La operación de desclasificación, inédita por su volumen, incluyó informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia sobre las horas previas y posteriores al episodio, en el que unas 72.000 personas cruzaron de golpe la frontera. El Ejecutivo llevaba días preparando la publicación, en un intento de responder a las acusaciones de haber ignorado señales de alarma sobre el operativo que se gestaba en el lado marroquí.
Robles ya había reconocido públicamente margen de mejora en la respuesta al asalto del 30 de julio, en unas declaraciones que se produjeron en plena escalada de la polémica por la gestión gubernamental del episodio. Esa admisión se enmarca ahora, en la misma estrategia de comunicación que el Ejecutivo coordinó con el CNI para fijar un relato único ante la opinión pública.
El CNI depende orgánicamente de Defensa y está sometido a la supervisión de la Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados del Congreso. El organismo no suele fijar posición pública sobre operativos concretos, lo que convierte en inusual que su versión oficial se hubiera pactado directamente con La Moncloa antes de conocerse los documentos desclasificados.
La Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, exige que la desclasificación de material reservado siga un procedimiento tasado que, en el caso de las materias clasificadas como secretas, corresponde al Consejo de Ministros. La decisión de publicar decenas de documentos de una tacada rompe con la práctica habitual del Estado, que tiende a mantener bajo reserva la información relativa a operativos fronterizos y a sus fuentes.
La crisis ha desgastado la imagen pública del Gobierno en otros frentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que salir a defender en Antena 3 las vacaciones del presidente Pedro Sánchez durante los días más críticos del episodio, en una entrevista que evidenció las dificultades del Ejecutivo para gestionar el relato político de la crisis.
España no es ajena a la fricción entre el poder político y sus servicios de inteligencia. El caso Pegasus salpicó en 2022 al CNI por el espionaje a dirigentes independentistas catalanes y costó el cargo a su entonces directora, Paz Esteban, un precedente de cómo la gestión pública de crisis vinculadas al organismo puede desembocar en consecuencias políticas de calado.
Los documentos publicados abarcan comunicaciones internas y partes operativos de los cuerpos de seguridad desplegados aquel día en la frontera con Marruecos, cuya gestión compartida entre ambos países arrastra tensiones diplomáticas desde hace décadas.
