El informe, compuesto por doscientas catorce páginas y cuarenta y tres anexos, fue remitido al Tribunal Supremo el pasado martes como prueba documental del juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama. Su lectura íntegra durante la sesión del miércoles ocupó una hora y cuarenta minutos. Aunque la mayor parte del documento se centra en el entramado financiero de la trama de las mascarillas, el capítulo IV —páginas 87 a 103— realiza un análisis cruzado de las comunicaciones de todos los actores relevantes, incluidos aquellos que no están formalmente acusados.
Es en ese capítulo donde aparece el dato sobre Armengol. Los investigadores de la UCO cotejaron los registros de la operadora Movistar —proveedor de la línea personal de Armengol— con los de Vodafone —proveedor de la línea de Koldo García— y encontraron cuarenta y siete registros de llamadas entre ambos números en el periodo enero-agosto de 2020. De esas cuarenta y siete llamadas, veintiuna fueron entrantes —de Koldo a Armengol—, dieciocho salientes —de Armengol a Koldo— y ocho bidireccionales registradas con duración superior a un minuto. La duración media de las llamadas fue de cuatro minutos y treinta y dos segundos, con un pico de diecisiete minutos el 14 de marzo de 2020, un día después de la declaración del estado de alarma.
La discrepancia con la declaración jurada de Armengol es difícil de explicar por error de memoria. En septiembre de 2025, cuando compareció ante la Audiencia Nacional como testigo en la pieza separada del caso Koldo, Armengol declaró que 'contacté con Koldo García en ocho ocasiones, todas ellas relacionadas con la gestión de material sanitario para Baleares durante la pandemia, y siempre por iniciativa institucional'. La UCO no cuestiona que algunas de esas llamadas fueran institucionales, pero sí constata que al menos dieciocho fueron realizadas desde el teléfono de Armengol al de Koldo, lo que dificulta la tesis de que todas respondieran a iniciativa de la otra parte.
El informe añade un detalle adicional que complica la posición de la presidenta del Congreso. En tres de las llamadas —las del 22 de abril, 7 de mayo y 3 de junio de 2020—, los registros de geolocalización sitúan el teléfono de Armengol en Madrid, no en Palma de Mallorca, donde ejercía como presidenta del Govern balear. Si Armengol estaba en Madrid en esas fechas, la explicación de que las llamadas se debían a la gestión de material sanitario para las Baleares pierde parte de su lógica, porque la coordinación logística con el Ministerio se hacía desde la consejería de Salud balear, no desde Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción no ha formalizado una acusación por falso testimonio contra Armengol, y varias fuentes jurídicas consultadas por este periódico subrayan que la diferencia entre los registros y la declaración podría tener explicaciones no delictivas: Armengol podría haber contado solo las llamadas 'significativas' y no las breves o las que quedaron sin respuesta, o podría haber utilizado otros canales de comunicación —WhatsApp, Telegram— que no aparecen en los registros de operadora. Sin embargo, la propia formulación de su declaración ('contacté en ocho ocasiones') no dejaba margen para interpretaciones parciales: la cifra era categórica.
En el PP, el informe ha provocado una reacción inmediata. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria, ha exigido públicamente que Armengol comparezca ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y que, si no lo hace voluntariamente, sea citada por la vía del artículo 76 de la Constitución. La petición tiene un problema procesal: la presidenta del Congreso goza de fuero constitucional y no puede ser citada como testigo ante una comisión del Senado sin la autorización del Pleno del propio Congreso, un trámite que la mayoría de investidura de Sánchez bloquearía automáticamente.
Fuentes cercanas a Armengol han trasladado un mensaje de calma: 'La presidenta no tiene nada que ocultar y colaborará con cualquier requerimiento judicial que se produzca en el marco del juicio'. El matiz es relevante: colaborará con el Supremo si le requiere, pero no se someterá voluntariamente a la comisión del Senado. Es una línea de defensa que separa lo judicial de lo político, un terreno que Armengol domina desde su larga experiencia como presidenta autonómica.
El impacto institucional del dato es difícil de exagerar. La presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, aparece en el informe de un cuerpo policial como persona que declaró bajo juramento una cifra sustancialmente inferior a la real. Que eso tenga consecuencias penales dependerá de la Fiscalía. Que tenga consecuencias políticas dependerá de la aritmética parlamentaria. Y que tenga consecuencias reputacionales ya no depende de nadie: el dato ya es público.
Lo que el informe de la UCO no resuelve —y quizá no pueda resolver— es el porqué. ¿Por qué Armengol mantuvo cuarenta y siete contactos con Koldo García durante los meses más oscuros de la pandemia? ¿Gestionaba material sanitario para Baleares, como ella declaró, o había algo más? El juicio del Supremo, que continúa la próxima semana con nuevas testificales, podría aportar respuestas. Pero la pregunta ya está planteada. Y en política, como en los tribunales, las preguntas sin respuesta rápida suelen ser las más peligrosas.
