Carrillo Rodríguez explicó que un policía en Baja California percibe alrededor de 29,500 pesos mensuales antes de descuentos e impuestos, cifra bruta de la que resulta un ingreso neto superior a los 24,000 pesos al final del mes, monto que la administración estatal presenta como el más alto del país en su categoría. El secretario sostuvo que esa valoración se sustenta en una evaluación nacional y en una publicación difundida el 3 de julio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de información presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante 2026, órgano que opera durante los recesos de las cámaras y da seguimiento a temas de seguridad entre periodos ordinarios.
La gobernadora enmarcó el anuncio dentro de una estrategia orientada a la dignificación y profesionalización de las corporaciones policiales, un objetivo que gobiernos estatales de distintos signos han perseguido durante las últimas dos décadas ante los persistentes señalamientos de bajos salarios como factor asociado a la corrupción y la rotación de personal en las policías municipales y estatales. Carrillo Rodríguez añadió que, más allá del componente salarial, la entidad trabaja en otros esquemas de atención a los elementos, sin detallar en la conferencia su alcance específico ni su costo para las finanzas públicas estatales.
El diagnóstico sobre la precariedad salarial de los cuerpos policiales no es nuevo. Desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, sucesivas administraciones federales y estatales han identificado la falta de un salario digno como una de las causas estructurales de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones locales, un problema recurrente a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La mejora salarial figura, junto con el control de confianza y la certificación, entre los estándares que el propio sistema nacional establece para la profesionalización.
Un mosaico de 32 entidades con salarios dispares
El caso bajacaliforniano se inserta en un contexto nacional donde persisten fuertes disparidades salariales entre policías estatales y municipales de las 32 entidades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ha impulsado en años recientes esquemas de homologación salarial y certificación, aunque su implementación depende en gran medida de la capacidad presupuestal de cada gobierno estatal y municipal, con marcadas diferencias entre entidades de mayores ingresos fiscales y aquellas de finanzas más limitadas.
Baja California, entidad fronteriza con California, EU, y con una economía vinculada a la manufactura de exportación y al comercio transfronterizo, ha enfrentado retos de seguridad asociados tanto a su posición en rutas de tráfico como a la presión demográfica de ciudades como Tijuana y Mexicali. El gobierno estatal presenta la mejora salarial como parte de su respuesta institucional a ese contexto.
La comparación con otras entidades corresponde a la caracterización ofrecida por el propio gobierno bajacaliforniano. En ausencia de una tabla comparativa oficial y pública de percepciones netas por estado, no se conoce hasta el momento una fuente independiente que permita contrastar de manera exhaustiva los salarios policiales de las 32 entidades con la metodología empleada por Baja California, del tipo del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales que elabora el INEGI.
Diversas bancadas en el Congreso de la Unión han presentado en periodos ordinarios recientes iniciativas orientadas a establecer pisos salariales mínimos para las policías estatales y municipales, propuestas que hasta ahora no han derivado en un dictamen definitivo ni en una reforma aprobada a nivel constitucional o de ley general. En paralelo, especialistas en seguridad pública han señalado en foros académicos que la mejora salarial, aunque necesaria para la profesionalización, no resulta suficiente sin mecanismos de control de confianza, capacitación continua y estabilidad en el cargo.
De cara a los próximos meses, el gobierno de Baja California no ha precisado si el esquema salarial actual se mantendrá sin cambios o si prevé ajustes vinculados a la evolución de las finanzas estatales, ni ha detallado si difundirá cifras oficiales verificables sobre la comparación salarial con el resto de las entidades, un dato que permitiría corroborar de manera independiente la afirmación de la administración estatal.