Aceptemos también lo segundo, que es lo más elegante del acuerdo: el respaldo no llega gratis. A cambio del dinero, la universidad se compromete a apretarse. Reducir sobresueldos, eliminar direcciones duplicadas, revisar subdirecciones que antes no existían y cuyos titulares cobran casi como directores. Concedámoslo: no es lo habitual que quien pide auxilio ofrezca a la vez recortarse. Es más, el propio rector se puso de ejemplo y anunció que su sobresueldo de unos $3,000 podría bajar a la mitad. Un gesto. Los gestos, en la administración pública panameña, cotizan alto porque escasean.
Sigamos la lógica un paso más. Navarro calcula que el conjunto de las medidas ahorraría unos $1.2 millones en lo que resta de 2026 y unos $3 millones anuales si se mantienen. Cifras concretas, verificables, honestas. Y hay un capítulo que merece aplauso franco: destinar las partidas de quienes se jubilen a pagar progresivamente las primas de antigüedad pendientes, ese pasivo que se acumula cuando el gasto corriente se come casi todo el presupuesto. Es decir: el rector no solo apaga el incendio de diciembre, sino que promete atender una deuda vieja con el personal. Concedámoslo todo. Estamos ante un plan sensato.
Aceptemos incluso la premisa que sostiene el edificio entero: que la vía elegida —trasladar partidas de una institución a otra— es legítima porque atiende una urgencia de tesorería sin necesidad de una ley nueva. Es correcto. La herramienta existe, es legal, y sirve exactamente para esto. Hasta aquí, ni una objeción. El acuerdo es defendible en cada uno de sus renglones. El problema no está en ninguno de los renglones. El problema está en la frase que los precede y que nadie firmó: por qué hubo que llegar hasta aquí.
Porque reparen ustedes en un detalle que el propio acuerdo confiesa sin querer. Se trasladan recursos para cubrir salarios. No para una obra imprevista, no para una emergencia sanitaria, no para un desastre. Para pagar la planilla. Es decir, para cubrir la más previsible, la más recurrente, la más aritméticamente anticipable de todas las obligaciones que tiene una universidad: los sueldos de sus 2,000 empleados, que cobran todos los meses desde que la Unachi existe. Y aun así, el dinero para pagarlos hasta diciembre hubo que ir a buscarlo en septiembre, negociándolo como si fuera una sorpresa.
Ricardo Miró escribió aquello de «tú no puedes saber cuánto he sufrido, tú no puedes saber cuánto te quiero». La formulación anual del Presupuesto General del Estado padece algo parecido: sabe perfectamente cuánto cuesta la planilla, pero cada año finge descubrirlo en otoño. La cifra de los salarios universitarios no es un misterio. Está en las vistas presupuestarias, en el INEC, en la propia contabilidad de la institución. Que se presupueste de menos y luego se resuelva de urgencia no es un accidente: es un método. Y aquí es donde el razonamiento oficial, seguido con rigor, revienta solo.
Porque si aceptamos que trasladar partidas para pagar sueldos es la solución —y hemos aceptado que lo es—, entonces estamos aceptando algo más grande y menos cómodo: que el Presupuesto General del Estado no es un presupuesto, sino un borrador. Que las cifras que la Asamblea Nacional aprueba en las vistas presupuestarias son una estimación provisional, a corregir sobre la marcha cuando falte para lo esencial. La propia noticia lo dice sin dramatismo: de repetirse este patrón en otras vistas, la Asamblea tendría que intervenir de manera reactiva en el resto del sistema universitario público. Traducido: presupuestar por debajo y ajustar por urgencia dejaría de ser la excepción de la Unachi para convertirse en el sistema operativo del sector.
Y entonces la casta se dibuja sola, sin que haya que señalarla con el dedo. Fíjense quién decide en cada escalón. El MEF se compromete a identificar la fuente de financiamiento —es decir, a encontrar el dinero que debió estar previsto. La Comisión de Presupuesto decidirá si incorpora el traslado con la celeridad que el rector espera —es decir, tiene en su mano acelerar o dejar en la incertidumbre la planilla de 2,000 personas. Y mientras tanto, quien no decide nada, quien solo espera a fin de mes, es el docente y el administrativo cuyo salario depende de que este engranaje se mueva a tiempo. El club negocia; quien paga la entrada aguarda. Que en el mismo panorama el contralor haya devuelto sin refrendo un contrato de $268.5 millones del Ministerio de Educación no consuela: prueba que el escrutinio existe cuando la cifra es grande y llamativa, y que la fuga lenta —presupuestar de menos cada año— pasa sin refrendo porque nadie firma un contrato para no presupuestar bien.
Concedámoslo, pues, por última vez y entero: el acuerdo salva diciembre, y salvar diciembre no es poco para 2,000 familias. Pero salvar diciembre no es lo mismo que resolver el problema, del mismo modo que la reversión del Canal en 1999 no fue un favor de última hora sino el cumplimiento de algo pactado con décadas de antelación. Lo previsible se planifica; lo imprevisible se traslada. Y una planilla de siempre no es imprevisible. Así que la pregunta que queda colgada no es si la Unachi cobrará en diciembre —cobrará—, sino la otra, la que nadie en la Comisión de Presupuesto ha querido poner sobre la mesa: cuando el próximo septiembre vuelva a faltar el dinero de los sueldos de siempre, ¿quién explicará, con nombre y apellido, por qué se presupuestó de menos otra vez?