El proyecto reforma el artículo 32 constitucional para reservar los tres cargos ejecutivos de mayor jerarquía del país exclusivamente a mexicanos por nacimiento que no ostenten otra nacionalidad. Con ello se endurece un requisito que hasta ahora exigía únicamente la nacionalidad mexicana por nacimiento, sin importar si la persona conservaba, además, otra ciudadanía.
Antes de que arrancara el debate de fondo, el diputado panista Federico Döring solicitó modificar el orden del día para abrir un parlamento abierto que permitiera escuchar a los mexicanos en el exterior antes de votar. La bancada mayoritaria rechazó la moción y la discusión continuó conforme al calendario original fijado por la presidencia de la comisión.
"Hay 4 millones de mexicanos que viven en el exterior que podrían tener doble nacionalidad. Lo que queremos es que se modifique el orden del día para que se haga un parlamento abierto y que esos 4 millones de mexicanos sean escuchados por esta comisión", declaró Döring, quien pidió consultar a ese universo de connacionales antes de, en sus palabras, arrebatarles un derecho que hoy les reconoce la Constitución.
La diputada de Movimiento Ciudadano Irías Virginia Reyes de la Torre centró su intervención en el origen involuntario de la doble nacionalidad. Recordó que la propia Constitución reconoce como mexicanos tanto a quienes nacen en territorio nacional de padres extranjeros como a quienes nacen en el extranjero de madre o padre mexicanos. "Aquí nadie elige ni quiénes son sus padres ni mucho menos elegimos el lugar en el que nacemos", sostuvo la emecista, quien cuestionó que ese origen vuelva a alguien "menos mexicano" o menos capaz para servir al país.
Por el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez calificó la reforma como una restricción de derechos basada en la sospecha. "La soberanía nacional se defiende con instituciones fuertes, no restringiendo derechos y menos generando sospechosismo", señaló, y acusó a la mayoría de construir un marco de desconfianza hacia quienes tienen vínculos binacionales para limitar sus derechos políticos.
La panista Noemí Luna Ayala trasladó el debate hacia las prioridades legislativas frente a la seguridad. Recordó que su grupo parlamentario ha presentado iniciativas para blindar los procesos electorales frente a la intromisión del crimen organizado y el narcotráfico. "Estoy segura que si le preguntamos a los mexicanos, ¿qué es más traición a la patria?, sin duda dirían de quien entrega el territorio al narcotráfico", indicó. La legisladora también sostuvo que en 2025 los migrantes mexicanos enviaron remesas por más de un billón 200 mil pesos.
En la defensa del dictamen, la diputada morenista Katia Castillo argumentó que quien encabece el Ejecutivo federal, una gubernatura o la jefatura de gobierno capitalina "debe responder únicamente a México, a sus instituciones, y al bienestar de su gente", sin compromisos con intereses económicos o poderes extranjeros ajenos a la voluntad popular.
Castillo llevó el argumento a un terreno hipotético de conflicto entre Estados: preguntó a qué nación respondería un mandatario con doble nacionalidad si los intereses de ambos países entraran en contradicción, y citó el juramento de naturalización estadounidense, que compromete a defender la Constitución de ese país "contra todos los enemigos extranjeros y nacionales". Aclaró que el planteamiento no busca poner en duda "los sentimientos, la identidad o el patriotismo" de las personas binacionales, sino anticipar escenarios de conflicto de interés en el ejercicio del poder.
La diputada petista Lilia Aguilar respaldó la posición oficialista y rechazó que la reforma busque perjudicar a los connacionales en el exterior. "Lo que expresa el PRI y el PAN es una mentira", afirmó, y sostuvo que el cambio constitucional únicamente aporta claridad al artículo 32 respecto a quién puede acceder a los tres cargos ejecutivos más altos del país.
El requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para la Presidencia está inscrito en la Constitución desde su promulgación en 1917, en el artículo 82, y ha sido históricamente un límite infranqueable: por esa exigencia, figuras nacidas en el extranjero han quedado fuera de la contienda presidencial y el tema ha reaparecido en cada debate sobre requisitos de elegibilidad desde el siglo pasado. La novedad de esta reforma es extender la exigencia de renunciar a cualquier otra nacionalidad también a gubernaturas y a la jefatura de gobierno capitalina.
La reforma sigue la ruta del artículo 135 constitucional, que exige para modificar la Carta Magna el voto de dos terceras partes de los presentes en cada cámara del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Por tratarse de una reforma constitucional, no basta la mayoría simple: de ahí que la aritmética del pleno y del Senado resulte determinante.
Con el aval de la comisión, el dictamen queda en condiciones de subir al pleno de la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada necesaria, antes de pasar al Senado de la República y, de ser avalado en ambas cámaras, a los congresos estatales para su ratificación. En esa siguiente etapa se prevé que PRI, PAN y MC reiteren sus objeciones sobre el parlamento abierto y el fondo de la reforma, mientras Morena, PT y PVEM buscarán replicar la votación mayoritaria lograda en comisiones.