La medida representa uno de los golpes arancelarios más severos aplicados por Washington a un socio con el que mantiene, históricamente, una de las relaciones bilaterales más estrechas del continente. Canadá y Estados Unidos comparten la frontera terrestre más extensa del mundo y un intercambio comercial que durante años ha superado los cientos de miles de millones de dólares anuales, de acuerdo con cifras difundidas en el pasado por la oficina de representación comercial estadounidense (USTR).
El anuncio se inscribe en la política comercial que Trump ha sostenido desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, caracterizada por el uso reiterado de aranceles como herramienta de presión frente a sus principales socios, incluidos México, la Unión Europea y China. Ottawa no ha emitido todavía una respuesta oficial detallada sobre las nuevas tarifas, aunque en episodios previos de tensión comercial el gobierno canadiense ha optado por medidas de retaliación equivalentes sobre productos estadounidenses.
Efectos de segundo orden para El Salvador
Para El Salvador, un recrudecimiento de la disputa entre las dos economías más grandes de América del Norte no es un asunto ajeno. Estados Unidos es, por mucho, el principal socio comercial del país y el destino de la mayoría de las exportaciones salvadoreñas, además de ser la fuente de las remesas familiares que, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), han representado en años recientes más del 23% del producto interno bruto (PIB) nacional. Cualquier alteración en las cadenas de suministro norteamericanas —incluidas las vinculadas a la industria automotriz, en la que participan proveedores mexicanos y centroamericanos— podría tener efectos indirectos sobre sectores exportadores locales.
El Órgano Ejecutivo salvadoreño no ha emitido pronunciamientos específicos sobre esta disputa bilateral entre Washington y Ottawa, al tratarse de un asunto ajeno a la relación comercial directa entre El Salvador y Estados Unidos. Aun así, la política arancelaria de Washington hacia sus socios ha sido seguida de cerca por los gobiernos centroamericanos, en la medida en que cualquier reconfiguración de esos flujos podría alterar la inversión extranjera directa que llega a la región.
Las nuevas tarifas se suman a una serie de disputas previas entre ambos países. En 2018 y 2019, durante el primer mandato de Trump, ya se vivió un episodio similar con aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio canadienses, bajo el argumento de seguridad nacional contemplado en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial estadounidense de 1962. Aquella disputa se resolvió en 2019 mediante un acuerdo que eliminó los gravámenes a cambio de mecanismos de vigilancia sobre las exportaciones canadienses, un antecedente que suele citarse como referencia para anticipar posibles desenlaces negociados.
El T-MEC y el margen unilateral de Washington
El T-MEC, vigente desde julio de 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), establece mecanismos de solución de controversias entre los tres socios que podrían activarse si Ottawa decide impugnar formalmente las nuevas tarifas ante los paneles previstos en el tratado. Sin embargo, la aplicación de aranceles bajo justificaciones de seguridad nacional ha sido, en la práctica, un terreno donde Washington ha mantenido amplio margen de maniobra unilateral, al margen de los compromisos suscritos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sectores empresariales canadienses vinculados a la industria automotriz, la producción láctea y la exportación de licores —en particular el whisky canadiense, uno de los productos más identificados con las disputas arancelarias previas— han expresado en el pasado su preocupación por el impacto de este tipo de medidas sobre el empleo y la inversión. Las provincias de Ontario y Quebec, con fuerte presencia de manufactura automotriz y agroindustria láctea respectivamente, suelen ser las más expuestas a estas fricciones bilaterales.
Desde la perspectiva de la administración Trump, la justificación reiterada para estas medidas ha girado en torno a reducir el déficit comercial estadounidense y proteger a la industria manufacturera doméstica, un argumento sostenido de forma constante desde su primera gestión, entre 2017 y 2021. Economistas han señalado, no obstante, que la evidencia sobre la eficacia de los aranceles para revertir déficits estructurales es mixta y que, en episodios previos, los costos de las tarifas terminaron trasladándose en parte a los consumidores estadounidenses.
De cara a los próximos días, el desarrollo del episodio dependerá de si Canadá activa los mecanismos de consulta y eventual arbitraje previstos en el T-MEC o si opta, como en ocasiones anteriores, por una respuesta arancelaria simétrica sobre productos estadounidenses. También quedará por verse si otros socios comerciales de Washington, atentos a este tipo de precedentes, ajustan sus propias estrategias de negociación ante la posibilidad de enfrentar medidas similares.
