Aceptemos también la segunda. Las entidades pidieron $182.2 millones en primas de antigüedad y el MEF recomendó $82.3 millones, de los cuales $48 millones son para el Gobierno Central, $25 millones para descentralizadas, $5.6 millones para empresas públicas y $3.7 millones para intermediarios financieros. Es prudente recomendar menos de lo pedido: para eso están las vistas presupuestarias. Una casa que no puede pagar todo prioriza, y el MEF prioriza. Nada que objetar por ahora. La brecha de $99.9 millones no es un desfalco: es aritmética de escasez.
Aceptemos la tercera, la más razonable de todas. Botacio propuso una salida elegante: trasladar al pago de primas los ahorros que las instituciones generan en su planilla estatal, y puso como ejemplo al propio MEF, que prevé un traslado de unos $3 millones por ese concepto. Es sensato. Si una institución deja de gastar en salarios que no ejecuta, ese dinero puede ir a saldar lo que se le debe a quien ya trabajó. La lógica es impecable. Guárdenla, porque volveremos a ella.
Y aceptemos la cuarta, que es casi conmovedora en su claridad. El mismo Botacio cuestionó que varias instituciones, en lugar de destinar esos ahorros a saldar la deuda con quienes ya dejaron el servicio público, los usen para crear nuevas posiciones y realizar nombramientos. Sus palabras exactas: «La mayoría de las instituciones lo que hacen es que ese ahorro de planilla crean nuevas posiciones». Concedámoselo entero. Es una denuncia honesta, hecha por el propio funcionario que administra el presupuesto. Reténganla también, junto a la anterior.
Hasta aquí, todo cierra. Un Estado que no sabe cuánto debe, que recomienda menos de lo pedido por prudencia, que propone financiar la deuda con los ahorros de planilla, y que a la vez confiesa que esos mismos ahorros se están usando para meter gente nueva. Cuatro premisas oficiales, todas suyas, todas aceptadas. Ahora júntenlas y observen qué figura dibujan cuando se las mira de cerca, que es lo que hacemos aquí los domingos.
Escribió Ricardo Miró que la patria es el recuerdo, «pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor». El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, lo tradujo a lenguaje presupuestario sin proponérselo: «Muchos de ellos no llegan a ver en vida estos compromisos que adquieren las instituciones con ellos». Es decir: hay una carrera entre el reporte que el MEF acaba de solicitar y la esperanza de vida del exfuncionario que espera cobrar. Y el reporte, según reconoció el propio Botacio, todavía no existe.
Aquí revienta la máquina, y revienta sola, con las piezas que ustedes mismos aportaron. Si el Estado no sabe a cuántos les debe, entonces la cifra recomendada de $82.3 millones no se calculó sobre la deuda real, sino sobre lo que cada institución alcanzó a estimar sin radiografía completa, como advirtió el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos: «Solo lo ven a nivel de cada institución por separado». Y si el ahorro de planilla que debía pagar a los que se fueron se está gastando en nombrar a los que llegan, entonces la solución elegante de Botacio compite, dentro de la misma institución, contra la práctica que Botacio denuncia. El plan de pago y el obstáculo al plan de pago conviven bajo un mismo techo, firmados por la misma mano. El caso del Ministerio de Seguridad lo ilustra sin piedad: pidió $76 millones y recibió $10 millones. La diferencia, dice el propio material, «seguirá pendiente». Pendiente de un censo que aún no se hace, sobre una deuda que arrastra pagos desde 2011.
Y entonces la conclusión que nadie firmaría, pero que sale limpia de sus cuatro premisas: el Estado ha convertido una prima de antigüedad —una semana de salario por cada año trabajado, reconocida por las leyes 39 y 127 de 2013— en una lotería de resistencia. No es que no haya dinero; es que hay dinero suficiente para nombrar posiciones nuevas y no para pagar posiciones viejas. La prima no se niega: se aplaza hasta que el acreedor, sencillamente, deje de ser un problema por causas naturales. Conviene recordar que en 2014, a pocos días de dejar el poder, el gobierno de Ricardo Martinelli reglamentó el pago mediante el Decreto Ejecutivo 52; que la administración de Juan Carlos Varela lo derogó poco después; que la Ley 23 de 2017 modificó el régimen sin eliminar el derecho; y que la Ley 241 de 2021 mantuvo la prestación pero excluyó a ministros, viceministros y directores de entidades autónomas y semiautónomas. Cada gobierno tocó la norma. Ninguno la ejecutó del todo. El derecho existe desde hace más de una década; el inventario, no. Pérez Barboni lo llamó por su nombre: una falla en la administración de la deuda. Nosotros lo diremos con las cuentas que ustedes trajeron: se les debe a personas concretas por servicios ya prestados, mientras el gasto en rubros como viáticos, alquileres y dietas sigue su curso, y el reporte que diría a cuántos se les debe todavía se está pidiendo.
Botacio ya señaló al culpable en abstracto: «la mayoría de las instituciones» que crean posiciones con el ahorro que debía pagar la prima. Pero la mayoría no firma nombramientos; los firman personas con nombre, entidad por entidad, la misma semana en que el Ministerio de Obras Públicas sustenta un presupuesto de más de $900 millones. Así que la pregunta que queda colgada no es cuánto se debe —eso ya sabemos que nadie lo sabe—, sino esta: ¿quién, en cada institución, decidió que era más urgente contratar a quien llega que pagarle a quien se fue?