Los informes, que suman 178 páginas y 42 anexos documentales, describen una arquitectura financiera que la UCO califica de 'opaca, profesional y diseñada con conocimiento del entorno regulatorio del Principado'. Las tres cuentas están abiertas en dos entidades distintas —una de matriz bancaria tradicional y otra vinculada al sector asegurador—, y su titularidad aparece a nombre de dos sociedades instrumentales constituidas en 2019 y una tercera persona física no residente en España. Ninguno de los tres titulares coincide, en términos formales, con los nombres de los investigados del núcleo duro del caso Koldo.
La cifra que sustenta la investigación es la siguiente: entre enero de 2020 y diciembre de 2023, las tres cuentas han movido en conjunto un importe superior a 940.000 euros. Los flujos se distribuyen de forma desigual. Dos de las cuentas concentran la mayoría de los ingresos, con transferencias procedentes de entidades radicadas en Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos. La tercera cuenta, más pequeña en volumen, registra salidas hacia un despacho de abogados con sede en Madrid y hacia un proveedor de servicios fiduciarios con presencia en tres jurisdicciones distintas. Es el tipo de arquitectura que los especialistas en blanqueo llaman 'malla triangular': ingresos concentrados, pagos dispersos y una capa profesional interpuesta entre ambos extremos.
La Fiscalía Anticorrupción, que dirige la pieza, ha encargado a la UCO una segunda fase de investigación centrada en determinar si los ingresos recibidos en Andorra tienen correlato con contratos públicos adjudicados en España durante los años 2020 y 2021, los más sensibles del caso Koldo. El cruce de datos, según fuentes conocedoras del expediente, está todavía en una fase preliminar. 'Es una tarea que requiere semanas de análisis contable, no días', resume un investigador con experiencia en casos de corrupción internacional. Lo que sí está cerrado, desde el punto de vista procesal, es la orden europea de información que permite a los jueces españoles solicitar acceso a los datos andorranos a través del acuerdo bilateral firmado en 2014.
El hallazgo de las cuentas no implica, por sí solo, una imputación formal a nuevos responsables. Pero sí supone un cambio de naturaleza en el propio expediente del caso Koldo. Hasta hoy, la investigación se había centrado mayoritariamente en contratos de mascarillas, pagos en efectivo en territorio español y comisiones acreditadas entre intermediarios conocidos. A partir de hoy, el expediente tiene una dimensión internacional que obliga al juzgado de instrucción a coordinarse con la Fiscalía General del Principado, con Hacienda, con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo (Sepblac) y, previsiblemente, con la unidad de inteligencia financiera de Moncofa, en Italia, donde una de las sociedades instrumentales tiene apoderados.
En el entorno del principal investigado del caso —el exasesor Koldo García— niegan categóricamente cualquier vinculación con las tres cuentas. Su abogado, consultado por este periódico, sostiene que 'no hay elementos que permitan relacionar ese dinero con mi cliente, ni directa ni indirectamente' y recuerda que el secreto bancario del Principado ya no es lo que era. Fuentes próximas a la Fiscalía, por su parte, prefieren no hacer declaraciones formales, pero admiten que la fase actual del expediente 'requiere paciencia' y que los resultados preliminares pueden tardar todavía entre seis y ocho semanas en cristalizar en una acción procesal concreta.
El material documental que este periódico ha podido verificar incluye, además de los propios informes de la UCO, dos documentos notariales —uno en España y otro en Andorra— que acreditan la constitución de las sociedades instrumentales y el nombramiento de sus administradores. El análisis cruzado de esos documentos con el registro mercantil español permite identificar, por primera vez, una relación previa entre los administradores de una de las sociedades y un despacho profesional que ya figuraba en los primeros informes del caso en 2023. Esa relación, que hasta ahora no había sido subrayada en la instrucción, es el punto donde la Fiscalía prevé concentrar los próximos esfuerzos.
Este periódico ha decidido publicar esta información después de contrastarla con tres fuentes independientes y de ofrecer réplica a todas las personas implicadas. Ninguna de ellas, a la hora de cierre, ha aportado documentación que desmienta el contenido de los informes. Nos atenemos, como siempre, a la lógica procesal: los citados no están imputados, los datos bancarios están sometidos a análisis y los movimientos documentados son susceptibles de interpretación económica. Pero la pregunta que se hará a partir de hoy cualquier lector atento es la misma que se hacen los investigadores en voz baja desde febrero: ¿de dónde salió ese dinero, y por qué alguien, en 2019, montó una arquitectura tan compleja para hacerlo llegar a Andorra?
El caso Koldo deja hoy de ser un expediente sobre mascarillas y pasa a ser, en términos instructores, un expediente sobre flujos internacionales. El matiz es importante: cambia la escala del problema, cambia la geografía de la investigación y cambia el tipo de fiscal y el tipo de juez que tiene que manejarlo. Y, sobre todo, cambia el calendario. Un caso nacional se resuelve en meses; un caso con ramificaciones internacionales se resuelve en años. La paciencia, en estos procesos, es la única moneda que conserva su valor.
