La senadora Carmen Ballester, portavoz del PP en la Comisión de Transición Ecológica, abrió el debate con un discurso de cuarenta minutos en el que desgranó cronológicamente las que calificó como «ocho fallas de gestión» durante la crisis del apagón. Ballester arrancó por la noche del 28 de abril, cuando la caída simultánea de las interconexiones con Francia y Marruecos provocó un colapso de la red eléctrica que dejó sin suministro a más de treinta y dos millones de personas durante un mínimo de tres horas y un máximo de once en las zonas rurales de Castilla y León. Según la senadora, Aagesen no activó el protocolo de emergencia energética hasta 47 minutos después de que Red Eléctrica notificase la pérdida total de sincronización, un retraso que «convirtió una incidencia técnica grave en una catástrofe nacional». Ballester exhibió en la tribuna un documento interno del Ministerio, cuya autenticidad no ha sido desmentida por el Gobierno, que muestra que la ministra estaba en una cena privada cuando se produjo la alerta y que su jefe de gabinete decidió no interrumpirla hasta las 22:17, más de media hora después del primer aviso de REE.
El segundo eje de la acusación se centró en lo que el PP denomina «sospechas de corrupción» en la política de transición energética. Ballester presentó datos del Tribunal de Cuentas que señalan irregularidades en la adjudicación de 340 millones de euros en subvenciones del Plan de Recuperación destinadas a proyectos de hidrógeno verde, un programa que el propio Ministerio calificó de «estratégico» pero cuya ejecución ha sido sistemáticamente opaca. Según la senadora, al menos 17 de las 42 empresas beneficiarias tenían vínculos directos o indirectos con exasesores del Ministerio, un patrón que describió como «puertas giratorias institucionalizadas». Aagesen rechazó las acusaciones con un escueto «son insinuaciones sin fundamento probatorio» y remitió a la fiscalía anticorrupción, que por el momento no ha abierto ninguna investigación formal.
La intervención de la ministra ante el pleno fue recibida con frialdad incluso por los bancos de la coalición de gobierno. Aagesen dedicó veinte minutos a defender su gestión del apagón, argumentando que la responsabilidad técnica recae en Red Eléctrica de España, un operador independiente del sistema cuyas decisiones operativas no están sujetas a instrucciones ministeriales.
Vox endureció el tono durante el turno de su portavoz, el senador Jacobo González de Lara, que acusó directamente a Aagesen de «mentir a los españoles» y de haber promovido una transición energética «ideológica y destructiva» que, según su argumentación, debilitó la capacidad de generación convencional del país al cerrar prematuramente centrales térmicas y nucleares sin contar con alternativas firmes. González de Lara aportó datos del informe anual de REE que muestran que la potencia firme disponible en la Península Ibérica ha descendido un 18 por ciento desde 2019, coincidiendo con el cierre de cuatro centrales térmicas de carbón y la desconexión planificada de la central nuclear de Almaraz I, prevista para noviembre de 2027. «El apagón no fue un accidente», sentenció el senador; «fue la consecuencia previsible de una política que sustituye megavatios reales por megavatios ideológicos».
El bloque gubernamental intentó desviar el foco hacia las motivaciones políticas de la moción. La senadora socialista Pilar Llop, exministra de Justicia, calificó la reprobación de «operación de desgaste electoralista» diseñada para coincidir con la recta final de la campaña andaluza del 17-M. Llop recordó que las mociones de reprobación carecen de efectos jurídicos vinculantes y que «ni una sola de las ocho anteriores ha provocado la dimisión del ministro afectado», una estadística que utilizó como prueba de la «inutilidad institucional» del instrumento. Sin embargo, la argumentación de Llop encontró un obstáculo inesperado: la senadora Maribel Mora, de Sumar, se abstuvo en la votación y justificó su posición con un comunicado en el que reconocía «déficits de transparencia en la gestión del apagón» que su grupo no podía «avalar con un voto en contra».
