Su nombramiento, hace ahora un año, no fue pacífico. El proceso desató un pulso ideológico dentro del aparato de poder iraní entre sectores conservadores partidarios de un perfil más alineado con la ortodoxia estatista y el presidente Masoud Pezeshkian, que finalmente impuso su criterio a favor de un tecnócrata con formación occidental y trayectoria académica internacional. Ese origen formativo se ha convertido en munición política: los sectores más conservadores han bautizado a Madanizadeh como el «Chicago Boy», en referencia a los economistas latinoamericanos formados en esa universidad que aplicaron reformas de mercado en el Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980, y le acusan de importar recetas neoliberales ajenas al modelo de «economía de resistencia».
El propio ministro ha respondido públicamente a esas críticas. «No soy discípulo de las escuelas económicas de Occidente ni de Oriente», declaró recientemente a la agencia de noticias iraní Tasnim, en un intento de desmarcarse tanto del estatismo tradicional del régimen como de la etiqueta liberal que le atribuyen sus detractores. Madanizadeh sostiene que las presiones económicas y militares estadounidenses buscan provocar «desesperación y colapso» en la sociedad iraní, un diagnóstico que enmarca su gestión como una defensa nacional más que como una simple política de estabilización macroeconómica.
El contenido técnico de su programa ha sido descrito por el analista Barzin Jafartash Amiri en un artículo publicado por la Bourse & Bazaar Foundation, un centro de estudios con sede en Londres especializado en la economía iraní. Según ese análisis, Madanizadeh apuesta por reducir el déficit público, sanear un sistema bancario lastrado por activos tóxicos, reformar el régimen de tipos de cambio —marcado históricamente por la existencia de un mercado paralelo de divisas— y sustituir los subsidios generalizados a la energía y los alimentos por transferencias directas a los hogares más vulnerables.
Se trata, en esencia, del tipo de agenda que instituciones como el Fondo Monetario Internacional han recomendado durante décadas a economías con fuerte intervención estatal, pero Amiri subraya que el ministro rechaza aplicarla mediante una liberalización brusca y defiende cambios graduales para evitar lo que en la literatura económica se conoce como «terapia de choque», la estrategia de ajuste acelerado asociada a experiencias como la rusa de los años noventa, cuyo coste social fue severo y prolongado. En materia de sanciones, Amiri describe la posición del ministro como «pragmática»: respalda las negociaciones que puedan conducir a su levantamiento, pero insiste en que Irán debe prepararse para un escenario de sanciones sostenidas y aislamiento prolongado.
Una inflación que casi se ha duplicado en un año
Los indicadores disponibles ilustran la magnitud del reto. Según portales financieros iraníes, la inflación interanual ha pasado de aproximadamente el 39% al 88,6% durante el primer año de gestión de Madanizadeh, mientras que la tasa anual se ha disparado del 34,5% al 62%. Son cifras que sitúan a Irán entre las economías con mayor presión inflacionaria del mundo —muy por encima del entorno del 2% que registran de media la zona euro y las principales economías avanzadas—, en un contexto en el que el rial ha continuado depreciándose frente al dólar en el mercado paralelo, el termómetro más seguido por la población para calibrar la salud real de la moneda nacional.
Tras la entrada en vigor de nuevas sanciones estadounidenses, Madanizadeh compareció en la televisión estatal iraní con un mensaje de desafío. «Tenemos nuestras propias herramientas y también sabemos cómo se juega», declaró, en alusión a los años de experiencia acumulada por Teherán para sortear restricciones financieras internacionales. El ministro llegó a sugerir que Irán podría «pasar a la ofensiva» y se mostró confiado en que numerosos países no secundarán en la práctica las amenazas de Trump de cortar todo vínculo comercial con el país.
El diagnóstico oficial no oculta la gravedad de la coyuntura. El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnasser Hemmati, reconoció a comienzos de semana que las exportaciones de petróleo —la principal fuente de divisas del país— se han detenido casi por completo, un golpe directo a unas arcas públicas que dependen en gran medida de los ingresos hidrocarburíferos. Pese a ello, Hemmati insistió en que no existe escasez de divisas para la adquisición de bienes esenciales, alegando que el Banco Central mantiene reservas de efectivo en ubicaciones «a las que Estados Unidos no puede acceder».
La respuesta institucional se ha completado con un discurso de autosuficiencia promovido desde otros vértices del poder. El nuevo responsable de seguridad, Mohsen Rezaei, exmáximo responsable de la Guardia Revolucionaria, ha instado a los jóvenes iraníes a «entrar en la economía» y fabricar en el ámbito doméstico los productos que sus familias y comunidades necesitan, una llamada que recuerda a las campañas de sustitución de importaciones impulsadas en momentos anteriores de aislamiento internacional.
El precedente de 2018 y el peso de la «economía de resistencia»
La actual coyuntura no es inédita. Irán ya atravesó un episodio de fuerte contracción económica y depreciación monetaria tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 durante el primer mandato de Trump, en 2018, cuando Washington restableció sanciones sobre el sector petrolero y financiero iraní. Aquella experiencia consolidó el concepto de «economía de resistencia», acuñado por el líder supremo Ali Jamenei, como marco ideológico para justificar políticas de autarquía relativa frente a la presión exterior. La diferencia ahora reside en la intensidad simultánea de los frentes: sanciones reforzadas, exportaciones petroleras prácticamente paralizadas y una inflación interanual que casi ha duplicado su ritmo en apenas doce meses.
Ese cúmulo de factores explica por qué las miradas dentro del aparato de poder se dirigen hacia Madanizadeh como responsable último de sostener el equilibrio financiero del país en el que las autoridades describen como el periodo de mayor presión de la historia de la república islámica. El ministro concentra la responsabilidad de un ajuste que se pretende gradual en un entorno que empuja hacia la contracción brusca.
El horizonte inmediato dependerá de variables que escapan en buena medida al control del propio ministro: la evolución de las negociaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní, la disposición de terceros países —principalmente China, principal comprador de crudo iraní pese a las sanciones— a mantener sus relaciones comerciales con Teherán, y la capacidad del Gobierno de Pezeshkian para sostener políticamente un programa de ajuste gradual frente a la presión de los sectores más conservadores. Ninguno de esos factores tiene, por ahora, un desenlace cierto.
