Un balance que sigue en revisión tres semanas después
Más de tres semanas después de las dos sacudidas del 24 de junio, las autoridades venezolanas continúan cuantificando la destrucción. Según el reporte oficial expuesto por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el Gobierno ha atendido a 128.324 familias afectadas, de las cuales 21.235 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios. El salto desde los más de 4.000 fallecidos comunicados días atrás hasta los 5.069 actuales evidencia que la identificación de cuerpos y la inspección de edificios colapsados siguen en curso.
Las autoridades advierten que el número de personas sin hogar podría aumentar conforme avance la revisión de inmuebles que no se derrumbaron pero sufrieron daños estructurales que los hacen inhabitables. La estimación preliminar del Ejecutivo cifra en 25.000 las viviendas necesarias para realojar a los damnificados. El último balance no detalla desaparecidos ni una valoración de daños materiales totales, lo que dificulta una evaluación independiente del impacto.
Esta información procede de una sola cabecera, otro medio, que recoge declaraciones directas de responsables institucionales venezolanos. El Hemiciclo no ha podido corroborar de forma independiente las cifras con una segunda fuente ni con organismos internacionales como la Cruz Roja o la ONU, por lo que deben tomarse como datos oficiales del Gobierno venezolano, con la cautela que exige el tratamiento de balances de víctimas en catástrofes de esta magnitud.
Reforma exprés de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria
Para agilizar la respuesta habitacional, la Asamblea Nacional aprobó el martes 14 de julio un proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Según el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, la modificación busca dotar de mayor seguridad jurídica y capacidad de financiamiento al sector privado para iniciar lo que calificó como un "proceso agresivo" de construcción de vivienda. La norma deberá superar un segundo debate parlamentario antes de su aprobación definitiva.
El procedimiento legislativo venezolano exige, para leyes de este calado, discusión en al menos dos sesiones plenarias separadas antes de su sanción. La rapidez de la tramitación —apenas tres semanas después del seísmo— refleja la presión del Ejecutivo por mostrar capacidad de respuesta en un contexto económico e institucional deteriorado. El Gobierno, a través de Delcy Rodríguez, ha reafirmado desde finales de junio su "competencia exclusiva" en la gestión de la reconstrucción, descartando por ahora una coordinación abierta con organismos humanitarios internacionales más allá de los canales financieros multilaterales.
El deshielo con el FMI: de la suspensión de 2019 a los primeros fondos
El acceso a los 346 millones de dólares de "recursos propios" en el FMI marca un giro en la relación entre Caracas y el organismo, congelada desde 2019, en el punto álgido de la disputa por la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, cuando buena parte de la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Aquella ruptura bloqueó el acceso venezolano a los instrumentos ordinarios del Fondo, situación que se mantuvo sustancialmente inalterada durante más de seis años.
Según el comunicado de la presidencia interina, los contactos con el FMI se reanudaron en abril de 2026 y desde entonces han sido regulares, orientados a que el país pueda volver a acceder en el futuro a instrumentos financieros del organismo, no solo a los recursos que ya le pertenecían. Delcy Rodríguez agradeció el "respaldo y compromiso" de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con quien mantuvo una llamada el 8 de julio para reclamar la liberación de estos recursos y exigir el fin de las sanciones que, según el Gobierno venezolano, entorpecen la reconstrucción.
Conviene recordar el marco: los derechos especiales de giro (DEG) son el activo de reserva del FMI, asignado a cada país miembro en proporción a su cuota; su uso efectivo, sin embargo, puede requerir la cooperación de otros socios o quedar condicionado por disputas sobre qué autoridad representa legítimamente al Estado. Esa ambigüedad ha estado en el centro del contencioso venezolano desde 2019.
El litigio paralelo por el oro en el Banco de Inglaterra
En el mismo comunicado, Delcy Rodríguez informó del envío de una carta al rey Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, un contencioso que se arrastra desde 2018 y que ha llegado a los tribunales británicos en varias ocasiones. Caracas ha empleado reiteradamente este litigio como argumento de que las sanciones y bloqueos financieros occidentales agravan su capacidad para responder a emergencias como la actual.
Ni el Banco de Inglaterra ni el Gobierno británico han emitido, según la información disponible, respuesta pública a esta última solicitud. El caso se enmarca en el reconocimiento diplomático dividido que ha caracterizado la política hacia Venezuela desde 2019, controversia que sigue sin resolverse plenamente y que condiciona el acceso del país a activos y financiación internacional.
Reconstruir con las arcas debilitadas
La reconstrucción tras un gran seísmo depende tanto de la ayuda como de la solvencia previa del Estado. El terremoto de junio golpea a un país cuya infraestructura pública lleva años tensionada por la crisis económica y por un aislamiento financiero prolongado, factores que añaden complejidad frente a experiencias como la de Chile en 2010, cuando el país contaba con reservas fiscales y acceso pleno a los mercados de capital. La comparación ilustra hasta qué punto el punto de partida financiero condiciona el ritmo de recuperación, más allá de la magnitud del daño físico.
Los próximos hitos: segundo debate y nuevas gestiones
El proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria deberá completar su segundo debate en la Asamblea Nacional en las próximas semanas para entrar en vigor, trámite del que dependerá el ritmo al que el sector privado se incorpore a la construcción de las 25.000 viviendas estimadas. En paralelo, el Gobierno ha indicado que continuará las gestiones con el FMI para ampliar el acceso a fondos más allá de los recursos propios ya liberados, mientras mantiene abierta la vía diplomática por el oro depositado en Londres.
El balance de víctimas, heridos y damnificados previsiblemente seguirá actualizándose conforme avancen las labores de inspección de edificios y localización de cuerpos, según ha reconocido el propio Ejecutivo. La ausencia de una segunda fuente que corrobore de forma independiente las cifras y la falta de pronunciamientos públicos de la ONU o la Cruz Roja sobre el alcance real de la catástrofe siguen siendo, a día de hoy, una limitación relevante para valorar con precisión la magnitud de lo ocurrido.
