La abogada, cuya identidad no ha trascendido, describe un guion que se repite con extrema regularidad entre los solicitantes procedentes principalmente de Sudán y Marruecos. Su acusación se apoya en el testimonio, no en documentación acreditada.
«Todos, todos, todos. El perfil de todos ellos es que huyen de la guerra. Es como si tuvieran un guion aprendido», afirma la abogada ceutí sobre los solicitantes a los que dice haber entrevistado.
Según su relato, los solicitantes recurren fundamentalmente a tres tipos de alegación para justificar su petición de protección internacional: proceder de un país en conflicto, sufrir persecución por su orientación sexual o, en el caso de algunas mujeres, haber padecido agresión sexual o violencia de género. La coincidencia sistemática de estos argumentos es lo que, según ella, apunta a una preparación previa y no a relatos espontáneos.
La letrada relaciona directamente ese patrón con el papel de ciertas organizaciones no gubernamentales presentes en el dispositivo de acogida. «Llegas a sospechar que hay alguien ahí detrás que está orquestando evidentemente esas historias», sostiene. Cuando se le pregunta de forma expresa si se refiere a las ONG, responde afirmativamente y añade que los solicitantes portan pulseras identificativas de las entidades que, según ella, los asesoran antes de las entrevistas.
Durante la conversación cita a Cruz Roja y a Engloba, dos de las organizaciones con presencia habitual en los dispositivos de acogida a inmigrantes en la ciudad autónoma. No obstante, la propia letrada reconoce que no aporta pruebas documentales ni testimoniales de que estas entidades instruyan a los solicitantes para mentir ante las autoridades: su acusación se apoya en la percepción acumulada durante las entrevistas y en la duración de los encuentros previos entre los profesionales de estas organizaciones y los extranjeros.
«Se tiran con cada uno unas dos o tres horas entrevistándoles», afirma la abogada sobre el tiempo que, según ella, dedican los técnicos de las ONG a los solicitantes antes de las entrevistas oficiales.
Preguntada directamente si interpreta que en ese tiempo se prepara a los solicitantes para las entrevistas de asilo, la letrada zanja la cuestión con una sola palabra: «Evidentemente». Es la inferencia central de su testimonio, y también su punto más débil desde el plano probatorio, puesto que no describe haber presenciado ese proceso de preparación ni aporta constancia documental de su contenido.
El marco legal ofrece garantías precisamente frente a acusaciones de esta naturaleza. La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, obliga a las autoridades a examinar de forma individualizada cada solicitud, con entrevista personal y valoración de la credibilidad del relato; el asesoramiento jurídico y la asistencia de ONG a los solicitantes forman parte del procedimiento y están amparados por la normativa española y europea, sin que la coincidencia de perfiles —huida de conflictos armados, persecución por orientación sexual o violencia de género— constituya por sí sola indicio de fraude.
El triaje de menores, la próxima prueba
La preocupación de la abogada se traslada especialmente al proceso que se avecina en los próximos días: el triaje de los menores extranjeros no acompañados llegados el pasado 30 de julio. Este procedimiento, regulado por la normativa de protección de menores y extranjería, busca determinar la edad de quienes se presentan como menores, evaluar su situación de vulnerabilidad y valorar las circunstancias familiares que rodean cada caso antes de resolver sobre su acogida o repatriación.
«Va a suponer una carga de trabajo tremenda para todos los compañeros que estamos aquí», advierte la letrada sobre el triaje que se avecina en la ciudad autónoma.
La abogada añade que los profesionales se han incorporado voluntariamente al dispositivo, aunque su intervención resulta en la práctica imprescindible para tramitar el volumen de expedientes previsto. «Si no, es imposible que esto se agilice», sostiene, subrayando que cada caso exige entrevistas, comprobaciones documentales y numerosos trámites antes de adoptar cualquier decisión administrativa. No afirma haber constatado personalmente casos de adultos que se hayan hecho pasar por menores, pero sitúa esa posibilidad dentro del mismo patrón de relatos que, según ella, observa entre los solicitantes.
La sospecha sobre la instrucción de solicitantes por parte de ONG no es nueva en el debate migratorio español. Durante la crisis de los cayucos en Canarias en 2006, y de nuevo tras la entrada masiva de más de 8.000 personas en Ceuta en mayo de 2021 —cuando Marruecos relajó su control fronterizo—, sectores políticos difundieron acusaciones similares sobre relatos aprendidos, sin que las investigaciones judiciales acreditaran una preparación organizada del discurso de los peticionarios de asilo.
«Muchos de ellos vienen sin saber, te contestan como si lo hubieran aprendido de memoria», insiste la letrada, que llega a calificar el sistema de asesoramiento previo como «un negocio», una valoración que atribuye a su experiencia profesional pero que no sustenta con contratos ni testimonios adicionales.
Las declaraciones se producen en un contexto de fiscalización creciente sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta tras el asalto de julio, que ya generó controversia por decisiones como el pacto entre la Moncloa y la ministra Robles sobre la posición oficial del CNI respecto a lo ocurrido en la frontera, o el encargo urgente de wifi a Telefónica para gestionar la emergencia sobre el terreno. Las acusaciones de la abogada sobre el papel de Cruz Roja y Engloba constituyen, por el momento, su testimonio personal y no acreditan por sí mismas que estas organizaciones estén induciendo a los solicitantes a presentar relatos falsos ante las autoridades españolas.
