El permiso temporal establecía como fecha límite el 10 de agosto para que las tres compañías retiraran sus unidades de la vía pública, una vez concluida la fase de pruebas de dos meses. La Semovi determinó, en cambio, ampliar el periodo de evaluación por 21 días adicionales. Según la dependencia, la prórroga busca reunir más información sobre los patrones de uso antes de definir el futuro regulatorio de la micromovilidad eléctrica en la ciudad.
La ampliación, indicó la Semovi, permite "contar con información sobre los patrones de uso del Sitis y establecer una ruta de trabajo para que la micromovilidad eléctrica continúe desarrollándose de manera ordenada, segura y vinculada con las necesidades cotidianas de las personas usuarias". El anuncio se produjo un día después de que trascendiera que las empresas operadoras debían retirar los scooters de las calles antes del 10 de agosto, conforme al calendario original.
De acuerdo con el texto del permiso, el incumplimiento de la obligación de retiro por parte de Lime, Whoosh y Jet obligaba a la Semovi a "realizar gestiones conducentes para el retiro y resguardo de las unidades por cuenta y costo de las tres empresas conforme a la normatividad aplicable". Ese escenario quedó superado con la prórroga, que evita a la autoridad capitalina activar el mecanismo previsto en el instrumento, al menos por ahora.
La Semovi no respondió a la consulta sobre si las tres empresas enfrentarán alguna sanción por no haber retirado las unidades en el plazo original, pese a que el permiso contemplaba esa posibilidad. La ausencia de una postura pública sobre este punto deja sin precisar los criterios aplicados para conceder la ampliación sin que mediara, hasta donde se conoce, un procedimiento sancionador previo. Ninguna de las tres operadoras ha detallado públicamente su posición sobre la extensión.
El Sitis rige la operación de monopatines eléctricos de renta en la Ciudad de México y permite a cada una de las tres empresas operar hasta mil unidades, un total de 3,000 dispositivos, distribuidos en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, tres demarcaciones con alta concentración de oficinas, comercios y corredores turísticos del centro y poniente capitalino.
Un fenómeno que operó años sin reglas
La prueba piloto se inscribe en el esfuerzo de la Semovi por regular la micromovilidad eléctrica, una actividad que durante años operó en la capital sin un marco normativo específico. La proliferación de estos dispositivos había generado quejas por el estacionamiento indebido de unidades en banquetas y espacios peatonales, además de incidentes viales que motivaron reclamos por reglas claras de circulación, velocidad máxima y zonas permitidas.
El caso guarda similitud con procesos regulatorios previos en la capital, como el aplicado a las aplicaciones de transporte privado a partir de 2015, cuando la autoridad optó por permisos, cuotas y ajustes normativos graduales antes de fijar una regulación definitiva, en lugar de una prohibición o una autorización inmediata y permanente. El esquema de fases de prueba se ha convertido en la vía habitual de la administración capitalina para incorporar nuevos modos de movilidad.
La decisión coincide con dilemas similares en otras ciudades de América Latina, que han alternado entre permisos temporales, licitaciones de operación exclusiva y restricciones en zonas de alta densidad peatonal para las flotas de scooters. El debate gira en torno a la seguridad vial cuando estos vehículos circulan a velocidades no reguladas o invaden espacios destinados a peatones.
Con la nueva fecha límite del 31 de agosto de 2026, la Semovi deberá definir en las próximas semanas si el Sitis se convierte en un esquema permanente, si ajusta las condiciones de operación —como el número de unidades autorizadas o las zonas de circulación— o si aplica las sanciones previstas en caso de incumplimiento de los nuevos términos.
Hasta el momento, ni la Semovi ni las empresas Lime, Whoosh y Jet han detallado los criterios técnicos con que se evaluarán los datos recabados durante los 60 días de prueba y el periodo adicional de 21 días, ni si se contempla una consulta pública o un mecanismo de participación ciudadana antes de emitir una regulación definitiva sobre la micromovilidad eléctrica en la Ciudad de México.