El edificio, situado junto a la playa de Las Teresitas, fue durante décadas la sede de la primera entidad pesquera del pueblo, con una actividad que en 2018 ya superaba los 40 años de historia. Los terrenos dejaron de tener uso portuario en 2006 y, en 2017, el deslinde de costas los incorporó al dominio público marítimo-terrestre, la franja litoral que protege la Ley de Costas. Esa recalificación es la que sitúa ahora la competencia sobre el solar en manos del Estado y no del Gobierno autonómico, según explicó a los vecinos el director general de Costas del Ejecutivo canario, Antonio Acosta.
El Ministerio justifica el derribo por el abandono, la degradación y el vandalismo que sufre el inmueble, además de la falta de mantenimiento y los daños causados por el mar. El deterioro se aceleró tras una cadena de episodios administrativos: en febrero de 2018 la Gerencia Municipal de Urbanismo cerró el bar-restaurante por carecer de licencia de apertura, una decisión avalada por los tribunales en 2019, y en marzo de 2021 ordenó precintar el local porque la actividad continuaba de forma clandestina. Las deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria terminaron por liquidar también la lonja.
El golpe final llegó en 2025, cuando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias disolvió la cofradía por falta de cofrades y por la dimisión de la mayoría de sus miembros, según la orden del 27 de mayo publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 7 de julio. Desde entonces, el edificio permanece vacío, con falsos techos desprendidos, cables a la vista y azulejos arrancados en la cocina.
La Asociación de Vecinos El Pescador inició la recogida de firmas el 1 de junio, tanto en el municipio como en la plataforma Change.org. Rondaba el millar en julio y a mediados de octubre superaba ya las 1.500, según Atlántico Hoy. En sus alegaciones al proyecto de demolición, la asociación pidió suspender el derribo, encargar un estudio técnico de viabilidad y constituir una mesa de trabajo con el Ministerio, el Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento y los propios vecinos.
«Pedimos que reconsidere la demolición mientras se estudien alternativas de conservación y reutilización», resumió el portavoz de la asociación, Marcos Cova, en Diario de Avisos.
Los vecinos también escribieron en julio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin obtener respuesta, de acuerdo con el relato de la propia asociación. El Estado no ha previsto ningún uso alternativo para el solar una vez ejecutado el derribo. La pugna recuerda a otros conflictos recientes por la gestión del territorio costero y el patrimonio en las islas, como el debate sobre la presión turística reflejado en que una comunidad de vecinos puede frenar un piso turístico con el 60% de los votos.
Sin relevo generacional en la pesca
Para los vecinos, la cofradía representaba el símbolo de la pesca artesanal, «que es lo que define claramente la identidad del pueblo», según la asociación. Hoy lo único vinculado al mar que queda en San Andrés es el Club Antequera, una agrupación de embarcaciones recreativas formada en buena parte por antiguos pescadores.
«Hemos agotado todas las vías y ellos parece que no se dan por aludidos», lamentó Cova, que pese a todo mantiene la esperanza de que «alguien encienda una luz».
Cova atribuye la desaparición del oficio a la falta de relevo generacional, porque «la juventud no pesca porque hoy la pesca no compensa». Los vecinos recuerdan que otras localidades de la costa de Tenerife, como Punta del Hidalgo o Candelaria, conservan sus cofradías: «Ahora San Andrés no la tiene».
