El parte médico de Villarejo, emitido a las nueve de la noche por la dirección de la clínica Ruber Internacional, fue escueto pero suficiente para disipar las dudas sobre la continuidad del juicio de Kitchen: constantes vitales estables, temperatura de 36,4 grados, tensión arterial dentro de parámetros normales, drenaje quirúrgico con flujo decreciente y sin signos de infección. La cirugía de tres horas y cuarenta minutos realizada esta mañana — una intervención vascular compleja que los abogados del excomisario habían utilizado como argumento para solicitar la suspensión del juicio — se había resuelto sin complicaciones. El cirujano jefe, según fuentes hospitalarias, comunicó a la familia que el postoperatorio evolucionaba dentro de lo esperado para un paciente de sesenta y ocho años con los antecedentes médicos de Villarejo. La custodia policial permanente en la puerta de la habitación 412 recordaba que, pese a la bata de hospital y la vía intravenosa, el paciente seguía siendo un preso preventivo con causas abiertas que suman más de treinta años de peticiones de condena.
La reanudación del juicio de Kitchen el 9 de junio, que el tribunal había vinculado a la evolución quirúrgica de Villarejo, quedó confirmada de facto con el parte médico de esta noche. Los abogados de la defensa habían planteado la posibilidad de solicitar un aplazamiento adicional si la cirugía se complicaba, pero esa vía se cerró a las nueve y un minuto. El tribunal, que ya tiene programadas las sesiones de junio con declaraciones de cuatro testigos clave — entre ellos un exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional y un exresponsable de la UDEF —, podrá retomar el macrojuicio sin nuevas interrupciones. El dato más relevante de la jornada judicial de Kitchen fue la admisión como prueba pericial del audio de 2014 en el que un interlocutor no identificado propone convertir al chófer de Bárcenas en policía a cambio de su silencio sobre la caja B del PP. La grabación, que la defensa de Villarejo lleva meses intentando introducir en el procedimiento, fue aceptada por el tribunal tras un análisis forense que confirmó su autenticidad y descartó manipulaciones en la banda de frecuencia.
El frente de Begoña Gómez se movió con más sutileza pero no con menos trascendencia. A las nueve de la noche, la defensa de la esposa del presidente registró en la Audiencia Provincial un escrito complementario de veintiocho páginas que incluía como anexo una cadena de correos electrónicos internos de la Universidad Complutense fechados entre febrero y abril de 2024. Los emails, según la nota de prensa del bufete, demuestran que Gómez no participó en ningún momento en el proceso de selección de Barrabés como proveedor de servicios tecnológicos para la cátedra que dirigía, y que la adjudicación directa fue una decisión adoptada por el vicerrector de Investigación sin consultar a la directora de la cátedra. Si la Audiencia Provincial acepta estos documentos como parte del recurso — algo que no está garantizado porque se presentan fuera de plazo —, la posición del juez Peinado se debilitaría significativamente, porque uno de los pilares de su instrucción es precisamente la supuesta influencia de Gómez en la contratación de Barrabés.
La ponencia del magistrado relator de la Audiencia Provincial sobre el recurso de Gómez contra Peinado completó esta noche su circulación entre las tres secciones. El documento, cuyo contenido es reservado, ha sido estudiado por nueve magistrados en total, y la resolución se ha confirmado para primera hora del viernes 23. Si la Audiencia estima el recurso y anula parte de la instrucción de Peinado, sería la primera vez en esta causa que un tribunal superior corrige formalmente al juez instructor.
El tercer frente judicial de la noche tenía acento venezolano y escenario europeo. A las siete y media de la tarde, hora de Bruselas, el Servicio Europeo de Acción Exterior comunicó formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores español que la solicitud de exención diplomática para Delcy Rodríguez no había prosperado. La vicepresidenta venezolana, sometida a sanciones individuales de la UE desde 2018 que incluyen la prohibición de entrada en territorio comunitario, no podrá asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo julio. La decisión no fue una sorpresa — los precedentes eran claros y la presión del PP ante la Comisión Europea había sido intensa —, pero sí supuso un golpe para la estrategia diplomática del Gobierno, que llevaba semanas negociando en Bruselas una fórmula de compromiso que permitiera la presencia de Rodríguez sin levantar formalmente las sanciones.
