Patricia, una de las vecinas desalojadas, describió el día de los hechos como un episodio de incertidumbre. "Ese día nos preocupaba cómo nos estaban lanzando; fue un despojo disfrazado de desalojo", relató. Según su testimonio, la mayoría de los habitantes del edificio son personas de la tercera edad, lo que ha agravado el impacto de vivir fuera de sus hogares durante los últimos doce meses.
La afectada advirtió que tres vecinos del inmueble han fallecido desde el desalojo sin haber podido regresar a sus departamentos. "Ya ha habido tres personas fallecidas: la primera fue el señor Adrián, él tenía un local de máquinas; la segunda fue el señor Salvador, que luego de que nos desalojaron se agravó su enfermedad; y el 10 de agosto falleció mi suegra, más de 70% son personas de la tercera edad", señaló Patricia, quien pidió a las autoridades capitalinas acelerar los trámites pendientes.
Angélica, de 42 años, otra de las residentes desplazadas, atribuyó los avances registrados en el expediente a la "necedad y rebeldía" de los propios vecinos más que a una gestión expedita de las autoridades. Según contó, semanas después del desalojo el grupo de afectados protagonizó manifestaciones que incluyeron la quema de colchones y muebles frente al predio, ante "el coraje y la rabia de exigir que nos regresen a nuestro edificio".
Blanca, quien había vivido catorce años en su departamento antes de quedar sin hogar, recordó que se enteró del desalojo por una llamada de su nuera, pues se encontraba fuera del lugar en el momento de los hechos. Actualmente reside con su nieto y, como el resto del grupo, aguarda una respuesta puntual de las autoridades sobre los pasos a seguir para adquirir sus viviendas.
El mecanismo al que recurrió el gobierno capitalino está previsto en la legislación de expropiación aplicable en la Ciudad de México, que faculta a la autoridad local para declarar la utilidad pública de un predio cuando exista una causa que lo justifique, entre ellas la atención a necesidades habitacionales de la población. La publicación de la declaratoria en la Gaceta Oficial es un paso necesario pero no suficiente: a partir de ahí deben definirse el avalúo del inmueble, la indemnización a los propietarios originales y los términos en que las familias podrán adquirir sus antiguas viviendas.
El caso de Cuba 11 refleja las tensiones entre la política de vivienda y los procesos de desalojo en el Centro Histórico, una zona donde conviven edificios con problemas estructurales, inquilinos de bajos ingresos con antigüedad de décadas y una creciente presión inmobiliaria sobre el primer cuadro de la capital. Organizaciones vecinales han vinculado el aumento de desalojos a la revalorización de inmuebles antiguos, muchos de ellos con contratos de renta congelada desde hace años.
Un precedente en la reconstrucción de 1985
Este tipo de intervención estatal sobre inmuebles con inquilinos vulnerables no es inédita en la capital. Tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, el gobierno federal recurrió a expropiaciones de predios dañados en el Centro Histórico y otras zonas para garantizar la reconstrucción y evitar el desplazamiento definitivo de miles de familias, un antecedente que marcó la política de vivienda popular capitalina durante las décadas siguientes y dio origen a programas de vivienda en renta para damnificados.
Hasta ahora, la Secretaría de Vivienda no ha detallado públicamente un cronograma preciso para concluir el proceso de expropiación de Cuba 11 ni una fecha estimada para que los afectados puedan adquirir sus departamentos. Los vecinos consultados coinciden en que la falta de plazos claros ha sido una de las principales fuentes de desgaste durante el último año.
Las familias desplazadas continúan organizadas y han mantenido comunicación con autoridades locales para dar seguimiento al expediente, según su relato. El siguiente hito del proceso será la conclusión del trámite de expropiación y la determinación de los términos de venta de los departamentos, pasos que, de acuerdo con el compromiso asumido por la dependencia que encabeza Inti Muñoz, permitirían a los vecinos regresar al inmueble que habitaron durante años antes del desalojo de agosto de 2025.