasez de instituciones que prometan formación profesional ni de discursos sobre el capital humano como motor de desarrollo. Lo que históricamente ha escaseado es la ejecución sostenida y auditable de esas promesas, un déficit que no es privativo del Ifarhu: atraviesa buena parte del aparato estatal, desde la planilla estatal hasta los contratos que esperan el refrendo del contralor. La diferencia entre un anuncio y una política pública la marca precisamente eso que todavía no aparece: el dato duro.
Nada en lo comunicado por el instituto permite saber si estas becas representan una ampliación real de cupos respecto a años anteriores o si se trata de un relanzamiento de programas ya existentes. Tampoco se sabe si habrá vistas públicas sobre su ejecución o si el Ifarhu rendirá cuentas específicas sobre estos fondos ante la Asamblea Nacional, como correspondería a cualquier partida que aspire a credibilidad institucional.
La frase queda flotando con la elegancia de lo indemostrable: formar profesionales en áreas que responden a las necesidades del país. Es una frase que ningún diputado votaría en contra en el pleno, porque no dice nada que pueda votarse. Y ahí, exactamente ahí, es donde el anuncio deja de ser noticia para convertirse en materia de opinión: la de quienes llevamos suficientes ciclos de becas anunciadas como para preguntarnos cuántas de esas oportunidades llegarán a graduarse antes que el comunicado que las anunció.