El traslado de la investidura a Cali rompió con el protocolo, que sitúa la ceremonia frente a la sede del Congreso en Bogotá. La capital del Valle del Cauca, en el suroeste del país, ha sido uno de los epicentros de los choques entre bandas de narcotráfico y guerrillas en los últimos años, un escenario en el que —según especialistas— el nuevo mandatario buscó anclar el mensaje central de su gobierno: la seguridad, y no la negociación, como eje.
«No vamos a hablar de paz, sino de seguridad», ha sido la posición que De la Espriella sostuvo antes de la ceremonia, de acuerdo con especialistas citados por Expansión. La frase resume el contraste con la administración de Petro, quien llegó al poder en 2022 con la promesa de una «paz total» que buscaba negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales, una apuesta que no se tradujo en una reducción sostenida de la violencia.
El contexto de seguridad que hereda el nuevo gobierno es de los más adversos en varios años. La organización Indepaz documentó 78 masacres con 303 víctimas desde enero de 2026, la cifra más alta para ese periodo desde al menos 2016, año en que Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Aquel pacto puso fin oficial al conflicto armado más prolongado del continente, aunque no impidió la aparición de nuevas estructuras criminales que se disputan los territorios que la guerrilla dejó vacantes.
La violencia no se detuvo ni en los días previos a la transición de poder. El sábado anterior a la investidura, una bomba atribuida al ELN estalló junto a una estación de policía y dejó 14 heridos en el noroeste del país, cerca de la frontera con Venezuela, un episodio que ilustra la persistencia de la confrontación armada en zonas estratégicas para el tráfico de drogas y el control territorial.
Extorsión y homicidios, dos curvas distintas
Los datos oficiales muestran una evolución desigual entre los principales indicadores de violencia. Según cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, la tasa de homicidios creció de manera marginal en los últimos años del gobierno de Petro, hasta situarse en 25.9 por cada 100,000 habitantes en 2025. El repunte más pronunciado se dio en la extorsión, el delito que los analistas señalan como el termómetro más fiel de la fragmentación del crimen organizado.
De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la tasa de denuncias por extorsión pasó de 19 casos por cada 100,000 habitantes en 2022 —primer año de la administración Petro— a 26.2 en 2024, para luego descender a 23 en 2025. Glaeldys González, analista del Crisis Group para los Andes del Sur, ha explicado que el aumento de la violencia coincide con una fragmentación creciente de los grupos armados y criminales, que emplean la extorsión como herramienta para consolidar su control territorial.
En la misma línea se pronunció Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y experto en Estado, conflicto y paz. «El tema fundamental es el control del territorio, el control del narcotráfico, el control de la minería ilegal», señaló Vega en entrevista con Expansión, y añadió que estos grupos ejercen el poder en los territorios mediante la intimidación a la población y alianzas con los gobiernos locales.
El regreso al alineamiento con Washington
La llegada de De la Espriella también reconfigura la relación de Colombia con Estados Unidos. Durante el gobierno de Petro, Bogotá intentó un cambio de paradigma en la lucha antidrogas, distanciándose de las políticas de mano dura impulsadas por Washington, sin resultados sostenidos. Con el nuevo mandatario, Colombia —principal productor de cocaína del mundo— vuelve a estar gobernada por un aliado declarado de Estados Unidos, en un momento en que la administración de Donald Trump ha presionado a los países productores de la región para intensificar la cooperación antidrogas.
El precedente más cercano de este tipo de giro se remonta a la presidencia de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, cuando Colombia adoptó una estrategia de seguridad con fuerte respaldo militar y financiero de Washington a través del Plan Colombia, en contraste con los periodos posteriores de apertura al diálogo con grupos armados. El propio Petro representó, en 2022, el primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país, de modo que el relevo del 7 de agosto cierra ese ciclo.
La contraparte proviene de las organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre el riesgo de que una estrategia exclusivamente militar reproduzca ciclos de violencia ya vividos en el país sin atender las causas estructurales del conflicto, como la debilidad institucional en zonas rurales y la persistencia de economías ilegales. Sectores de derecha, en cambio, respaldan el endurecimiento de la política de seguridad como respuesta al repunte de masacres y extorsión.
El primer termómetro de la viabilidad del proyecto será el Congreso, donde De la Espriella deberá negociar apoyos para sus iniciativas de seguridad. La composición legislativa, resultado de las mismas elecciones de julio, determinará si el gobierno cuenta con mayorías para reformar el marco de la lucha antidrogas o si deberá gobernar con equilibrios estrechos. Los próximos meses medirán, además, si el viraje discursivo hacia la seguridad se traduce en una reducción efectiva de los indicadores de violencia que el nuevo mandatario recibió al asumir.