De los ocho puntos programados para las excavaciones sobre la calle Añil, cinco ya fueron intervenidos por los equipos técnicos, que buscan confirmar que el ducto se encuentre completamente hermético tras las labores iniciales de control y sellado. Como parte de la contención, personal de Protección Civil y de Pemex construyó un pozo indio de cuatro metros de profundidad para succionar la contaminación detectada y retirar posteriormente el combustible recuperado.
La SGIRPC adelantó que, como siguiente etapa, se contempla la construcción de cinco pozos adicionales que permitirán monitorear la zona y facilitar la localización de una posible fractura, acto vandálico o perforación del ducto, asociado al robo de combustible conocido coloquialmente como huachicol. La dependencia informó que diariamente se realizan monitoreos de explosividad con el objetivo de descartar condiciones de riesgo en la zona.
Adicionalmente, señaló que se llevará a cabo un lavado constante con jabón en el sistema de alcantarillado para retirar cualquier contaminante que pudiera permanecer en el drenaje. La SGIRPC recalcó que actualmente no existe riesgo para la población de Granjas México, aunque no ha establecido públicamente un plazo estimado para concluir las labores ni para restituir las condiciones previas al incidente en la calle Añil.
El reclamo vecinal
El caso adquirió una dimensión adicional a partir de testimonios de residentes, que sostienen que la fuga era perceptible desde mucho antes de la detección formal. Un vecino con más de 30 años viviendo en la colonia Granjas México, que omitió su nombre, aseguró que la presunta toma pudo detectarse mucho antes, ya que el olor de la gasolina salía de las coladeras e incluso de las tazas de baño de sus viviendas.
«Los vecinos la detectaron desde hace dos meses (fuga de combustible) porque empezaba a oler a gasolina (…) la taza del baño olía a combustible, se filtra por la tubería. Antes, cuando había un derrame, llegaban rápido (trabajadores de Pemex) con espuma y productos químicos para bajar los gases. Ahora ya no es igual», comentó el mismo residente, según información publicada por la prensa capitalina.
Fue hasta el 31 de julio cuando personal de logística de Pemex realizó labores de medición de flujo en los ductos para determinar la presión del combustible, con las que identificaron los presuntos actos vandálicos que originaron la fuga. El vecino planteó además una hipótesis sobre el origen del daño: «Aquí los vecinos siempre hemos dicho que quien hace estas tomas sabe dónde está el ducto y cómo trabajar sin provocar una explosión, por los gases. No cualquiera conoce esa infraestructura (…) las tomas así, la gente que trabajó ahí sabe dónde está», señaló, al aludir a la presunta participación de extrabajadores de Pemex. Se trata de una percepción vecinal y no de una imputación formal.
Marco normativo y antecedentes
El robo de hidrocarburos está tipificado como delito federal en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, cuyo marco contempla agravantes cuando la conducta pone en riesgo la vida de terceros o daña infraestructura estratégica. Pemex, como empresa productiva del Estado, está obligada a reportar incidentes de esta naturaleza a las autoridades correspondientes, lo que explica el despliegue simultáneo de la petrolera, la Guardia Nacional, la Sedena y la Semar en un caso que, hasta el momento, no ha derivado en víctimas reportadas.
La zona oriente de la Ciudad de México, que incluye alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, ha registrado episodios similares de tomas clandestinas en años recientes, dada la densidad de la red de ductos que atraviesa la capital hacia terminales de almacenamiento y distribución. El precedente más grave del país es la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, donde una toma clandestina que había atraído a decenas de personas terminó en una deflagración que dejó más de un centenar de muertos, episodio que marcó el endurecimiento de la política federal contra el huachicol.
Las autoridades no han precisado si existe un patrón recurrente de afectaciones en el mismo tramo del ducto de la calle Añil ni han hecho pública la apertura de una carpeta de investigación específica por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a la presunta toma clandestina, ni posibles detenciones vinculadas al caso.
La construcción de los cinco pozos adicionales anunciados por la SGIRPC marcará la siguiente etapa de las labores de remediación, con el objetivo de acotar el origen del daño en el ducto. Tampoco se ha informado si se contempla algún mecanismo de atención específica para los vecinos que reportaron afectaciones en sus viviendas durante las semanas previas a la intervención formal. Mientras continúan las excavaciones sobre la calle Añil, la SGIRPC mantiene abierto el monitoreo diario de explosividad como principal medida preventiva ante cualquier eventualidad.