La captura se concretó tras labores de investigación de la PNC que permitieron ubicar a Ortiz Gutiérrez pese a contar con una notificación roja, una alerta de cooperación internacional que activa la búsqueda de una persona requerida por delitos graves en distintas jurisdicciones. Las autoridades no detallaron el lugar de la aprehensión ni el tiempo que el señalado permaneció evadiendo la acción de la justicia.
El requerimiento contra el capturado incluye tres delitos distintos: homicidio agravado, encubrimiento y privación de libertad. En el Código Penal salvadoreño, el homicidio agravado puede acarrear penas de treinta a cincuenta años de prisión, mientras que la privación de libertad y el encubrimiento contemplan sanciones menores según las circunstancias probadas en cada caso. La suma de cargos apunta a una acumulación de causas que deberán resolverse en la fase procesal correspondiente.
Las autoridades de Seguridad subrayaron durante el procedimiento la presunta vinculación de Ortiz Gutiérrez con el homicidio de un agente policial ocurrido en 2012 en Santa Ana, un caso que durante años permaneció sin una captura vinculada de manera directa a este nombre. La búsqueda de responsables de crímenes contra miembros de la corporación no es inusual: la PNC mantiene registros históricos de agentes caídos en cumplimiento de su función cuyos responsables continúan siendo requeridos años después.
Según se indicó durante la información brindada sobre el procedimiento, Ortiz Gutiérrez habría manifestado que no recordaba sus delitos, incluido el caso relacionado con la muerte del agente policial. Esa manifestación quedará sujeta a la valoración que corresponda dentro del proceso, sin que constituya por sí misma un reconocimiento ni una negación formal de los hechos investigados.
La notificación roja se emite a través de mecanismos de cooperación policial internacional para solicitar la localización y eventual detención provisional de una persona con miras a su extradición o entrega a las autoridades del país requirente. Su activación implica que existía una orden de captura o proceso judicial previo, en El Salvador o en coordinación con otra jurisdicción, sobre los delitos atribuidos al detenido.
El capturado quedó bajo el procedimiento correspondiente, conforme informaron las autoridades de Seguridad. En este tipo de capturas, el proceso salvadoreño contempla que la persona sea puesta a disposición judicial para determinar la fase de instrucción de cada uno de los delitos señalados.
La captura se suma a otros procedimientos recientes reportados por la PNC en distintos puntos del país, entre ellos la captura de un hombre con orden de arresto por agrupaciones ilícitas en Morazán, en labores de investigación orientadas a la ubicación de personas requeridas por delitos graves.