Las once abstenciones registradas constituyen, de hecho, la noticia dentro de la noticia. Siete de ellas corresponden a senadores de partidos nacionalistas — PNV, ERC y Junts — que tradicionalmente votan con el Gobierno en las mociones de reprobación pero que en esta ocasión optaron por una posición intermedia que sus portavoces describieron como «insatisfacción sin ruptura». Las cuatro abstenciones restantes proceden de Sumar, lo que evidencia una fractura en la coalición que Moncloa se esfuerza por minimizar. Fuentes de la vicepresidencia de Yolanda Díaz reconocieron off the record que «la gestión del apagón fue deficiente en aspectos concretos» pero insistieron en que «la reprobación es un arma política del PP, no un instrumento de rendición de cuentas».
La cronología de las reprobaciones durante esta legislatura dibuja un patrón de desgaste acumulativo que no tiene precedentes. La primera fue la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en octubre de 2024, por la gestión de la crisis migratoria en Canarias. Le siguieron las de los ministros de Defensa, Sanidad, Transportes, Educación, Igualdad, Trabajo y Justicia, cada una con motivaciones distintas pero todas aprobadas con la misma coalición PP-Vox más apoyos puntuales. Aagesen es la novena, y el dato tiene una lectura política inmediata: el Gobierno de Sánchez ha visto reprobados a más de la mitad de los miembros de su Consejo de Ministros sin que ninguno haya dimitido. La pregunta que se hacen los analistas no es ya si las reprobaciones tienen efecto jurídico — evidentemente no lo tienen —, sino si la acumulación de nueve censuras morales tiene un efecto político acumulativo sobre la percepción ciudadana del Gobierno.
Moncloa reaccionó con un comunicado escueto emitido treinta minutos después de la votación en el que calificaba la moción de «ejercicio de oposición legítimo pero vacío de contenido» y confirmaba que la ministra Aagesen «cuenta con la plena confianza del presidente del Gobierno». El comunicado añadía que «la transición ecológica es una prioridad estratégica que no se va a desviar por maniobras parlamentarias» y que «el apagón del 28 de abril está siendo investigado por una comisión técnica independiente cuyas conclusiones se conocerán antes del verano». La referencia a la comisión técnica es significativa: sus conclusiones podrían alterar el relato político si confirman o desmienten la responsabilidad ministerial directa.
El contexto del 17-M convierte esta reprobación en munición electoral inmediata. Moreno Bonilla tuiteó desde su cuenta personal a las 23:47: «Nueve reprobaciones. Nueve ministros censurados. Y ninguna dimisión. Así gobierna Sánchez. Andalucía merece otra cosa.» Montero respondió minutos después calificando la moción de «teatro parlamentario de una derecha que no tiene programa». El cruce de acusaciones, producido en plena madrugada a cuatro días de las urnas andaluzas, ilustra la imposibilidad de separar la agenda parlamentaria nacional de la contienda autonómica: cada acto político en Madrid es una bala que se dispara en Sevilla.
Para Aagesen, la reprobación tiene consecuencias prácticas limitadas pero un coste reputacional considerable. La ministra, que accedió al cargo en noviembre de 2023 tras la remodelación gubernamental posterior a las elecciones generales, había mantenido hasta ahora un perfil técnico deliberadamente bajo que la protegía de la sobreexposición mediática que ha desgastado a otros miembros del Gobierno. El apagón del 28 de abril destruyó esa estrategia de invisibilidad y la colocó en el centro de una tormenta que ya no puede esquivar. Su futuro político depende ahora de dos variables: las conclusiones de la comisión técnica y la capacidad de Sánchez para resistir la presión de una décima reprobación, que el PP ya prepara contra el ministro de Economía por la gestión del copago farmacéutico.
La sesión del Senado concluyó pasada la medianoche con un hemiciclo semivacío y un ambiente que varios senadores describieron como «agotamiento institucional». La acumulación de reprobaciones, debates de urgencia y comisiones de investigación ha convertido la actividad parlamentaria en un circuito de desgaste permanente donde la función legislativa queda relegada a un segundo plano. La paradoja es evidente: mientras el Senado dedicaba cinco horas a reprobar a una ministra, la ponencia de la ley de vivienda acumulaba su cuarto aplazamiento consecutivo y el dictamen sobre la reforma de la financiación autonómica permanecía bloqueado en la Comisión General de Comunidades Autónomas. La reprobación, en definitiva, no resuelve nada, pero ocupa el espacio donde podrían resolverse cosas.
