La legislación estatal no contemplaba de manera expresa esta alternativa hasta la reforma de marzo, que abrió la puerta a su implementación bajo criterios ambientales y sanitarios. Se trata, según explicó Rubio Arronis, de "una modificación para permitir la existencia de los cementerios verdes", figura que hasta ahora carecía de sustento jurídico claro en el Estado de México pese a la creciente presión sobre los panteones municipales.
La funcionaria precisó que la competencia sobre cementerios corresponde de manera exclusiva a los municipios, por lo que el papel del gobierno estatal se limita a impulsar una reglamentación homogénea que los 125 ayuntamientos puedan adoptar de forma ordenada. "Lo que estamos buscando a través del gobierno del Estado de México es impulsar una reglamentación homogénea y funcional para que los municipios la implementen", señaló. El reparto de facultades tiene sustento constitucional: el artículo 115 de la Constitución reserva a los municipios los servicios públicos de panteones, de modo que la reforma estatal solo puede ofrecer un marco de referencia que cada ayuntamiento adopta a su ritmo.
El reglamento se elabora de manera conjunta entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud estatal, con el propósito de que la normativa resulte integral y contemple tanto los aspectos ecológicos como los sanitarios propios del manejo de restos humanos. Una vez difundido el documento, el gobierno estatal prevé sostener reuniones informativas con los municipios. "La intención es que a lo largo del mes de agosto podamos difundir ya este reglamento con los lineamientos y podamos reunirnos nuevamente con los municipios para poder explicarles cómo podría implementarse, cuáles van a ser los beneficios desde el tema ambiental, pero también económico y social", detalló Rubio Arronis.
Saturación como origen de la reforma
El diagnóstico que motivó la reforma legislativa apunta a un problema de espacio disponible en los cementerios tradicionales de la entidad. De acuerdo con la secretaria, "la gran mayoría de los panteones tiene una saturación mayor entre 60% y 80% en algunos casos", una condición que compromete la capacidad de los municipios para seguir ofreciendo servicios de inhumación bajo el esquema convencional. El Estado de México es la entidad más poblada del país, lo que presiona con particular intensidad la demanda de espacios funerarios en la zona metropolitana del Valle de México.
La presión sobre los panteones no es nueva ni exclusiva de la entidad. En la Ciudad de México, gobiernos anteriores documentaron desde hace más de una década la saturación de sus cementerios públicos y promovieron la recirculación de fosas mediante refrendos y esquemas de temporalidad, ante la imposibilidad de abrir nuevos espacios en el suelo urbano. La alternativa mexiquense se inscribe en ese mismo dilema metropolitano: cómo garantizar servicios de inhumación cuando el suelo disponible escasea.
La ley aprobada por el Congreso mexiquense en marzo crea la figura de "panteones ecológicos" o "cementerios verdes", definidos como zonas de preservación ecológica dentro de los centros de población destinadas a la inhumación legal de restos humanos mediante prácticas sustentables. Entre los métodos contemplados figuran los entierros ecológicos o naturales y los nichos verdes, además de otras prácticas orientadas a la preservación y restauración del suelo.
Entre los objetivos explícitos de la normativa está reducir no solo la saturación de los cementerios tradicionales, sino también la contaminación del suelo, el agua y el aire asociada a materiales no biodegradables como el concreto y los metales, a químicos de embalsamamiento como el formaldehído, y a las emisiones generadas por procesos de cremación.
La reglamentación busca fomentar inhumaciones sin embalsamamiento químico, preferentemente dentro de las primeras 48 horas tras el fallecimiento, así como el uso exclusivo de ataúdes, urnas o sudarios biodegradables elaborados con materiales como madera sin tratar o cartón. También contempla planes de revegetación con especies nativas y de bajo consumo de agua, con una proporción definida de áreas arboladas dentro de cada cementerio verde.
Rubio Arronis insistió en que el nuevo modelo no busca sustituir a los panteones tradicionales, sino ofrecer una alternativa complementaria frente a la realidad demográfica de la zona metropolitana. "No es sustituir, es complementar con nuevos modelos mucho más eficientes a nuestra realidad y a la necesidad de la metrópoli", afirmó.
La funcionaria fue enfática en que los derechos ya adquiridos por las familias en los cementerios tradicionales no se verán afectados por la nueva legislación. "Los cadáveres que están en un cementerio tradicional van a continuar siempre y cuando cumplan con el predial y con las reglamentaciones que se deben de tener para poder tener el espacio. Esto no va a modificarse", aclaró, en referencia a las obligaciones fiscales municipales asociadas a las fosas. Además, sostuvo que el esquema representaría un beneficio económico para las familias, al tratarse de opciones potencialmente más accesibles que los servicios funerarios convencionales, aunque no detalló montos de ahorro proyectado.
Una vez que los 125 municipios reciban los lineamientos y sostengan las reuniones informativas previstas, cada ayuntamiento deberá iniciar sus propios trámites administrativos para habilitar estos espacios, conforme a la facultad exclusiva que la ley mantiene en materia de cementerios a nivel local. El calendario planteado por la dependencia fija como meta que los primeros cementerios verdes en el Estado de México entren en operación durante 2027, un plazo que dependerá de la velocidad con que cada municipio adapte su normativa local a los lineamientos estatales y gestione los permisos correspondientes ante las autoridades de salud.