De acuerdo con el comunicado de la Semar, el hallazgo se produjo cuando personal naval, en el marco de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima en aguas nacionales al sur de Acapulco, localizó e inspeccionó una embarcación menor. Tras la revisión, los uniformados aseguraron los 39 bultos con la sustancia, junto con la nave y sus ocupantes.
Las seis personas detenidas, así como la droga y los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica. La propia Semar señaló que el peso reportado de dos toneladas será corroborado por la autoridad ministerial competente, procedimiento estándar en este tipo de aseguramientos.
La corroboración del peso y la pureza de la sustancia suele ser un elemento clave en las carpetas por narcotráfico, ya que de ello depende en buena medida la calificación del delito y las penas aplicables. Por tratarse de delitos contra la salud vinculados al tráfico de estupefacientes —de competencia federal—, será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica de los detenidos.
La institución enmarcó el operativo dentro de sus tareas permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre en aguas nacionales, cuyo objetivo declarado, según el comunicado, es inhibir actividades delictivas, debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas del país. El litoral guerrerense forma parte de las rutas históricas del trasiego de cocaína hacia el norte y, eventualmente, hacia el mercado estadounidense.
La presencia de tripulantes de nacionalidad ecuatoriana se inscribe en la dinámica del narcotráfico en el Pacífico. En la última década Ecuador se ha consolidado como uno de los principales puntos de salida de cocaína producida en Colombia y Perú, por su infraestructura portuaria y su ubicación en la costa pacífica sudamericana. La ruta del corredor del Pacífico conecta esos puntos de producción andina con los mercados de consumo en Norteamérica, con frecuencia mediante embarcaciones menores rápidas que buscan evadir la detección naval con trayectos cortos cerca de la costa.
La carpeta de investigación derivada de este aseguramiento seguirá el procedimiento penal ordinario: los detenidos deberán ser presentados ante un juez de control dentro de los plazos constitucionales para determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por delitos contra la salud, contemplados en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal. La Constitución fija en 48 horas —prorrogables a 96 en casos de delincuencia organizada— el plazo máximo para poner a un detenido a disposición del ministerio público.
Este tipo de decomisos marítimos figura de manera recurrente en los partes de la Semar desde el despliegue de las fuerzas armadas contra el narcotráfico iniciado formalmente en 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando la Marina reforzó sus capacidades de patrullaje naval como parte de la estrategia de seguridad federal. El litoral del Pacífico —que abarca estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Sinaloa— concentra desde entonces una parte relevante de la actividad vinculada al tráfico marítimo de drogas hacia el interior del país.
La Semar no detalló en su comunicado el destino final presunto de la droga asegurada ni identificó a un grupo delictivo como responsable del cargamento, información que, de existir, correspondería precisar a la autoridad ministerial conforme avance la investigación. Tampoco se informó sobre el valor estimado de la sustancia en el mercado ilícito, cifra que las autoridades suelen calcular una vez concluidos los peritajes. La determinación oficial sobre la situación jurídica de los seis detenidos quedará en manos del ministerio público federal en los próximos días.