La reacción del PP fue inmediata y calculada. A las ocho de la noche, el portavoz de Exteriores del grupo popular en el Congreso emitió un comunicado en el que celebraba la decisión de Bruselas y exigía al ministro Albares que explicara en sede parlamentaria por qué el Gobierno había dedicado recursos diplomáticos a intentar sortear las sanciones europeas contra una dirigente del régimen de Maduro. El comunicado iba acompañado de una solicitud de comparecencia urgente en la Comisión de Asuntos Exteriores que probablemente se tramitará la semana próxima. Vox fue más allá y pidió directamente la dimisión de Albares, acusándole de convertir la diplomacia española en un instrumento al servicio de dictaduras latinoamericanas. La controversia tiene un componente interno que el PP explota con habilidad: el episodio de Barajas de 2020, cuando Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto madrileño y fue recibida por Ábalos — sí, el mismo Ábalos que mañana será condenado en el caso Koldo —, sigue siendo una herida abierta que vincula la política exterior del Gobierno con sus escándalos judiciales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores respondió a las nueve y cuarto con una nota oficial que intentaba minimizar el impacto del rechazo europeo. Albares, según la nota, había planteado la exención como una gestión de cortesía internacional habitual en el marco de cumbres multilaterales, y la decisión final correspondía a los mecanismos de la UE, no al Gobierno español. La nota añadía que la Cumbre Iberoamericana seguirá adelante con los representantes que designe Venezuela y que España mantiene su compromiso con el multilateralismo iberoamericano. Pero el daño político estaba hecho. La imagen de un Gobierno que intenta colar a la vicepresidenta de Maduro en una cumbre en Madrid, mientras su propio exministro de Transportes espera sentencia por corrupción y mientras un crucero con un virus mortal está fondeado en Canarias, es el tipo de confluencia narrativa que los asesores de comunicación de Moncloa preferirían no tener que gestionar.
La conexión subterránea entre los tres frentes judiciales es más profunda de lo que sugiere la mera coincidencia temporal. Kitchen, Begoña y Delcy comparten un elemento común que raramente se explicita pero que estructura toda la política judicial española de los últimos años: los tres casos ponen en cuestión los límites entre la acción del Gobierno y la acción penal. En Kitchen, se juzga si el Gobierno de Rajoy utilizó las instituciones policiales para espiar a un tesorero que podía comprometer al partido. En Begoña, se investiga si la esposa del presidente utilizó su posición para favorecer a un empresario. En Delcy, se cuestiona si un ministro facilitó la entrada en España de una dirigente sancionada. Los tres casos, cada uno a su manera, plantean la misma pregunta incómoda: ¿dónde termina el poder político y dónde empieza la responsabilidad penal? La sentencia del Koldo de mañana no resolverá esa pregunta, pero la respuesta que dé Marchena sobre la responsabilidad de Ábalos como ministro establecerá un precedente que irradiará sobre los otros dos procedimientos.
La noche terminaba con una sensación de saturación judicial que muchos observadores comparaban con los años más intensos de la corrupción institucional española. El paciente, en esta metáfora, no es Villarejo ni Ábalos ni Begoña Gómez: es el sistema político en su conjunto, que asiste con los ojos abiertos a un proceso de rendición de cuentas que lleva años gestándose y que esta semana alcanza una intensidad sin precedentes. Mañana, cuando Marchena lea la sentencia del Koldo, el escenario judicial se simplificará en apariencia pero se complicará en sustancia. Y los tres frentes que esta noche avanzaron en silencio seguirán avanzando, cada uno a su ritmo, pero todos hacia el mismo destino: la verdad incómoda de que el poder, cuando se ejerce sin controles, acaba tarde o temprano en un juzgado.
